La Coordinadora ha emitido una nota de prensa en la que manifiesta, en primer lugar, “su satisfacción por la decisión que, en el pasado mes de mayo, tomó la Consejería de Salud de modificar la orden del 23 de febrero de tarificación de los servicios que prestan los servicios sanitarios privados a la sanidad pública y que de manera sorpresiva incluía las consultas de atención primaria y la utilización de los edificios e infraestructuras públicas por parte de la sanidad privada”. Dicha satisfacción se basa en la decisión, tras la reunión en mayo de la Mesa Sectorial de la Consejería de Salud con los sindicatos, de acceder a la eliminación y reconsideración de esos dos puntos de la mencionada orden. Decisión que desde la Marea se entiende gracias a las numerosas y amplias movilizaciones ciudadanas, sociales, políticas y sindicales que tuvieron lugar en los meses previos.
Aun así, la Coordinadora lamenta, por un lado, la tardanza (desde el 23 de febrero que se publicó la Orden hasta agosto) “para algo tan simple como era rectificar”. Y, por otro, que en la modificación que ahora se aprueba, en sus consideraciones no se aluda a la movilización social, la negociación, el diálogo y el acuerdo que ha habido para llegar a esta modificación. Ni tan siquiera a los informes del Defensor del Pueblo Andaluz que señalaban de manifiesta ilegalidad sacar como una simple actualización de una orden anterior una orden nueva que incluía elementos cualitativamente diferentes y que requerían la elaboración de una orden nueva que es lo que se está haciendo ahora. La Consejería de Salud simplemente explica que la retirada de la medida de privatización está motivada por el final de la situación de pandemia global por la Covid-19 y que, en ese caso, “ya no resulta adecuada la mención expresa a la contratación en Atención Primaria”.
La Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía señala además que “es muy importante que todo el proceso de externalización y de conciertos donde se incluyen estas tarifas de pago a la sanidad privada se contemplen como algo excepcional y temporal, hasta que la sanidad pública pueda disponer de los medios necesarios sin necesidad de delegar esta responsabilidad de asistencia sanitaria de los servicios públicos hacia la sanidad privada, renunciando y claudicando a cambio de pagar un coste superior a la sanidad privada”.
Igualmente, advierten de que “debe quedar nítidamente claro que la Atención Primaria de Salud no solamente son consultas, sino también la puerta de entrada de todo el sistema sanitario público solucionando el 90% de la demanda asistencial, que incluye la prevención la promoción de la salud, el seguimiento longitudinal de los enfermos y el conocimiento del ámbito familiar y comunitario” y, por lo tanto, ha de evitarse que pueda ser derivado, gestionado y ejecutado por empresas privadas.
Finalmente, la Coordinadora se opone a que la utilización de edificios e infraestructuras de los servicios sanitarios públicos puedan ser usadas por empresas privadas. “Ello supone una descapitalización del sistema público y, al mismo tiempo, una deriva que termina confundiendo a la ciudadanía para llevarla a un ámbito que denominan de colaboración público-privada pero que no es otra cosa sino no el aprovechamiento de los recursos públicos para un beneficio privado”, advierten.
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