Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Personas Gitanas Rumanas (ACISGRU).

Nuestro recién estrenado alcalde está muy contento con que la legalidad haya vuelto a la ciudad de Córdoba. Al menos es lo que ha declarado hoy a Cordópolis, cuando la policía, a instancias de juez, ha arrojado a ocho personas romaníes, tres de ellas menores, a los rigores del calor estival.

¿De qué legalidad habla nuestro alcalde?

¿Se refiere el Señor Bellido a la legalidad que se invoca en la resolución 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos cuando afirma que “la práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular el derecho a una vivienda adecuada”?

¿O tal vez esté pensando en la declaración de la Conferencia mundial de Derechos Humanos, al señalar que “en última instancia la responsabilidad legal de impedir los desalojos forzosos corresponde a los gobiernos (nacionales o LOCALES), independientemente de quienes propugnen realmente determinado plan de desalojo?

Nos lo aclara mejor el señor alcalde, cuando señala que su contento nace de que la Justicia (así con mayúscula) haya dado la razón a los propietarios de las naves, porque no es normal dar por bueno que los sin techo ocupen naves de los poderosos, aunque sean naves abandonadas.

No estamos de acuerdo, señor alcalde, con esa exaltación sin matices de la legalidad establecida. Hasta el pensamiento más conservador tendría que dar por bueno que en determinadas circunstancias no es malo violar las leyes, sino que incluso es hasta merecedor de grandes elogios. Fueron los poderes establecidos quienes, en nombre de la legalidad vigente, crucificaron a Cristo, excomulgaron a Lutero y consideraron a Washington y a Franklin rebeldes contumaces. Hoy la mayoría de nosotros los elogiamos sin reservas.

Pero sin irnos tan lejos, es evidente que hay infracciones normativas que se ven amparadas sobradamente en la doctrina de los derechos naturales y de los derechos humanos. Y un derecho natural, armado de la razón cordial, pertrechado de las razones del corazón, siempre pondrá por encima del derecho de propiedad el derecho a la vida y el derecho a un techo protector.

Usted lo sabe, señor alcalde, las familias del Este de Europa, vecinas de Córdoba desde hace más de quince años, no han venido a nuestra ciudad de turismo o a impedir que La Caixa haga sus negocios, vinieron aquí porque en Rumanía no podían vivir.

¿Es humano invocar el derecho de propiedad de los dueños de naves abandonadas, frente al derecho a la subsistencia material y el derecho a la vida de seres vulnerables y excluidos?

Nos alegra saber que bajo su mandato el Ayuntamiento va a solucionar el problema de la vivienda de las comunidades romaníes. Aquí estamos las asociaciones que trabajamos con ellos para ayudarle con todas nuestras fuerzas, pero mientras da con la solución definitiva a su problema de la vivienda contenga y modere su alegría.

Si es esta la legalidad que ha traído usted y su partido a una urbe, patrimonio de la Humanidad como Córdoba, quizás sea preferible vivir en una ciudad sin ley. Es lo que nos dice, lo que nos dirá siempre el Derecho Natural y una legalidad fundada en los Derechos fundamentales de la persona.