El hecho fue llevado ante el Parlamento Andaluz por José Manuel Gómez, Jurado de Por Andalucía, donde la consejera de Salud del Gobierno de Juanma Moreno, se comprometió a tomar medidas si la empresa Transportes Sanitarios del Sur de Córdoba, no pagaba las nóminas antes del día 3 de marzo. A lo mismo se comprometió el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, en presencia de la delegada de Salud María José Botella.

Según informa la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), el día 3 no han pagado y las medidas aún no se han anunciado. Pero el problema que el sindicato destaca no es ya las medidas sancionadoras que pueda adoptar la Junta de Andalucía. El problema es las decisiones que el Gobierno de Juanma Moreno debe de adoptar para que estos trabajadores cobren sus nóminas, y que los pacientes sean atendidos debidamente.

El sindicato andaluz expone que en una empresa subcontratada por la Junta de Andalucía que lleva desde el mes de enero del año 2024, retrasándose en los pagos a sus empleados, hasta que los trabajadores se ponen en huelga, nadie se ha enterado de que estos no están cobrando sus nóminas. CTA afirma que esto significa que la Junta de Andalucía no está exigiendo el certificado de pagos a los trabajadores y a la Seguridad Social, y que, al no tener control sobre esa cuestión, la empresa se ve libre de hacer lo que en ningún estado de derecho debe ser posible.

Según testimonios de los propios trabajadores, esta empresa está desviando servicios de ambulancias que están asignados al Transporte sanitario de los hospitales de Montilla y Puente Genil, a servicios de mutuas privadas, y de eso tampoco se han enterado las autoridades de la Junta de Andalucía.

Pero ¿Qué solución tiene la Junta de Andalucía? Ninguna, alerta CTA, porque «esta empresa se va en agosto y lo que está intentando es pagar lo menos posible para llevárselo, como se suele decir en andaluz, crudo». La solución la tiene Juanma Moreno en su mano, afirma el sindicato, que piensa que el presidente debería absorber a estos trabajadores al Servicio Andaluz de Salud, además de dejar de pagarle a la empresa por incumplimiento grave del contrato mercantil con la Junta de Andalucía y aprovechar ese dinero para pagarle a los trabajadores. Por último, piden que no le devuelva la garantía depositada por la empresa y que la inhabilite para la prestación de servicios públicos.

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