Córdoba Laica califica de “escándalo monumental” el listado de inmatriculaciones de la iglesia tras varios años negociando el gobierno con el Vaticano y la Conferencia Episcopal española. Han sido más de 35.000 los bienes inmatriculados, entre los que se incluyen, aparte de iglesias y catedrales, también casas, plazas públicas, garajes, locales comerciales, solares, cementerios, arbolados,…

Afirman que el Gobierno se “lava las manos” ante tamaño “escándalo monumental” y deja a las iniciativas de ayuntamientos y particulares la posibilidad de recurrir en cada caso concreto, de uno en uno. Y “no afronta de una forma clara” la defensa de los bienes y del patrimonio público, ha optado por “dar por buena” la ley de Aznar de 1998, como “si no tuviera nada que objetar a ella”.

Para Córdoba Laica “después de mucho esperar”, ha visto la luz la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia católica a partir de 1998, es decir, desde que el Gobierno de José María Aznar aprobara la reforma de la Ley Hipotecaria. De modo que daba potestad a los obispos de poder matriculador, registrar por primera vez, templos destinados al culto como bienes de las diócesis con solo sus únicas firmas, como si fueran notarios o funcionarios del Estado.

No obstante, dicha organización afirma que tras varios años negociando el gobierno con el Vaticano y la Conferencia Episcopal española, “nos enteramos de que han sido más de 35.000 los bienes inmatriculados”, entre los que se incluyen, aparte de iglesias y catedrales, también casas, plazas públicas, garajes, locales comerciales, solares, cementerios, arbolados, etc. Un auténtico “Escándalo monumental”, tal como “nos advirtió, en un detallado libro, y hace más una década, la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra” que fue la que destapó lo que estaba aconteciendo “en total secretismo”, ya que no se daba información pública de esos procesos.

Ahora, después de las elecciones al Parlamento de Cataluña, aparece el listado que “tan reiteradamente solicitado por organizaciones como la nuestra”. Pero el Gobierno se “lava las manos” ante tamaño “escándalo monumental” y deja a las iniciativas de ayuntamientos y particulares la posibilidad de recurrir en cada caso concreto, de “uno en uno”. En vez de “afrontar una clara defensa de los bienes y del patrimonio público”, ha optado por dar por buena la ley de Aznar de 1998, como si “no tuviera nada que objetar a ella”.

Para Córdoba Laica la decepción ha sido grande, ya que dicha organización junto a otras asociaciones en defensa del patrimonio, “llevamos tiempo reclamando que bienes como la Mezquita-Catedral, la plaza del Pocito, el Triunfo de San Rafael, etc., volvieran a ser de dominio público”.

Por otro lado dicha organización declara que continúan contemplando una situación anómala y de privilegio con la que se trata a la Iglesia católica ya que es “la primera entidad en bienes inmuebles de la provincia no destinados al culto” como viviendas, locales comerciales, cocheras, solares, fincas rústicas…, que actualmente está exenta de tributar el IBI, al mismo tiempo afirman que esos bienes están registrados con una infravaloración de sus valores catastrales.

Por último afirman que todo esto es “un claro perjuicio para las arcas públicas”, lo que supone “un deterioro de los servicios que recibe la ciudadanía”. Ya que se “dejan de aportar los correspondientes impuestos, tal como sí lo hace el resto de las empresas, los trabajadores autónomos y la ciudadanía de Córdoba, lo que es “un indicio de abierta discriminación a favor de la Iglesia católica”.