La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha convocado movilizaciones en diferentes municipios andaluces para denunciar que “miles de andaluces y andaluzas están viendo vulnerado su derecho a acceder a una vivienda digna y asequible”. En 2023, según los datos del CGPJ, Andalucía fue el territorio en el que, con 4.451 lanzamientos judiciales, más desahucios se produjeron en todo el Estado español. Según estas cifras, en Andalucía se producen 11 desahucios diarios, de los que un 72% corresponden a alquileres. Y, mientras los precios de los arrendamientos suben alarmantemente y proliferan más pisos turísticos, tal y como recoge el ‘Informe sobre la situación de la vivienda en Andalucía elaborado por la Red de Conflictos Urbanos, “entre 2017 y 2022 la Junta de Andalucía apenas ha construido un total de 100 viviendas protegidas en todo el territorio andaluz”.
APDHA entiende que “se está produciendo una grave vulneración del derecho a una vivienda digna que, a pesar de que dicho derecho está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución española y en el propio Estatuto andaluz”. La entidad andaluza registrará esta misma semana una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar como tanto la Junta como el grueso de los ayuntamientos de Andalucía están incumpliendo sus obligaciones para garantizar que el acceso a una vivienda digna sea una realidad para los andaluces y andaluzas.
Pro Derechos Humanos recuerda que “la renta media andaluza por hogar apenas supone un 86% de la media española” y que “los barrios y municipios más pobres de todo el Estado español se concentran en Andalucía”. A pesar de ello, “nuestros gobernantes no sólo no han puesto en marcha medidas destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna, sino que han favorecido los intereses de grandes especuladores que están obteniendo enormes beneficios económicos a costa de los andaluces y andaluzas”. APDHA denuncia que “el decreto sobre viviendas turísticas de la Junta de Andalucía es una alfombra roja para los fondos buitres que están acaparando una inmensa cantidad de viviendas en las principales ciudades andaluzas así como en los municipios de la costa”.
APDHA cree que “los gobernantes andaluces tienen herramientas para paliar y poner solución a esta realidad” y apunta hacia la regulación de límites al precio del alquiler, a una moratoria sobre viviendas turísticas y, sobre todo y fundamentalmente, «a la creación de un parque público de viviendas en régimen de alquiler social a partir incluso de la expropiación del gran stock que están acaparando grandes tenedores y fondos buitre”. La entidad andaluza denuncia igualmente “la falta de medidas eficaces para poner fin a realidades como la de las infraviviendas o la de los denominados pisos-cárcel, viviendas antiguas sin ascensor ni una accesibilidad adecuada y en las que personas de edad avanzada o con discapacidad viven prácticamente presas”.
Por otra parte, “la situación se está volviendo más difícil para muchos de nuestros vecinos y vecinas como consecuencia de los procesos de turistificación”. APDHA explica que “el modelo productivo impulsado por nuestros gobernantes, con una apuesta clara por un turismo desenfrenado, está provocando que numerosos trabajadores y trabajadoras, incluso teniendo un salario fijo, pueden acceder a una vivienda digna y asequible a sus posibilidades económicas dado su elevado precio”. Se trata de “un auténtico círculo vicioso, puesto que los empleos que habitualmente genera el actual modelo turístico son temporales, precarios y con una baja remuneración, lo que, unido al aumento de los precios del alquiler como consecuencia de la proliferación desmedida de viviendas turísticas, convierte el derecho a la vivienda en una utopía para miles de andaluces y andaluzas”.
APDHA entiende que “esta situación no hace sino agravarse y seguirá volviéndose aún más difícil”, por lo que ha lanzado una serie de movilizaciones que comenzarán el próximo miércoles 24 de abril con una concentración en Cádiz y continuará el día 25 con otra convocatoria en Sevilla y el 26 de abril con una nueva movilización en Algeciras. También están ya convocadas dos concentraciones más que tendrán lugar respectivamente el 3 y el 6 de mayo en San Fernando y en Chiclana.
La entidad andaluza “quiere animar a las personas afectadas por esta situación y a los numerosos colectivos en defensa del derecho a una vivienda digna a organizarse y movilizarse para reclamar sus derechos, porque los datos de los que disponemos y la realidad que percibimos no invita al optimismo y nos hace pensar que la situación se va a complicar más y más en los próximos meses y años si no se toman medidas urgentes”.
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