Córdoba Solidaria muestra su solidaridad con las organizaciones feministas y que defienden los derechos de las mujeres en Nicaragua

Desde abril del 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ilegalizado al menos, a 58 organizaciones feministas y/o que trabajan por los derechos de las mujeres en el país. 

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó ayer, 30 de junio, la cancelación de la personería jurídica de la Asociación Grupo Venancia y en agosto del 2021 fue ilegalizado el Colectivo de Mujeres de Matagalpa.

Ambas organizaciones han trabajado durante décadas junto con organizaciones de nuestra ciudad y han realizado un gran trabajo por el feminismo y los derechos de las mujeres en Nicaragua.

1 julio, 2022

Artivismo con el Grupo Venancia en la XXVI Feria de la Solidaridad en Córdoba

Córdoba Solidaria ha querido mostrar, a través de una nota de prensa, su solidaridad con la sociedad civil organizada y el pueblo nicaragüense «que vive una situación de persecución, criminalización y hostigamiento, agudizada desde la crisis socio-política y de graves violaciones a derechos humanos que se inició en el 2018 tras la brutal represión del Gobierno de Daniel Ortega a las multitudinarias protestas pacíficas contra su reforma neoliberal del seguro social, dejando a centenares de personas asesinadas y miles de exiliadas

Ayer, 30 de junio, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la cancelación de la personería jurídica de nuestras compañeras de la Asociación Grupo Venancia y en agosto del 2021, fue ilegalizado el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Ambas organizaciones han trabajando durante décadas junto con organizaciones de nuestra ciudad y han participado presencialmente en espacios de solidaridad en Córdoba como son: los Encuentros Internacionales “Enlazando Culturas”, el Enlace-G, el Ciclo de Talleres “Construyendo desde los Feminismos” y la XXVI Feria de la Solidaridad de Córdoba Solidaria.

Desde Córdoba Solidaria aseguran que «la solidaridad internacional crea vínculos que trascienden a la distancia física que separa nuestros territorios, vínculos que nos permiten ponernos en la piel de nuestras compañeras, que nos permiten seguir trabajando por la igualdad, la justicia social, por la deconstrucción del sistema patriarcal, capitalista y colonial uniendo nuestras fuerzas, estableciendo alianzas y creando redes«. Por ello, y desde esa conexión, desde el colectivo cordobés «acuerpamos y nos solidarizamos con las organizaciones feministas de Nicaragua, donde ser mujer, feminista y estar organizada es cada vez más peligroso». 

Obra de teatro «Si yo no tengo un lugar» del Colectivo de Mujeres de Matagalpa en el III Ciclo «Construyendo desde los Feminismos»

Las más de 58 organizaciones feministas y/o defensoras de los derechos de las mujeres ilegalizadas son organizaciones radicadas en zonas urbanas, rurales y campesinas, así como en territorios y comunidades indígenas y afrodescendientes, donde llevaban décadas trabajando en la denuncia y prevención de la violencia machista, exigiendo justicia por los femicidios, defendiendo los derechos laborales de las mujeres, informando y educando con perspectiva de género o promocionando los derechos sexuales y reproductivos. «La ilegalización de estas organizaciones conlleva que requisen sus bienes, a muchas compañeras al exilio y a la desatención de miles de mujeres en situación de vulnerabilidad», denuncia Córdoba Solidaria, que exige al Gobierno de Nicaragua:

  • La liberación de las 190 personas presas políticas, entre las cuales hay 18 defensoras de derechos humanos y  la mayoría, condenadas a penas de entre 8 y 18 años de cárcel, por trabajar por la democratización del país. 
  • El respeto de los Derechos Humanos de la población nicaragüense y la derogación de las leyes restrictivas, incluida la ley de regulación de agentes extranjeros y otras “leyes mordaza” que atentan contra la libertad de expresión y de manifestación pacífica, así como de otros derechos fundamentales.
  • Permitir la entrada de organismos internacionales y el retorno de los organismos nacionales de Derechos Humanos para hacer un seguimiento de la situación en el país.
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