- Héctor Sánchez presentó el pasado lunes 14 de octubre un escrito en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía reclamando la retirada de la simbología religiosa en las aulas de su Instituto.
- El alumno ya lo había solicitado repetidamente en su centro educativo, con la negativa del equipo directivo, amparándose en un acuerdo del Consejo Escolar nulo por su incompetencia, tema en el que le ha dado la razón el Defensor del Pueblo andaluz, sin que el director haya rectificado su postura.
- Héctor tiene el apoyo de gran parte del profesorado y del alumnado, aunque aclara que mucha gente no lo hace público por miedo a represalias o a quedar señalados.
El alumno Héctor Sánchez, del IES San Roque de la localidad cordobesa de Dos Torres, lleva más de tres años denunciando la situación de ilegalidad debido a la presencia de simbología religiosa en su centro educativo. Numerosos medios de comunicación se han hecho eco de la noticia en los últimos días. El sindicato USTEA-Córdoba, que mantiene contacto con el alumno y su familia, como sindicato de carácter laico, ha denunciado esta situación ilegal a la Consejería de Educación, a su Delegación Territorial en la provincia y a la Dirección del propio centro educativo.
El sindicato, tras realizar un estudio y análisis detallado de la situación y consultando toda la normativa al respecto, concluye que no existe motivo legal alguno para que se sigan manteniendo símbolos religiosos en un centro educativo de carácter público, por lo que exige la retirada inmediata de los mismos.
Héctor y su familia sólo han encontrado trabas en estos años. Comenzaron esta andadura en el curso 2014/15 solicitando a Jefatura de Estudios del Centro que “sería adecuado la retirada de la simbología religiosa del Centro por tratarse de un Centro público”. En marzo de 2016 se reunieron con el director para volver a solicitar la retirada de esta simbología, ya que “en un espacio público y aconfesional, que no reconoce como oficial ninguna religión en concreto, no debe tener visibles estos símbolos en todas sus dependencias, situados además en sitios preferentes junto a otros símbolos de representación del Estado español, ya que no son mero mobiliario del Centro, sino que suponen una clara representación religiosa”. Fue también en 2016 cuando el Director les informó de que el Consejo Escolar del Centro había denegado la retirada de la simbología religiosa.
El propio centro educativo no les quiso facilitar el acta íntegra en la que el Consejo Escolar del Centro desestimaba su petición de la retirada de los símbolos religiosos. Tuvieron que recurrir al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que con toda lógica les dio la razón.
Convencidos de que el Consejo Escolar ya no es el órgano competente para tomar estas decisiones, sino que es la propia dirección del centro educativo, recurrieron al Defensor del Pueblo Andaluz, que emitió un exhaustivo informe en el que también se les da la razón.
Aún así, la dirección del centro se desmarca y mira para otro lado, al igual que ha hecho la propia administración educativa, ya que la familia ha apelado además de al propio Centro, al servicio de Inspección, a la Delegación territorial, a la Consejería de Educación….una larga batalla de más de tres años con todo a favor, pero sin resultado alguno, quizás debido a la incompetencia de la administración o quizás al enorme poder que sigue ejerciendo la Iglesia Católica en el ámbito de la educación pública, un poder aparentemente invisible para muchas personas, pero que se desvela descarado cuando se realiza el enfoque adecuado.
La dirección del centro educativo, basándose en la LOE y en un expediente del año 2011, sigue apelando a que es el Consejo Escolar el que debe tomar la decisión de la retirada o no de la simbología religiosa. Sin embargo, los cambios que introdujo la LOMCE en 2013 dejan sin validez los argumentos que esgrime la dirección del Centro, siendo ahora el Director el responsable de tomar la decisión respecto a la presencia o no de simbología religiosa.
Por un lado, existe normativa de ámbito internacional de aplicación en nuestro país, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 9 y la Carta Europea de Derechos Humanos. Por otro, numerosos artículos (14, 16, 20, 27…) de la propia Constitución española, o el conocido artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (“…La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica”). Además, la normativa específica en materia educativa (LOMCE) avala sobradamente las tesis de Héctor y de su familia. No es por tanto una cuestión de sentimientos religiosos ni de creencias o ideologías, se trata sencillamente de cumplir con las leyes vigentes. O como dice el propio Héctor: “las leyes lo dicen, pero es que es de sentido común”
Héctor y su familia, durante más de tres años, han dado todos los pasos necesarios y realizado los trámites oportunos para intentar que se cumpla la normativa. Son personas informadas y con conocimientos en materia educativa y legislativa, por lo que saben que las leyes los amparan.
Desde USTEA-Córdoba apoyan “la valentía y perseverancia que ha tenido Héctor, un adolescente que ofrece una lección única no sólo a sus compañeros y compañeras, sino también a ese mundo de adultos que suele mirar para otro lado cuando algo resulta incómodo“.
El sindicato termina exigiendo “como sindicato laico, la retirada inmediata de la simbología religiosa del IES San Roque, así como de todos aquellos espacios públicos (centros educativos en especial) en los que aún persista dicha simbología“.
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