Rafael Espino.

A pocos días de que se haya cumplido el décimo aniversario de la aprobación en este país de la Ley de la Memoria Histórica (52/2007 de 26 de Diciembre) hemos forzosamente de recordar a las cientos de miles de personas que fueron víctimas de la represión durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista.

143.353 personas “desaparecidas” en fosas comunes según los datos aportados por el auto de la Audiencia Nacional de 16 de Octubre de 2008. De los que más del 40 % (54.000) personas son “desaparecidos” en Andalucía y más del 8 % del conjunto de desaparecidos en todo el país (11.581) personas son “desaparecidos” en Córdoba capital y los pueblos que conforman su provincia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos define la “desaparición” de una persona… la “desaparición forzada” como…

…” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona “desaparecida” sustrayéndola a la protección de la ley”.

Un Estado y una Ley que en este país siempre han estado ausentes. Omitiendo la responsabilidad legal de las desapariciones forzadas y los crímenes de lesa humanidad que fueron perpetrados por el Estado español durante la guerra civil (1936-1939) y la siguiente dictadura franquista (1939-1975).

Desde entonces el territorio español está sembrado de fosas comunes y enterramientos clandestinos e ilegales donde se ocultan los cuerpos de cientos de miles de personas opositores a la dictadura franquista. Olvidados.

L a muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975 abrió numerosísimas incógnitas y las primeras y frágiles demandas de memoria, dignidad y justicia entre la incertidumbre, el latente miedo y un pequeño atisbo de esperanza.

El posterior proceso de transición a la democracia se fundamentó también en un pacto de silencio institucionalizado que dio al traste con la esperanza de las familias de encontrar a sus “desaparecidos”. De nuevo más amnesia y olvido oficial.

El Estado optó por construir sobre nuestros “desaparecidos” la paz social, dando siempre la espalda al derecho de las víctimas a conocer la verdad. De esta forma se protegió una vez más a los culpables con la pátina de la impunidad que garantizó de por vida que nunca nadie les haría comparecer ante la justicia y permitiendo que muchas de las pruebas existentes se perdieran irremediablemente para siempre en el limbo de la impunidad oficial y el olvido institucionalizado.

Bastantes años después, tuvo de nuevo que ser el movimiento social, las asociaciones, algunos colectivos civiles y también algunas iniciativas particulares las que a partir del año 2000 comienzan a practicar las primeras exhumaciones “científicas” de los desaparecidos del franquismo.

A partir de la primera exhumación realizada en el año 2000 llevada a cabo en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo se inicia en este país un proceso que intenta judicializar los asesinatos del franquismo y denunciar la ausencia total de políticas públicas de memoria.

El impacto público y mediático que alcanzaron la difusión de las imágenes de las primeras exhumaciones científicas realizadas en España traspasaron las fronteras y sirvieron también para que se pusieran en marcha la creación de Asociaciones y Organizaciones memoralistas en casi todo el territorio español.

Esas primeras imágenes de las fosas comunes del franquismo con todo su horror en la esfera pública causo un impacto muy importante en toda la sociedad española y también en la comunidad internacional.

Desde entonces, en estos últimos 17 años muchos, diversos y diferentes han sido las acciones llevadas a cabo en muy distintos ámbitos y con muy diferentes contenidos en todo el país por esas Asociaciones y colectivos nacidos en aquellos años.

A pesar de su diversidad y diferencias, es cierto que todas han tenido un denominador común “… buscar el reconocimiento público, la reparación y la justicia”.

La búsqueda de ese reconocimiento público, la reparación y la justicia, comienza en nuestra comunidad autónoma de forma muy tímida en el año 1999. Es en ese año cuando la Junta de Andalucía, aprueba una serie de decretos ley sobre indemnizaciones a expresos y represaliados políticos del franquismo que no resultaron favorecidos en los Presupuestos Generales del Estado del año 1990.

Hay que esperar hasta el año 2003, (año en el que comienzan en algunas zonas de nuestra comunidad intervenciones de exhumación realizadas por iniciativas particulares) el Decreto 334/2003 de 2 de Diciembre en el que la Junta de Andalucía regula normativamente la coordinación de actuaciones en torno a la Recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía con el que se comienza a legislar las primeras pautas a seguir para el desarrollo de las políticas de memoria en nuestra comunidad.

Este Decreto y esta fecha, el 2 de diciembre del 2003 daría el pistoletazo de salida oficial en Andalucía, para que desde ese momento se comenzaran a desarrollar y establecer desde la administración autonómica políticas públicas de memoria.

En las últimas tres legislaturas hemos tenido cuatro comisarios de memoria histórica y otros dos directores generales de memoria democrática, se han legislado en el mismo.

*Presidente de AREMEHISA

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