La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha valorado hoy la reforma del Reglamento de Extranjería que ayer anunció Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España. Aunque la entidad andaluza valora positivamente que esta reforma pueda servir para que muchas personas migrantes en situación administrativa irregular puedan por fin regularizar su situación y acceder a derechos que tenían vedados, denuncia que la reforma anunciada por el Gobierno «se realiza en base a criterios utilitaristas y mercantilistas«. La entidad andaluza alerta además de «la situación de desprotección en la que pueden quedar todas aquellas personas que renunciaron al procedimiento de protección internacional para pedir el arraigo de segunda oportunidad», ya que, al no entrar en vigor la reforma del reglamento hasta mayo de 2025, estas personas «están condenadas a no poder trabajar y a permanecer en situación de irregularidad».

Pro Derechos Humanos de Andalucía señala que, «a pesar de que el propio Gobierno afirma que esta reforma se ha hecho a través del diálogo con más de 120 actores, incluidas ONGs, la realidad es que el nuevo texto parece responder más bien a las necesidades de empresas vinculadas a la hostelería y a la industria agroalimentaria, que necesitan mano de obra para empleos en condiciones de precariedad».

En este sentido, la APDHA, que actualmente centra su Informe Frontera Sur 2025 en la realidad que se vive en los asentamientos de trabajadores y trabajadoras migrantes ubicados en Huelva y Almería, explica que «en ambas provincias andaluzas la industria agroalimentaria requiere de grandes cantidades de mano de obra, imprescindible para el desarrollo de una actividad que genera ingentes beneficios económicos, a pesar de lo cual se siguen vulnerando sistemáticamente los derechos humanos y laborales de este colectivo, independientemente de que su situación administrativa sea regular o irregular». Tal y como señalan desde la entidad andaluza, «ni los propietarios de las explotaciones agrícolas ni los municipios donde estas se ubican proporcionan a estas personas un alojamiento digno, por lo que se ven obligadas a vivir en infraviviendas, sin suministro de agua y electricidad y en unas condiciones de insalubridad y máxima vulnerabilidad».

No obstante, y «aunque esta reforma parece realizarse a petición de la patronal hostelera y de los propietarios de explotaciones agrícolas, APDHA espera que la misma sirva para mejorar las condiciones de vida y la situación de muchas personas migrantes que, por encontrarse en situación administrativa irregular, veían cotidianamente vulnerados sus derechos más elementales». Aún así, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sigue «apostando por la Iniciativa Legislativa Popular que, estando en proceso de tramitación y contando con la firma y el apoyo de más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, permitiría garantizar los derechos de más de 500.000 personas que actualmente se encuentran en situación administrativa irregular en el territorio del Estado español».

APDHA sigue reclamando «una política migratoria que ponga en el centro el respeto a los Derechos Humanos» y denuncia que «las políticas de externalización de fronteras, que hacen recaer el control de las rutas migratorias a países que vulneran los derechos más elementales, están causando miles de muertes y están convirtiendo el Mediterráneo en una fosa común para quienes huyen de la guerra, la violencia o la miseria».

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