La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha enviado formalmente una carta a todos los grupos políticos del Parlamento Europeo y le ha remitido el Informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur. Las fronteras internas de Andalucía: vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería‘. En dicho informe se documenta rigurosamente las condiciones de vida que experimentan miles de trabajadores y trabajadoras migrantes, quienes constituyen una mano de obra imprescindible para una industria agroalimentaria que ha convertido a los invernaderos andaluces en la huerta de Europa. Hace escasamente dos semanas el contenido del documento fue transmitido a aquellos grupos y partidos políticos que participaron en un encuentro organizado por Ecologistas en Acción junto a otras entidades y colectivos que denuncian la situación que se vive en los invernaderos de Huelva y Almería.

La entidad hizo público el pasado mes de enero su Informe Frontera Sur 2025, un trabajo de campo elaborado a lo largo de 2024 y que documenta la crítica situación en la que viven miles de personas migrantes trabajadoras del campo en los asentamientos chabolistas de las provincias de Almería y Huelva. La investigación, que se nutre de datos que son fruto de más de una década de trabajo en el terreno, se centra en las condiciones de vida, las respuestas institucionales y las consecuencias de un modelo agroindustrial que se sostiene sobre la vulneración sistemática de los derechos humanos.

Durante la investigación se desarrollaron tres líneas de análisis: entrevistas a personas que habitan en los asentamientos, diálogos con organizaciones sociales que intervienen en el territorio y entrevistas a representantes de la administración pública. Los resultados revelan una gestión institucional marcada por la opacidad, la falta de transparencia en los datos, la ausencia de soluciones habitacionales (incluso en casos de desalojos con menores) y una gestión ineficaz que vulnera el acceso a derechos fundamentales como el empadronamiento y el acceso a la tarjeta sanitaria. La APDHA subraya que la administración pública no solo es conocedora de la situación, sino que la permite y delega su responsabilidad en organizaciones no gubernamentales a través de infrafinanciación limitada y temporal. Además, se ha podido constatar cómo, una vez finalizado el periodo de financiación, cesa la intervención y se perpetúa así un ciclo de abandono institucional.

Las personas migrantes trabajan bajo el plástico y viven bajo el plástico, sin acceso a agua potable, electricidad, saneamiento ni condiciones laborales dignas. Uno de los aspectos más alarmantes es el uso de envases de agroquímicos para almacenar agua de uso doméstico, lo que supone un grave riesgo para la salud. Además, la administración actúa activamente para cortar el acceso a fuentes de agua cuando estas son identificadas. Otro eje de vulneración es el derecho al empadronamiento. A pesar de estar legalmente reconocido incluso para quienes viven en infraviviendas, las administraciones locales niegan este derecho sistemáticamente, dificultando así el acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación o la regularización administrativa. En su lugar, se ha normalizado la compraventa de empadronamientos, una práctica conocida por los ayuntamientos.

La APDHA también vincula esta situación con las políticas migratorias europeas y los acuerdos internacionales de externalización de fronteras, como el suscrito entre España y Marruecos, que dificultan el acceso seguro al territorio europeo, obligan a las personas migrantes a utilizar rutas cada vez más peligrosas, y una vez dentro, las condenan a la precariedad y la explotación laboral.

La organización reclama con urgencia un debate político y jurídico a nivel europeo sobre una normativa comunitaria que respete los derechos humanos de las personas migradas y trabajadoras en la industria agrícola. La producción agroindustrial española abastece a buena parte de Europa, por lo que el problema debe abordarse desde una responsabilidad colectiva. Como señalan algunas de las personas entrevistadas por APDHA: «No pedimos caridad, pedimos dignidad, vivienda, sanidad, derechos laborales, y que no nos traten como animales. Somos quienes llenamos de alimentos las mesas de Europa«.

Finalmente, la APDHA alerta del elevadísimo coste real de los alimentos producidos en este modelo: un precio que se mide en destrucción medioambiental y en la vulneración sistemática de los derechos humanos de quienes trabajan en el campo. El informe completo, con datos, testimonios y propuestas concretas, está disponible en la página web oficial de la APDHA.

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