Desde hace años la sociedad civil, la academia e incluso algunos organismos oficiales realizan el esfuerzo de medir y analizar la pobreza y la exclusión social, indagando en sus causas e incluso, los más osados, tratando de apuntar propuestas para su erradicación. También se alumbran nuevas metodologías y baremos que permitan abordar esta realidad poliédrica con un enfoque holístico. Sin embargo, cuando se hacen públicos de forma periódica estos datos, normalmente coincidiendo con algún día internacional conmemorativo, nos encontramos con una creciente indiferencia social, aunque los medios de comunicación generalistas se suelen hacer eco de ellos en ese contexto. Lo anterior nos lleva a preguntarnos, especialmente a los colectivos de la sociedad civil, si vale la pena dedicar una parte relevante de unos recursos endémicamente escasos a esta línea de trabajo.
En una tesitura parecida nos hemos encontrado las entidades cordobesas que formamos parte de la EAPN (Red europea contra la pobreza) la pasada semana. Presentamos en rueda de prensa, con motivo del Día internacional contra la pobreza, el 12º Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía, donde una vez más se da cuenta de unas cifras demoledoras: el 38,7% de la población andaluza se encuentra en situación de exclusión social (tasa AROPE), la tasa de pobreza alcanza el 32,3% y la pobreza severa llega al 15,9% de la ciudadanía de Andalucía. La cobertura de los medios de la provincia fue amplia, pero, tal como hemos señalado, la experiencia nos hace dudar sobre si la acción será una herramienta adecuada para la sensibilización de los/as cordobeses/as y la incidencia política sobre las administraciones públicas competentes.
A pesar de lo expuesto, entendemos que más que nunca es imprescindible seguir generando una información seria y fundamentada frente al “tsunami” de noticias falsas diseminadas por la ultraderecha y sus altavoces mediáticos que alimentan a la aporofobia, el racismo, la xenofobia y el resto de manifestaciones de la discriminación. Debemos repensar nuestra estrategia comunicativa, diseñar nuevos instrumentos de sensibilización, pero nunca abandonar la “batalla del relato”, ya que en ella las fuerzas político-mediáticas no democráticas están llevando claramente la iniciativa. Veamos algunos ejemplos.
Hay representantes políticos que no permiten que las tozudas cifras sobre pobreza y exclusión le estropeen una rueda de prensa. En marzo de este año, Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, cuestionó un informe de Cáritas que situaba la tasa de exclusión en su región en el 22% cuando fue preguntado por ello, ya que él no veía pobres por la calle… Tenemos que tener el suficiente arsenal argumental y estadístico para rebatir estos discursos de invisibilización de la pobreza, demostrando que es bien real y consecuencia de decisiones políticas concretas.
Desde hace un par de años hay una intensa campaña que está haciendo calar en la opinión pública que el principal problema de la vivienda en España es la ocupación, aunque las cifras claramente muestren lo contrario. El culmen del esperpento en este tema lo hemos presenciado cuando el ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona), gobernado por la derecha nacionalista catalana, ha contratado con dinero público a una empresa de “desocupación” liderada por un conocido neonazi como medida disuasoria contra las “mafias de la ocupación”, aunque su alcalde ha reconocido que en ese municipio no ha habido ninguna incidencia de este tipo hasta la fecha. Lejos de esa artificial alarma, la realidad en materia de vivienda la encontramos en la falta de una política de vivienda pública digna de ese nombre y en el drama de los desahucios. Acudiendo a nuestro entorno más cercano, el pasado año 2021 hubo en la provincia de Córdoba 332 desahucios hipotecarios y arrendatarios y casi 28.000 solicitudes de vivienda protegida (12º informe EAPN), mientras que en la capital cordobesa llevamos tres décadas sin que construya vivienda social.
Por último, la manifestación más grave de esta manipulación político-mediática es la criminalización de la pobreza, siendo la población de origen migrante uno de los colectivos vulnerables más afectado. Hace uno días hemos presenciado el inaceptable bulo lanzado en un acto del partido ultraderechista VOX en Valencia nada menos que por un inspector jefe de la Policía Nacional, que afirmó que la inmigración irregular es sinónimo de delincuencia y que la práctica totalidad de los detenidos por la policía son extranjeros Como el propio INE certifica, el 70% de los actos delictivos en España son cometidos por personas españolas. Es más, precisamente las personas extranjeras son las principales víctimas de infracciones penales especialmente graves, como son los delitos de odio: el 37% de estos delitos en el año 2021 tuvieron motivaciones racistas y/o xenófobas, y casi el 35% de las víctimas de todo tipo de delitos de odio (no solo los racistas o xenófobos) fueron extranjeras, triplicando su peso poblacional (“Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2021”)
Concluimos reiterando que, aunque sea complejo ver resultados directos e inmediatos, la sociedad civil no puede abandonar este ámbito de trabajo. Los enemigos de una sociedad democrática avanzada justa e igualitaria saben de la importancia de imponer su “relato” a la opinión pública, es imprescindible confrontarlo con datos, argumentos y una reflexión autocrítica que alumbre nuevas iniciativas comunicativas más eficaces.
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