Emma Martín. Antropóloga. Profesora en la Universidad de Sevilla

Como académica del ámbito de las ciencias sociales tengo que comenzar reconociendo que recibí la noticia del posible, ya confirmado, nombramiento del eminente sociólogo Manuel Castells como ministro de Universidades con satisfacción. Sus méritos son suficientemente conocidos y reconocidos, y constituye un referente de primer orden para la mayoría de nosotres. Pero ser un reputado académico, aunque puede constituir una garantía de conocimiento profundo de este ámbito, no garantiza per se una adecuada gestión política del mismo. En ese sentido, Manuel Castells es un referente internacional, sin duda, pero precisamente es su internacionalización la que puede suponer un cierto sesgo en la medida en que la mayor parte de su trayectoria académica se ha desempeñado en Universidades de Francia y Estados Unidos, con sistemas muy diferentes entre sí, pero también muy diferentes al sistema universitario español.

Evidentemente, al no haber tomado posesión aún de su cargo no podemos saber cuáles van a ser las líneas maestras que van a guiar su gestión, pero algo podemos intuir de sus declaraciones en diversos contextos. En particular voy a referirme a dos documentos: El artículo de La Vanguardia del 7 de enero de 2020, titulado “Así entiende Manuel Castells los cambios necesarios en los estudios superiores”[1] y la Lección inaugural del curso académico 2017/2018 de la UOC, titulado “La universidad en la era de la información”[2].

Glosar todo lo que en estas fuentes se dice excede con mucho las dimensiones de este artículo. Eb todo caso parece evidente que el próximo ministro es un convencido del modelo anglosajón y un firme partidario de la autonomía universitaria, lo que quizá pueda incurrir en una contradicción con el desempeño de su cargo, pero esa es una cuestión que a él le atañe. Lo que quiero desarrollar en este breve artículo es hasta qué punto es posible implementar un modelo anglosajón de universidades en un contexto social, económico y cultural tan diferente como el español., en primer lugar, y, en segundo, qué consecuencias podría tener ese modelo sobre el conjunto de las Universidades andaluzas. Y ello sin entrar en detalle sobre la propia crisis del modelo anglosajón, en particular en lo referente a las altas tasas de endeudamiento que deben soportar los estudiantes y sus familias.

Limitándonos al tema de la autonomía universitaria, parece que la apuesta es la que viene produciéndose desde hace tiempo, y que podríamos resumir en los siguientes puntos: una fuerte descentralización de las instituciones, una apuesta por la captación de fondos provenientes de una gran variedad de patrocinadores públicos y privados, una gestión “empresarial” de la Universidad con la figura del rector convertida en gestor, y, unido a todo ello, una política de incentivos en forma de financiación pública que premiase a aquellas universidades con mayores índices de calidad.

La primera cuestión que me suscita esta apuesta, que sobre el papel no suena mal, porque, ¿quién va a negar que la excelencia merece ser recompensada? Es si contamos con un tejido social y empresarial capaz de asumirla. Un científico social como Manuel Castells, además tan concienciado con la cuestión territorial, sabe perfectamente que en pocas zonas de España se da una concentración de tejido empresarial dedicado a las actividades de altísima productividad con interés y capacidad para financiar la ciencia y la tecnología. No hay más que echar un vistazo a los rankings universitarios españoles para darse cuenta de la correlación entre la excelencia y los niveles de renta en los distintos territorios del Estado español, por lo que una política de incentivos tomando como referente la calidad de la universidad lo primero que debería es asumir las desigualdades existentes, y en consecuencia, arbitrar medidas compensatorias que permitieran una competencia leal entre los centros. De lo contrario, estaríamos reproduciendo las desigualdades existentes y aún incrementándolas con los incentivos.

