Ante la moción presentada al pleno por parte del Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, en la que solicita al Gobierno que el Ayuntamiento de Córdoba gestione el Ingreso Mínimo Vital al estar más cercano a la ciudadanía, desde CTA quieren expresar lo siguiente:
Esta propuesta demuestra el profundo desconocimiento que tiene el equipo de gobierno del trabajo que se está desarrollando en las Zonas de Trabajo Social. Carga de trabajo que, ya era muy elevada con anterioridad y que desde que comenzó el Estado de Alarma se ha vuelto inabarcable, imposible de asumir.

En tres meses los y las profesionales de las Zonas de Trabajo Social han gestionado más ayudas económicas que en los últimos dos años. A lo que se suma la tramitación de Renta Mínima de Inserción de carácter urgente, la tarjeta monedero, servicio de ayuda de ayuda a domicilio para casos urgentes, renovaciones de las ayudas de alquiler de Vimcorsa, derivaciones a bancos de alimentos, etc. y recibiendo continuamente llamadas de la población desesperada por su situación. Los equipos profesionales están constantemente al teléfono recibiendo demandas ciudadanas.

Además a este equipo de gobierno no se le ocurre otra cosa que poner en marcha, en este momento tan complicado, un plan de transformación digital con una nueva sede electrónica. Es cierto que era una asignatura pendiente de este Ayuntamiento pero creen que bastante complicada es la situación en si misma como para introducir un registro telemático para el que ni la ciudadanía ni el propio personal está todavía preparado. Después de llevar 5 años de retraso en su implantación, ¿no podían haber esperado a que terminara el Estado de Alarma y la situación de colapso?

Recalcan que no pueden olvidar que la mayoría de la ciudadanía no cuenta con un certificado digital ni con conocimientos suficientes para realizar sus trámites administrativos desde una sede electrónica.

Si se centran en la población que suele acudir a los Servicios Sociales la brecha digital es mucho más acentuada y ahí entran de nuevo los y las profesionales de los Servicios Sociales, que si no tienen bastante, ahora se convierten también en representantes a terceros. Es decir, que el trabajador/a se convierte en representante de esa parte de la ciudadanía que no tiene ni medios ni conocimientos telemáticos para realizar sus gestiones con el Ayuntamiento, y esto conlleva a que ese trabajador/a que actúe como representante a terceros tenga que estar gestionando todos los trámites administrativos del ciudadano que no lo sepa realizar desde la Sede Electrónica, desde la solicitud hasta el final de la tramitación.

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