La organización ecologista exige así que se cumpla la Ley de Transparencia en el trámite de Información pública del estudio informativo de la Autovía A-81: Badajoz- Córdoba-Granada. Tramo: Badajoz-Espiel (Córdoba). La asociación ambientalista lleva desde el 4 de enero intentando consultar el documento en papel en la Delegación del Ministerio. Dado el conjunto ingente de documentación y la mala visibilidad de los cientos de planos en el ordenador prefieren consultar la documentación en soporte físico tal como anuncia el BOE de 3 de Enero.

Según recuerdan, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, artículo 22.1, formalización del acceso, defiende los derechos del grupo ambientalista y consideran que se está incumpliendo. Este artículo dice: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. “

Hasta ahora la asociación solo ha podido contactar por teléfono con el Jefe de Demarcación, Don Marcos Martín Gómez. Este funcionario informó a la asociación de que no está disponible físicamente el documento debido al gasto monetario para el Ministerio que supondría tener una copia en papel. Al respecto, Ecologistas en Acción expresa su sorpresa al tratarse de un proyecto que cuesta 1.200 millones de euros, como se refleja en prensa, y que no pueda permitirse esta copia en papel. Toda la respuesta que han obtenido, según informan, es «la posibilidad de que, haciendo un favor, vayamos y otro funcionario nos imprima alguna hoja que nos resulte interesante. Ha pasado más de un mes y nadie de la Oficina de Carreteras se ha puesto en contacto con el socio de Ecologistas que lleva el tema«.

Ecologistas en Acción destaca también que el proceso de participación pública está siendo muy deficiente. La Asociación se pregunta cómo para un proyecto que supone un desembolso de dinero público de 1.200 Millones de Euros no se ha organizado ninguna reunión informativa por parte del Ministerio de Fomento donde se explique a la sociedad civil y a los grupos ambientalistas un proyecto tan complejo y que afecta tanto al territorio y a las emisiones de efecto invernadero.

La gobernanza en el proceso de redacción de un estudio como éste, que supone una inversión «estratosférica», es hoy en día imprescindible. El estudio debe incorporar y publicitar las aportaciones de los expertos y de la sociedad. Los canales y metodologías de participación desarrollados no están en consonancia con las exigencias actuales. Deben de revisarse y plantearse canales reales, universales y abiertos de participación. Ecologistas entiende que en el año 2022 no se debería aprobar ningún estudio de esta envergadura sin una articulación real con agentes y sociedad. «Ya no sólo porque desde Europa se nos obligue a ello, sino porque es la única manera de realizar planificación real y de calidad«, afirman.

Además, critican que en el documento no existan canales suficientes de incorporación para la participación ciudadana; que sea un documento críptico escrito por ingenieros de caminos para que solo lo entiendan ingenieros; o que el Ministerio tampoco haya pedido la realización de informes a expertos independientes donde se valore la rentabilidad ambiental, social y económica de esta costosísima infraestructura que, por otra parte, se remite a unas estrategias y modelos que Ecologistas califica como «el Jurásico dentro de los conceptos actuales sobre movilidad sostenible: Las características generales de la nueva autovía están definidas en la Orden de Estudio dictada por el Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento el día 13 de diciembre de 2004.”

Por último, critican que en la documentación consultable en la web del Ministerio tampoco está disponible el informe técnico en relación con la A81 emitido por la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Córdoba y que podría ser de gran ayuda para determinar el impacto ambiental de la infraestructura nueva.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio por escrito que se paralice el proceso de información pública al no haberse cumplido la normativa, faltar documentación ambiental y al no haber implicado a la población civil y a los expertos en un proceso de gobernanza serio, de calidad y contemporáneo.

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