USTEA ha recopilado información de más de 700 unidades de las ocho provincias andaluzas que incumplen la legislaciónen materia de ratios.

Ante este incumplimiento han interpuesto un recurso contencioso administrativo.

También denuncian la supresión de más de 400 unidades en los centros públicos, a la vez que han aumentado las horas de religión, dejando sin trabajo a cientos de docentes interinos y provocando las protestas de madres, padres, alumnado y profesorado.

Comunicado de la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA).

Con fecha de 4 de octubre de 2019, USTEA presentó un escrito dirigido al Consejero de Educación, en el que recopilaba la información de más de 700 unidades de las ocho provincias andaluzas que incumplían tanto la Ley Orgánica de Educación como el resto de normativa en materia de ratios por parte de la administración educativa andaluza.

Desde entonces USTEA ha detectado muchos otros casos, por lo que podemos afirmar que el incumplimiento de la normativa no se refiere a situaciones aisladas, sino que es un hecho generalizado en todo el territorio escolar andaluz. En el escrito al que antes aludíamos le pedíamos a la Consejería dos cosas: información oficial de las unidades educativas autorizadas que incumplían la ratio máxima, así como la reposición de la legalidad a la mayor brevedad posible.

La Consejería, si bien ha contestado a dicha solicitud, en modo alguno proporciona la información solicitada sobre los Centros y Unidades donde se estaba incumpliendo la ratio máxima, no haciendo el menor comentario; ni tan siquiera sobre el motivo de por qué se estaba incumpliendo la legalidad en 215 centros educativos y 718 unidades educativas, detectados hasta entonces por USTEA; y por supuesto, mucho menos pasaba a reponer la legalidad donde se estuviera vulnerando.

Entendiendo que la determinación del número de alumnos máximo por aula, o ratio, es una cuestión que afecta al régimen de prestación del servicio de enseñanza, en tanto en cuanto atañe a su calidad y a las circunstancias concretas en que el profesorado desempeña su actividad, y, en particular, a la atención que se puede dedicar al alumnado, USTEA ha interpuesto el pasado 22 de enero, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Sevilla, escrito de interposición de Recurso Contencioso Administrativo.

En el presente curso se han suprimido más de 400 unidades en los centros públicos de educación infantil y primaria, al tiempo que se han aprobado unas instrucciones que han aumentado las horas destinadas a las enseñanzas de religión y han dejado sin su puesto de trabajo a cientos de maestras y maestros interinos con muchos años de experiencia. Según los cálculos de USTEA, el cumplimiento de la normativa sobre ratios habría supuesto la creación de aproximadamente una unidad por cada dos de las que superan la ratio. Sin duda se habría propiciado una mayor estabilidad laboral de la plantilla docente, especialmente del personal interino, y la mejor prestación del servicio.

Además, queremos poner de manifiesto que esta situación de masificación y la falta de atención educativa específica o especializada ha motivado las protestas de padres, madres, alumnado y profesorado en distintos puntos de la geografía andaluza a lo largo del actual curso escolar.

Es preciso, especialmente, elogiar la lucha de las familias en defensa del territorio y recordarle al señor Consejero que el fenómeno de la España vaciada sólo se contrarresta, desde el ámbito de su responsabilidad, dotando a estas zonas de unos servicios públicos dignos y de calidad, porque en las zonas rurales o periféricas ni está ni se espera a la escuela concertada o iniciativa privada alguna, ya que no son negocio.

Por todo ello, desde USTEA se inicia, como habíamos anunciado, la vía judicial contra la administración educativa andaluza, mediante la interposición del citado contencioso administrativo, como una vía paralela a la movilización, con el fin de revertir esta situación de flagrante injusticia que padece la educación pública andaluza y, en consecuencia, sus trabajadoras y trabajadores, así como las personas usuarias. Creemos que es fundamental poner en marcha todas las medidas necesarias que vayan encaminadas a imponer a la Consejería el cumplimiento de la Ley, como otro freno al desmantelamiento del sistema educativo público en el que parece empeñada.

Fuente: USTEA.