La parlamentaria de Adelante Andalucía, Luzmarina Dorado, ha denunciado que las condiciones básicas de seguridad de los trabajadores de Emergia siguen sin estar garantizadas a pesar de que la empresa cuenta ya con varias denuncias en la Inspección de Trabajo y de que, hasta la fecha, se han detectado al menos tres casos positivos de empleados contagiados por el Covid-19.

Desde Adelante Andalucía consideran que se trata de una situación especialmente grave debido a la vulneración reiterada de las medidas de higiene y protección básica necesarias para preservar la salud de los empleados, así como a la situación general de desinformación a la que se ven sometidos los trabajadores como consecuencia de la ausencia de protocolos básicos de actuación y prevención en el entorno laboral.

Así, Dorado ha explicado que los equipos de trabajo de los asesores son de uso colectivo y que, a priori, las labores de desinfección corresponden a una empresa externa aunque, en la práctica, Emergia está delegando parte de la responsabilidad de limpieza de los equipos sobre los propios trabajadores. “Nos hemos encontrado con la sonrojante situación de los asesores tienen que usar toallitas como material desinfectante para limpiar ellos mismos, sin guantes ni mascarillas, los equipos y su puesto de atención”.

Asimismo, la parlamentaria ha criticado que las medidas de teletrabajo puestas en marcha por la empresa “llegan tarde” y ha advertido sobre el déficit de infraestructuras para garantizar su correcto desarrollo. “Actualmente las plataformas siguen abiertas y, aunque la empresa ha potenciado el teletrabajo y parte de la plantilla ya trabaja desde casa, sigue habiendo personal que, por carencia de medios y ante la falta de soluciones por parte de Emergia, se sigue viendo obligado a tener que acudir a su puesto de trabajo de manera presencial. Además, al margen de los servicios mínimos de recepción de llamadas, se siguen ejerciendo funciones no esenciales”.

Dorado ha subrayado que el sector de los ‘call centers’ y las empresas de telemárketing está siendo uno de los más golpeados por esta crisis y ha aclarado que más del 35% del total de las denuncias recibidas por la formación procede de este ámbito. En consecuencia, la parlamentaria ha querido destacar la implicación del SAT con los trabajadores de Emergia en lo que está siendo “una labor de denuncia y seguimiento imprescindible en una situación que está siendo dura y difícil para muchos trabajadores”.

Asimismo, desde Adelante Andalucía han agradecido la labor de denuncia “a todos los sindicatos que se están implicando con los trabajadores de telemárketing, como CGT, así como en ayuda a domicilio, construcción, hostelería, en definitiva, muchos sectores especialmente vulnerables que soportan con esfuerzo la pesada carga que está suponiendo la pandemia de Covid-19”.

Adelante Andalucía exige que el Ayuntamiento de Córdoba cobre el IBI a la Iglesia

Por otro lado, Luzmarina Dorado, en nombre de su formación, ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba que siga el ejemplo de Cádiz y emita el cobro del IBI a los bienes de la Iglesia que no estén destinados al culto o la enseñanza. “Hablamos de más de 400 propiedades en concepto de viviendas, locales, garajes, solares, edificios o fincas que no tienen relación directa con la práctica religiosa y cuyo gravamen fiscal permitiría recaudar en torno a 1 millón de euros que podrán utilizarse para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y para intentar minimizar sus efectos económicos y sociales”.

Desde Adelante Andalucía consideran que en este contexto de crisis sanitaria, pero también económica y social, “todos los estamentos e instituciones tienen que arrimar el hombro para que, de manera comunitaria, podamos salir adelante sin dejar a absolutamente nadie atrás”. En esta línea, Dorado ha explicado que también la Iglesia “tiene que implicarse y compartir la carga que, desde todos los sectores sociales, se está asumiendo de forma ejemplar para llegar donde no llegan los estados ni los mercados y paliar una de las mayores crisis que ha vivido Andalucía y el conjunto de nuestro país”.

Por eso, la parlamentaria cree que se trata de una medida “de sentido común” que hay que poner en marcha “por responsabilidad, coherencia y solidaridad con la ciudadanía”, sobre todo cuando hablamos de una institución, la Iglesia, “que en 2019, y a falta del dato oficial, porque el Cabildo no lo publica, ha percibido un montante que oscila entre 18 y 20 millones de euros exclusivamente derivados de la recaudación por el acceso a la Mezquita, un edificio inmatriculado, enclave identitario fundamental y principal reclamo turístico de la ciudad, cuyos ingresos específicos no declara y por los que está exenta de la tributación de IVA y del Impuesto de Sociedades”.

Para Dorado, “el anacronismo que supone que a día de hoy la religión católica siga teniendo privilegios es una realidad que empeora la calidad democrática de nuestro país”, por eso “aplaudimos medidas como las del Ayuntamiento de Cádiz e instamos al Ayuntamiento de Córdoba a seguir su ejemplo en una situación de excepcionalidad que, además de una crisis sanitaria, social y económica, está tornando hacia una crisis de desconfianza en un sistema que no llega a atender a todos sus ciudadanos y vecinos”.

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