La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (AREMEHISA) ha denunciado que, tres años después de la toma de muestras de ADN y de su entrega al laboratorio de la Universidad de Granada (UGR), la Junta de Andalucía sigue sin comunicar a los familiares los resultados de la identificación genética de los cuerpos recuperados en el Cementerio de la Salud de Córdoba. Todo, a pesar de tener suscrito un convenio en el que se establece un plazo máximo de cuatro meses para llevar a cabo el cotejo.

Cabe recordar, explica el colectivo memorialista, que el 8 de marzo de 2019 el equipo técnico a cargo de la intervención arqueológica en el cuadro de San Ramón del citado cementerio entregó a la UGR las muestras genéticas de 23 víctimas exhumadas y de 180 familiares “a quienes se les prometió urgencia para ofrecerles unos resultados que les permitieran identificar a sus seres queridos y poder recuperar sus cuerpos”.

Entre quienes acudieron a la recogida de muestras, recuerda AREMEHISA, había “personas procedentes de distintos puntos del país, muchos de ellos nietos y bisnietos de represaliados, pero también hermanos e hijos”. Después de casi tres años “de absoluta opacidad” y de que la Junta de Andalucía “haya multiplicado por nueve los plazos que ella misma estipuló, muchos ya han fallecido, llevándose con ellos el dolor de volver a sentirse engañados una vez más”.

En este sentido, desde AREMEHISA han trasladado la “desesperanza y la desgana” de muchos familiares que afirman no comprender “la eternización del proceso y el silencio y la falta de información” por parte de la Junta de Andalucía, máxime cuando “la propia Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha ido incluyendo en sus balances y planes anuales de Memoria Histórica el procesamiento de las muestras de Córdoba”.

No se trata de un caso aislado

Asimismo, desde AREMEHISA afirman que estas circunstancias no son una cuestión exclusiva de Córdoba capital, ya que “se está dando el mismo caso en otros municipios de la provincia, cuyas muestras de ADN fueron entregadas hace más de cuatro años y, a día de hoy, todavía no hay noticias de los resultados de las identificaciones genéticas. No podemos descartar que, con un alto grado de probabilidad, esto esté pasando también en otros puntos de Andalucía”.

Además, el colectivo memorialista ha advertido que “las interminables demoras y el esperpéntico nivel de inoperancia y abandono” por parte de la Junta de Andalucía en materia de políticas de Memoria Democrática y, en concreto, en el procesamiento de las muestras de ADN, está provocando “situaciones tan paradójicas como que en la misma provincia de Córdoba, y a pesar de existir una vía de acción pública, haya familiares, colectivos y administraciones que estén optando por derivar el proceso de cotejo de muestras a un laboratorio privado para reducir plazos”.

Es incierto, afirma AREMEHISA, el argumento usado por la Junta de Andalucía de que haya que esperar a que se realicen todas las exhumaciones para poder procesar las muestras. “De la misma manera en la que los trabajos de búsqueda, localización y exhumación se abordan por fases, existen bastantes casos en muchos municipios andaluces en los que se ha procedido de la misma manera con la identificación genética”.

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