USTEA

Podríamos abundar una vez más en los análisis anteriores: recortes; sobrecarga de la jornada lectiva; disminución de las partidas presupuestarias para los centros; supresión de unidades y amortización de plazas ( en la red pública, no en la red privada concertada); infraestructuras insuficientes, no renovadas y muy mal mantenidas etc...

• No a los recortes, ni a los estatales ni tampoco a los que aplica la Consejería de Educación. Aumento del gasto educativo. Andalucía se mueve en torno a un mísero 4% de su PIB. Sin embargo, hemos asistido recientemente en el Parlamento Andaluz al rechazo por parte de PP, PSOE y Cs de una propuesta de IU y Podemos de blindar la educación con un mínimo de un 5% del PIB andaluz. Curiosamente este fue el argumento que utilizó Pedro Sánchez para dinamitar el Pacto por la educación. Curiosa paradoja: donde no pueden aumentar la inversión porque no gobiernan piden que se haga, pero no lo hacen allí donde pueden, es decir, donde gobiernan.

• No a la privatización de la educación mediante conciertos. Se está destinando cada vez más dinero público a sostener proyectos privados en detrimento de los Centros públicos. Como muestra un botón: En torno al 90% de los 4.500 edificios dedicados a centros educativos en Andalucía no cumplirían siquiera la norma de edificabilidad, según reconoce el propio Consejo de Gobierno de la junta de Andalucía.

• La climatización de los centros se aborda con cuentagotas. Además de mayor inversión educativa, este asunto, requiere un esfuerzo sostenido y constante. También más ambicioso, pues el problema del disconfort clitático afecta a casi la totalidad de los edificios escolares.

• Es necesario seguir insistiendo de cara al próximo proceso de escolarización en proteger la oferta pública, sobre todo en determinados territorios donde no podemos consentir que el servicio educativo se deteriore más. Hablamos de zonas especialmente castigadas como el centro y el distrito de Fuensanta, en la capital. Y también de ciudades medias, como Baena. Por supuesto en el ámbito rural la concertada ni está ni se la espera. No es negocio.
• No se ha negociado una coma de la nueva Ley de FP, cuyo último borrador está paralizado desde hace dos cursos. Tampoco se ha negociado la nueva normativa para la selección de directores y directoras.
• En el inicio del curso cabe destacar la problemática de las sustituciones y vacantes sobrevenidas, con numerosas vacantes sin subrir hasta mediados de octubre.
• A pesar del cambio de consejera y de buena parte de las personas que forman el organigrama de la Consejería, no ha habido cambios relevantes ni en la forma de trabajo ni en las políticas de fondo: Todo ha seguido igual
• El transcurso del curso ha estado marcado en lo laboral por la huelga del profesorado interino en demanda de un plan de estabilidad y ha terminado con una última huelga desde mitad de mayo hasta el 29 de junio. La administración, que no se ha avenido a negociar, ha impuesto unos servicios mínimos abusivos y, sobre todo, poco concretos y muy generales, trasladando a los equipos directivos de los centros la patata caliente de interpretarlos y aplicarlos. USTEA ha interpuesto demanda contra los mismos, la cual ha sido admitida a trámite.
• Nuestros centros siguen sufriendo una fuerte carencia de personal de administración y servicios, por lo que el profesorado se ve obligado a multiplicar sus esfuerzos por mantener el servicio público a costa de un nivel, a menudo inaceptable, de estrés. Al mismo tiempo, se agudiza la tendencia privatizadora de servicios esenciales como la limpieza o los comedores escolares.

En resumen, como nos recuerda la copla, en la educación andaluza todo sigue, básicamente, igual (o peor).

En Córdoba a 25 de junio de 2018

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