El sindicato USTEA-Córdoba vuelve a manifestar su apoyo incondicional a aquellos centros educativos públicos que se están viendo afectados por la reducción de unidades, sumándose a la lucha de sus familias, profesorado, directivas, AMPAS y alumnado reafirmando su apuesta por la educación pública.

La Delegación de Educación de Córdoba se amparó en un informe estadístico para comunicar la supresión de unas 60 ó 70 unidades públicas ya en el mes de febrero, antes de que finalizaran unas jornadas de puertas abiertas gracias a las cuales, y al enorme esfuerzo llevado a cabo, numerosos centros educativos han ido dando a conocer a la sociedad cordobesa la realidad de sus centros, y animan a las familias a matricular a sus hijos en estos centros públicos. Y los resultados han sido muy positivos, lográndose un mayor número de solicitudes de matrícula que las esperadas en estos centros.

Aun así, desde USTEA denuncian que la Delegación de Córdoba, haciendo oídos sordos a la realidad de los Centros, no permite que éstos acepten las solicitudes que les han llegado y mantiene su intención de suprimir las unidades que prematuramente no autorizó. «En otras palabras, esto significa cerrar aulas de la escuela pública en las que existe una demanda social real y demostrable. La sociedad debe saber qué hay detrás de estas supresiones y cómo afecta a las familias y a la sociedad en general».

«La sociedad debe tomar conciencia de que el desmantelamiento de la educación pública es una realidad que se está llevando a cabo de manera meditada y deliberada desde hace más de una década, favoreciendo, de pleno a la educación privada concertada que, lejos de sufrir las supresiones, se ha visto beneficiada con el aumento paulatino mediante la creación de nuevas unidades durante los últimos años. Esta perversión del sistema de escolarización ha provocado que en nuestra capital existan zonas en las que ya hay más alumnos/as matriculados en centros privados concertados que, en centros públicos, y la tendencia sigue al alza con el objetivo de favorecer a los intereses de las empresas privadas de educación, que ven incrementados sus beneficios cada año gracias al dinero público», afirman desde USTEA.

Algunos ejemplos en nuestra capital son el CEIP Algafequi, que después de apostar por un proyecto educativo innovador “Algafequi NATURE”, y tras pelear duramente junto con su AMPA, ha conseguido 13 solicitudes para educación infantil, sumando un total de 21 niños y niñas entre 3, 4 y 5 años. A pesar de esta realidad, la delegación no les permite abrir una unidad nueva de infantil, impidiendo que estas familias ejerzan ese “derecho a la libre elección de centro” que se promulga una y otra vez desde la Consejería de Educación y desde la patronal de la educación. Para colmo y en este caso del CEIP Algafequi, quedaría sin matricular una niña cuyo hermano se encuentra ya escolarizado en el centro, siendo éste el primer criterio de admisión que figura en la nueva normativa sobre escolarización.

Al CEIP Caballeros de Santiago le obligan a unir para el próximo curso a primero (8 alumnos/as) y segundo de primaria (7 alumnos/as), aun habiendo tres solicitudes de primero y dos de segundo, lo que obliga a la administración a separar los cursos según la normativa vigente. Aun así, la Delegación de educación no permite que se oferten esas vacantes, dejando que el centro continúe perdiendo unidades y teniendo que reubicar al alumnado solicitante en otros centros de la zona que no han elegido.

El CEIP Juan de Mena también pierde una unidad de infantil de tres años, y deja a muchas familias del barrio abocadas a no poder elegirlo como segunda opción ya que es un centro que siempre ha acogido casi un aula completa de esta forma.

Tal y como USTEA viene observando, la lista de este desaguisado se alarga conforme se van revelando los datos: el CEIP Joaquín Tena Artigas pierde una unidad de infantil de 4 años y otra de 3º de primaria, el CEIP Concepción Arenal pierde una unidad de tres años (impidiendo matricular a 9 familias que lo han solicitado), el CEIP Hernán Ruiz sufrirá la eliminación de una unidad de 1ª de educación primaria y otra de infantil de 3 años (en este sangrante caso con nada menos que 16 solicitudes), el CEIP Alfonso Churruca pierde una unidad, al igual que el CEIP Castillo Anzur de Puente Genil que pierde otra teniendo 9 solicitudes. En Torrecampo, el CEIP Ntra Sra de las Veredas pierde dos unidades (una de primaria y otra de ESO) y en el CEIP J. Antonio Valenzuela queda una sola unidad de 2º de ESO a 35 alumnos/as, incurriendo en este caso en una ratio claramente ilegal. En el CPR Blas Infante de Llanos de Don Juan y Zambra, suprimen una unidad de primer ciclo, y en la Escuela de Artes Dionisio Ortiz de nuestra capital se suprimen dos unidades de Bachillerato de Artes, una de 1º y otra de 2º de bachillerato….»la lista es interminable sólo con un primer sondeo superficial, adelanto de una situación para el próximo curso que de nuevo podemos calificar ya como demoledora para la Enseñanza Pública, a la vez que esperanzadora, por los beneficios que genera, para la empresa privada».

Estos centros junto con otros en las mismas condiciones, se unen el día 25 para decirle a la administración que no van a permitir este atentado contra la escuela pública, a lo cual se suman también USTEA. «La pérdida de unidades no puede concentrarse únicamente en los centros públicos, mientras se blinda tan descaradamente al sistema privado concertado, como es el caso del Colegio Diocesano Jesús Nazareno que con 19 solicitudes mantiene dos unidades».

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