Muchas veces, cuando queremos referirnos a la pérdida de derechos de un determinado colectivo lo hacemos diciendo que son “ciudadanos de segunda”. Mucho podríamos hablar sobre esta expresión; por ejemplo, podíamos discernir sobre si el término “ciudadanos” es el más adecuado para hablar de derechos o conquistas sociales perdidas. ¿El estatus social, con los privilegios que puede conllevar, se conquista o se pierde por ser ciudadanos o por pertenecer a una determinada clase social?
Está claro que podríamos hablar mucho del tema, pero este no es el objetivo de este artículo. Me gustaría hablar de un conflicto, prolongado ya durante años, pero que ha tenido su máxima expresión pública durante el último mes y medio. Un conflicto que afecta a quienes podríamos calificar fácilmente como andaluces inexistentes. Trabajan, cotizan, comen, viven en definitiva en Andalucía y ayudan a su desarrollo, pero no tienen un techo digno bajo el que habitar. Bueno, para ser exactos, ahora no tienen techo ni siquiera poco digno. Vamos, que no tienen techo.
El pasado 14 de octubre saltaba a la prensa la noticia de un nuevo incendio, no era el primero, en el mayor asentamiento chabolista de inmigrantes en Lepe. A pesar de no ser el único existente, ya que hay núcleos de chabolas más pequeños diseminados por el término municipal, este asentamiento destacaba por su magnitud (capacidad para unas 1.000 personas que allí vivían durante la campaña de la fresa) y por estar situado junto a la mayor vía de comunicación del pueblo y frente a un centro comercial, donde encontramos grandes cadenas como Mercadona, Decathlon o Leroy Merlín. Desde luego no debía de ser muy comercial ni adecuado a los intereses de estas cadenas que su clientela saliera con su carrito del supermercado o con su nueva equipación deportiva y se topase, día tras día, con la vida real ejemplarizada en las chabolas a escasos 50 metros. Desde que el centro comercial empezó a funcionar, era lógico pensar que el asentamiento tenía los días contados. Y así fue: tras este último incendio, el ayuntamiento de Lepe se preocupó de alambrar la zona rápidamente para evitar que se volviesen a levantar allí chabolas como ya había ocurrido otras veces.
Quienes vivían en esas chabolas, y quienes lo siguen haciendo en otras existentes en todos los pueblos de Huelva dedicados a la explotación agrícola de los frutos rojos, son casi en su totalidad subsaharianos y negros. Viven en estas condiciones porque no encuentran pisos de alquiler que pagarían gustosamente como reflejan continuamente en sus reivindicaciones. Quieren pagar un alquiler, como cualquier trabajador o trabajadora, no piden caridad y bajo ningún concepto quieren que se confunda a la opinión pública haciéndonos creer que viven de los servicios sociales, mensaje tan bien utilizado por la derecha extrema y no tan extrema. La mayoría trabaja y vive aquí desde hace años y tiene su situación totalmente legalizada. Tienen “papeles”, trabajo, medios de vida, pero no tienen casa. Existen a medias o, más bien, existen sin realmente existir. Viven entre nosotros pero parece que no los vemos. Solo tienen entidad para realizar largas jornadas de trabajo recogiendo fresas, naranjas, frambuesas o arándanos, actividades que generan una lluvia de millones a las empresas del sector.
No se podría entender el desarrollo de un pueblo como Lepe sin la mano de obra inmigrante. El empresariado de Lepe los contrata porque los necesita, pero ni ellos ni las administraciones públicas se preocupan de garantizarles unas mínimas condiciones de habitabilidad. Un problema social de primer orden que se invisibiliza pero que, como cualquier situación social discriminatoria, termina estallando tarde o temprano. Ya hemos visto algo de esto en los últimos días.
Quienes hemos asistido el pasado 1 de diciembre a la manifestación andalucista convocada en Córdoba por la plataforma Andalucía Viva nos hemos encontrado un grupo de subsaharianos portando una pancarta en la que se podía leer “Todas las personas somos iguales. Exigimos un techo digno”. Llevaban la pancarta con las banderas andaluzas colgando de sus espaldas, queriéndonos recordar su realidad de andaluces inexistentes.
Pero hay algo que para mí destacaba sobre todo lo que podíamos leer en esa pancarta y era que estaba firmada como Colectivo De Trabajadores Africanos (CTA). Hay aquí una toma de conciencia de la necesidad de organizarse en un colectivo propio, un avance muy significativo en la asimilación de que deben ser ellos quienes luchen por sus intereses y quienes den expresión pública a su problemática. Ello no impide que muchos andaluces y andaluzas podamos y debamos acompañarles en su lucha.
Mirar para otro lado en lo que a la explotación y las injusticias se refiere no anula el problema; no querer verlo no quiere decir que no exista y, es más, da entrada en el escenario a los monstruos. Es muy destacable que en un pueblo como Lepe, con una necesidad tan grande de mano de obra inmigrante, con una población extranjera muy numerosa y con la que la población autóctona convive desde hace años sin que haya existido ningún problema destacable, que en un pueblo así VOX haya quedado como primera fuerza política en las pasadas elecciones generales. Esto debería hacernos reflexionar sobre muchas cosas.
Solo creando tejido social,y este Colectivo De Trabajadores Africanos es un buen ejemplo de ello, vamos a parar el avance de la extrema derecha. Hay que ponerse manos a la obra.
Autoría: Floren Ramírez. Activista social y anticapitalista.
Fuente: Portal de Andalucía.
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