Sonia Montaño

Cerca de 1000 personas se manifestaron ayer por las calles del centro de Córdoba en una manifestación convocada por la plataforma ciudadana 15M Stop Desahucios en protesta contra el sistema mercantilista que impide poder acceder a una vivienda de una manera digna.

La manifestación, convocada a las siete de la tarde, se inició en el Quiosco de la Música, cruzó el Paseo de la Victoria, y recorrió las calles del centro como Gondomar, pasó por Tendillas y bajó por Claudio Marcelo para finalizar el recorrido en Capitulares.

Entre los manifestantes, un amplio abanico de gente de todas las edades, pero sobre todo, destacaban los grupos de gente joven, movilizados por las serias dificultades que tienen de poder acceder a una vivienda, “imposible poder alquilar a precios asequibles, no nos podemos independizar o compartimos piso con amigos o es imposible irse de casa, y lo de pensar en comprar una vivienda ya ni nos lo planteamos”, comentaban unas chicas a las que les preguntamos qué les había hecho asistir a la manifestación.

En torno a las nueve de la noche, el recorrido llega a su fin con la lectura de un manifiesto frente al Ayuntamiento en Capitulares. El mensaje por parte de Stop Desahucios era claro, “mientras la vivienda se siga considerando un bien de mercado estaremos en la calle luchando” comentaba una de las portavoces de la Plataforma, Rocío López. En este sentido la Plataforma 15M Stop Desahucios no sólo quería poner el foco de atención en la realidad de la última década de los miles de desahucios que se están produciendo por ejecución hipotecaria sino también en los que se están produciendo por alquileres que han llegado a duplicar a los primeros, los fondos buitres que están tensionando el mercado inmobiliario y provocando fenómenos como la turistificación.

Stop Desahucios también quiere marcar en la agenda política y social los múltiples efectos que provoca esa especulación inmobiliaria en los sectores más vulnerables de la población, que se ven gravemente afectados como son las personas racializadas, las mujeres víctimas de violencia de género y la población juvenil. El racismo, la especial precariedad laboral y aislamiento social que viven las personas migrantes racializadas a a la hora de intentar conseguir una vivienda. “Ya está bien de criminalizar la pobreza, pobreza no es igual a delincuencia” decían en su manifiesto final. Las mujeres víctimas de violencia de género también se ven afectadas por la falta de vivienda pública que dificulta que se pueda cumplir con la ley contra la violencia de género, según la cual, estas mujeres deben tener prioridad de acceso a vivienda social.
El reto de la gente joven en conseguir una vivienda de alquiler a un precio asequible se ha convertido en algo prácticamente imposible.

Por último, mencionaron a las administraciones “quienes se tienen que poner las pilas” y a la que reclamaron más medidas para ampliar de manera urgente el parque de vivienda pública y a quienes reclamaron la ampliación de la moratoria antidesahucios, a la que consideran “un parche” pero que sin ella advierten de un preocupante aumento de la morosidad y de los desahucios por alquiler. Finalmente señalaron al Ayuntamiento de Córdoba quien ha ido desmantelando recursos como la Oficina de la Vivienda, “nuestro Ayuntamiento debe tomar medidas para ayudar a garantizar el derecho a la vivienda, ya que tiene competencias y recursos para poder hacerlo, solo es necesaria la voluntad política para poder hacerlo” decían, “debe frenar la turistificación de nuestro casco histórico, explotado para un uso turístico especulativo que está influyendo en la subida de precios que afectan a toda la ciudad”.

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