La comisión mixta de periferia del Consejo del Movimiento Ciudadano y de la Federación de asociaciones vecinales Al-zahara denuncia que la periferia cordobesa sigue sin soluciones para la demanda de servicios básicos y de regularización de las edificaciones irregulares tras año y medio de vigencia del real decreto 3/2019 de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad autónoma andaluza

El Consejo del Movimiento Ciudadano  lamenta que lo que «se vendió casi como una solución mágica» para las más de 10.000 viviendas de nuestra ciudad en situación de alegalidad, va camino del «más rotundo fracaso», demostrándose que el real decreto solo «estaba pensado para las viviendas de extranjeros en la costa andaluza».

El anuncio de que el problema tendría solución entre 12 y 18 meses desde la entrada en vigor del real decreto ha resultado un «total fiasco» ante la desesperación de las personas que habitan en dichas viviendas, en una gran parte «sin poder acceder al agua potable, al saneamiento o a la electricidad». En otros muchos casos, «sometidos a procesos de regularización urbanística interminables», de más de 20 años de duración «sin seguridad de que algún día puedan concluir».

Para estos últimos, el real decreto «ha supuesto un retroceso» al derogarse la ley 2/2018 de 1 de agosto que permitía el adelanto provisional de servicios. La apuesta por el sistema AFO o los planes especiales se «han demostrado sin fundamento debido a las exigencias para su desarrollo». La urgencia y provisionalidad que tenían que caracterizar al real decreto basadas en el anuncio de una nueva ley del suelo de Andalucía que debía entrar en vigor en año y medio se «han demostrado como irreales». Según dicho consejo a estas alturas se «desconoce cuándo se aprobará dicha ley», que ni siquiera ha comenzado su tramitación en el Parlamento y que no ha pasado de la fase de anteproyecto.

En cualquier caso, «no conocemos si las aportaciones presentadas al mismo habrán sido aceptadas», pero, de no serlo se «puede anticipar que la ley volverá a no ser útil» para la situación de las viviendas de nuestra ciudad, como «ha sucedido con la LOUA y sus sucesivas modificaciones».

Para el movimiento ciudadano «los afectados deben ser escuchados y sus aportaciones deben ser tenidas en cuenta» por conocer la realidad existente La ley debía dar respuesta a la necesidad de entender que «la situación de la periferia cordobesa es más un problema social y de salud que un problema urbanístico», por lo que «no se puede solventar» con fórmulas de planeamiento urbanístico como hasta ahora se pretende.

Por último el consejo ve necesario «dotar de servicios a espacios de especial protección», a los que están sometidos a legislaciones sectoriales como es el caso del entorno de Medina Azahara o de la Sierra, «agilizar los procesos de regularización de las urbanizaciones» que lo permitan o «limitar la creación de entidades de conservación» así como «el tiempo de vigencia de las mismas», son algunas de las propuestas que debería resolver la ley, para lo que se debería crear un título específico sobre edificaciones irregulares.

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