Una de las cuestiones centrales del pensamiento de Castells sobre las universidades tiene que ver con la necesidad de organizarse en redes. No puedo estar más de acuerdo, en una sociedad en red es absolutamente imprescindible que las universidades estén interconectadas. Sin embargo, estoy segura de que al Sociólogo Manuel Castells no se le escapa el hecho de que las redes universitarias no son sólo redes de conocimiento, sino también redes de poder, hecho que es fácilmente constatable con una análisis de las redes universitarias. La conexión entre poder y recursos incide aún más en la concentración de la calidad en unas pocas redes y centros, y esta es un cuestión que requerirá de un profundo análisis del modelo para descubrir sus sesgos y corregir sus consecuencias negativas, si no se quiere profundizar en la desigualdad ya existente en el acceso a la información y los recursos, desigualdad, que, insisto, está claramente territorializada en el Estado español.

Otra cuestión a abordar tiene que ver con el personal docente e investigador. En principio el futuro ministro parece estar en contra de la funcionarización, abogando por contratos indefinidos. Esta es una cuestión de carácter sindical que merece esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. En cualquier caso es conveniente empezar por aceptar las críticas que se han vertido sobre el modelo de acceso a la estabilidad pre ANECA, y es necesario porque si queremos que nuestras opiniones sean tenidas en cuenta no podemos limitarnos a expresar lo que está mal en el actual modelo sin hacer referencia a lo que estaba mal del anterior. Aunque no puedo aportar porcentajes, es evidente que el que podemos llamar “modelo ANECA” puso blanco sobre negro la existencia de bolsas de funcionarios con una baja productividad académica. Esto no quiere decir que acepte los criterios que se definieron para medir esa productividad, que han sido ampliamente criticados por académicos que están perfectamente legitimados para hacerlo porque cumplen de sobra con esos criterios[3], sino que a nadie se le escapa este dato, aunque en no pocas ocasiones ha sido magnificado precisamente para defender los actuales criterios de productividad. De modo que también considero imprescindible revisar estos criterios y adecuarlos a las especificidades propias de cada disciplina. Espero que esta labor sea asumida por el nuevo equipo del ministerio.

Para ir terminando, el futuro ministro Castells aboga por una Universidad con profundos valores éticos, pero sin ideología. Quizá sería conveniente matizar esta afirmación en la medida en que la docencia no puede ser nunca adoctrinamiento, pero casi siempre lo es, ya que como personas somos portadoras de creencias y valores que no podemos dejar en la puerta del aula. Nuestra labor docente debe consistir en proporcionar a los estudiantes las competencias necesarias para acceder al conocimiento por sus propios medios, sin pasarlo por el prima de la ideología personal, pero sin adoptar tampoco una falsa neutralidad, que nunca es ni puede ser sinónimo de objetividad. Un buen docente es, en mi opinión, quien te proporciona herramientas para pensar, y esto debe hacerse a veces incluso contra la voluntad de los estudiantes, a los que en no pocas ocasiones les puede resultar más cómodo asumir el discurso de las y los docentes que pensar por sí mismos y buscar los datos que sustenten o refuten ese pensamiento.

Una cuestión interesante es la distinción entre universidades presenciales y no presenciales. Merece la pena profundizar en esta cuestión, ya que en no pocas ocasiones esta distinción no se da en la práctica, obligando a modelos diferentes de evaluación que pueden dar lugar a discrepancias significativas. Para ello hay que repensar el modelo de docencia, sin duda, para adaptarlo a las nuevas situaciones, pero también para preservar el significado de la presencialidad, que se encuentra a mi juicio en una grave crisis.

Acabo con una reflexión: la separación de los ministerios de ciencia y de universidades, aunque pueda entenderse en claves políticas, es un absoluto sinsentido y contraviene todos los principios de calidad en un contexto como el español, tan dependiente de la financiación pública. Poco podrá esperarse de positivo si este modelo se mantiene en el futuro gobierno.

[1] https://www.lavanguardia.com/vida/20200107/472757667878/manuel-castells-ministro-universidades-pedro-sanchez-propuestas.html

[2] https://www.youtube.com/watch?v=WfQTJy0dyRg

[3] https://porotrapoliticaeducativa.org/2017/11/28/contra-los-criterios-de-la-aneca-sobre-la-acreditacion-docente-hay-alternativas/

Fuente: Portal de la Andalucía.

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