El Consejo del Movimiento Ciudadano se ha reunido con el fiscal delegado de protección de  personas con discapacidad en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, para conocer la situación de la atención en salud mental en Córdoba capital y en Andalucía.

Del análisis de la fiscalía se valora como muy necesario que Salud Mental dedique también sus esfuerzos a los pacientes mentales que por carecer de conciencia de enfermedad no tienen vinculación al tratamiento, no acuden a los dispositivos por lo que empeoran creando insoportables situaciones familiares y vecinales o, simplemente, viven en la calle.

Esta actuación “fuera de los despachos” (atención domiciliaria) está ya prevista en la Ley General de Sanidad de 1986 y en Andalucía se elaboraron incluso unos Protocolos para llevarla a cabo que no se cumplen en la inmensa mayoría de los casos. Del análisis de la fiscalía se desprende que el servicio público de salud mental está sobredimensionado y funciona bien respecto de los padecimientos comunes (depresión, distimia, etc…) que suponen cerca del 90% de la dedicación de los recursos y funciona de modo pésimo en relación con el colectivo de pacientes mentales graves que no acuden voluntariamente a tratarse y se encuentran en estado de “abandono” terminando más pronto que tarde en prisión por el pernicioso efecto de los denominados “juicios rápidos”.

En este sentido, el Consejo del Movimiento Ciudadano se ha comprometido a incrementar su labor reivindicativa en este campo ante las administraciones competentes.

Igualmente, el Consejo del Movimiento Ciudadano ha mostrado su apoyo a la necesidad de que se cree una fiscalía especial a nivel estatal sobre discapacidad que se convierta en un ariete legal a favor de la atención adecuada a las personas con enfermedad mental. Esta fiscalía se sumaría a otras que han demostrado su idoneidad como la de medioambiente o a la que se dedica a actuar contra la violencia de género.

Estas fiscalías, dotadas de los medios oportunos lógicamente, provocan una mayor atención de los poderes públicos sobre los temas que tratan.Además, el Consejo del Movimiento Ciudadano ha apoyado las reivindicaciones de la asociación APAIG de Córdoba, presente en la reunión, para que se creen nuevos centros y plazas para atender a jóvenes psicodeficientes en la comunidad andaluza, ya que los centros específicos existentes actualmente no tienen plazas disponibles y hay
lista de espera de más de dos años, lo que provoca la desesperación de los familiares.

En muchos casos, esos jóvenes acaban con toxicomanías agudas o en la cárcel, lo que
no hace sino agudizar el problema.

Aunque es cierto lo que se dice por parte del Gobierno en cuanto a la escasez de los medios con que se cuenta, no puede perderse de vista que el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su Art. 22-3 dice que para los enfermos mentales los recursos serán especiales y “preferentes”.

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