El Defensor del Pueblo Español ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que conceda la autorización de residencia y trabajo a las trabajadoras y trabajadores transfronterizos atrapados en Ceuta desde hace dos años. Así lo recoge en su respuesta del pasado martes a la de queja que interpuso la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en noviembre para dar solución la dura situación que atraviesa este colectivo de 500 personas, que no puede regresar con sus familias debido al cierre de la frontera con Marruecos, en marzo de 2020.

En la queja, apoyada por 168 colectivos de ámbito nacional e internacional en la campaña #TransfronterizasConDerechos, se ponía de manifiesto no solo la situación administrativa excepcional por la Covid-19 en la que se encuentran estos hombres y mujeres, que las excluye del sistema y las dejan sin posibilidades de construir una vida digna. Estas personas, en su mayoría trabajadoras de hogar y cuidados –aunque también de otras muchas profesiones dependen de los acuerdos entre ambos países, al encontrarse sin posibilidad de renovar su documentación caducada.

El documento remitido por el Defensor del Pueblo informa de que “se ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Ceuta que se facilite a los ciudadanos marroquíes el acceso a su país y el retorno a la ciudad autónoma, mediante la concesión de una autorización de regreso en el caso de ser necesario, a fin de poder reunirse con sus familiares y renovar su documentación”.

Además, responde el Defensor que “se ha solicitado que no se exija documentación marroquí que sea imposible obtener en el actual momento para tramitar autorizaciones de residencia o de trabajo”, cuestión que desde la entidad se ha venido demandando que se pudiera realizar a través de la cédula de inscripción, para regularizar así la residencia y el permiso de trabajo de las 500 personas que se encuentran atrapadas en la ciudad autónoma.

Asimismo, reconoce que los y las trabajadoras transfronterizas se encuentran separadas de sus familias e impedidos de regresar a sus localidades de residencia por una situación sobrevenida, hecho que llevan denunciando desde hace más de seis meses, en las concentraciones de cada lunes ante el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno.

La APDHA se congratula no solo por el reconocimiento del Defensor del Pueblo de la situación que las trabajadoras y trabajadores transfronterizos llevan sufriendo, con graves consecuencias para su salud mental en estos dos años, «sino porque se inste además a los organismos oficiales, tal y como ha venido exigiendo la organización, a que asuman sus responsabilidades y comiencen a trabajar para regularizar a través del arraigo laboral a estas personas, que en su mayoría son mujeres que realizan trabajos esenciales sin las que muchas familias en la ciudad autónoma no podrían continuar con sus vidas”.

La APDHA espera que estos trámites se realicen con la mayor brevedad posible, ya que según subraya, “son las propias trabajadoras las que llevan padeciendo el total desamparo de las administraciones públicas, a pesar de llevar cotizando y aportando al desarrollo del país desde hace más de 20 años. Solo hace falta que desde la administración se cumplan las leyes”, concluye.

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