Reproducimos la nota de prensa enviada a nuestra redacción por Adelante Andalucía sobre su balance de los 100 primeros días del gobierno andaluz de PP y Ciudadanos con el apoyo del partido ultraderechista Vox:

Las parlamentarias cordobesas de Adelante Andalucía coinciden en que las medidas adoptadas por el actual gobierno autonómico en materia fiscal y de género suponen un retroceso social y democrático para la ciudadanía andaluza.

 

Bajo el paraguas de la implantación de nuevas políticas liberales de cambio, el gobierno de la Junta de Andalucía ha plasmado, durante sus primeros meses al frente en San Telmo, el signo de una línea política que se aleja de las necesidades y demandas reales de los andaluces y las andaluzas de cara a los próximos cuatro años.

 

Bajada de impuestos

 

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Ejecutivo apenas cien días después de su aterrizaje en la presidencia de la Junta de Andalucía ha quedado estrechamente vinculada a la rebaja fiscal que el Partido Popular ya adelantó en campaña y que supondrá para las arcas públicas una pérdida de más de 40 millones de euros al año.

 

La aprobación de este paquete de medidas trae consigo la bonificación en un 99% de en el impuesto de sucesiones a partir de un millón de euros, cuya aplicación afecta a 1 de cada 100 herederos y prácticamente lo suprime de facto, la reducción de la contribución de las donaciones hasta el 1%, o la disminución en tres puntos del tramo autonómico sobre el IRPF. “Todas estas medidas no son sino un nuevo guiño del gobierno de la Junta a los más ricos porque, por ejemplo, en lo que al IRPF se refiere, la reforma supone un ahorro que gira en torno al 2% para las rentas inferiores a 30.000 euros (6 euros al mes), mientras que cuando esos ingresos superan los 42.000 euros el ahorro asciende exponencialmente (300 euros al mes) llegando a duplicar, triplicar e incluso cuadruplicar porcentualmente al de las rentas más bajas”, ha aclarado Naranjo.

 

Otra de las consecuencias de la implantación de este tipo de medidas fiscales regresivas que empañan los principios de igualdad y progresividad recogidos en el artículo 31 de la Constitución española ha sido, tal y como explica Dorado, “la pérdida de capacidad económica y, por ende, de capacidad de gestión conforme al mantenimiento de servicios públicos como la sanidad, la educación, o la atención a la dependencia”.

 

En este sentido, el beneficio que estas reformas arrojan a las rentas más elevadas, con la consecuente reducción de aporte fiscal, en suma con otras políticas puestas en marcha también por Partido Popular y Ciudadanos, tales como el aumento del coste de la plaza escolar en educación infantil, que traerá consigo un incremento de 14 euros por alumno de cara al curso próximo y, con ello, un incremento del coste público en Educación para todos los ciudadanos andaluces, o la eliminación de las listas de espera, impulsada por el consejero Aguirre con un coste total de 25 millones de euros de dinero público que irá a parar a convenios con empresas privadas que engrosan el déficit sanitario estructural andaluz, desembocan irremediablemente en un balance negativo y a todas luces perjudicial para la mayoría social de nuestra tierra.

 

Violencia de Género

 

La cesión de la Junta de Andalucía a la reclamación ante la Mesa del Parlamento de Francisco Serrano, líder andaluz de Vox, en relación al acceso del partido de extrema derecha, abiertamente posicionado en contra del movimiento feminista y a favor de la derogación de la Ley de Violencia de Género, a los datos relativos a las personas que trabajan en las UVIVG y en los Equipos de Familia evidencia, según Dorado, “una continuidad en la amenaza y el ya baqueteado menoscabo de esta formación a una de las mayores luchas de base y de mayor calado social en la actualidad, que asienta sus cimientos en la solidez de la transversalidad de su causa. Todo, en un intento de señalar y arrinconar a las personas que prestan su ayuda a mujeres víctimas de violencia machista”.

 

Al margen del posicionamiento político, la repercusión real del trasvase de datos excede la mera simbología ideológica y sitúa a la mujer bajo la sombra de un agravio que puede alcanzar consecuencias tan severas como la inseguridad jurídica. Estos hechos, afirma Naranjo, “llaman aún más a la tristeza cuando se desarrollan en connivencia con mujeres como Rocío Ruiz, consejera de Igualdad y responsable directa de la cesión de la información”. A este respecto, para las parlamentarias cordobesas de Adelante Andalucía “resulta alarmante pensar que bajo la sombra de ese feminismo liberal que abandera Ciudadanos impera la erosión de los derechos de las mujeres andaluzas, abandonadas frente una la violencia estructural que materializa un evidente retroceso que trasgrede la lógica democrática y menoscaba derechos básicos que la lucha feminista ha ido conquistando con el paso de los años”.