La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) presentó ayer lunes 8 de mayo en rueda de prensa su posicionamiento ante la cesión de derechos de riego que iban destinados al arroz y que van a ser gestionados por una empresa privada. 

En la comisión de desembalse del Guadalquivir, celebrada el pasado 7 de abril, se consideró que no era posible desembalsar un volumen de agua suficiente y constante para garantizar el riego del arroz. Con vistas a la posible cesión de derechos, se propuso para todas las hectáreas de arroz una dotación de 1.283 m3/ha. En la implementación de este proceso de cesión, una entidad privada pretende asumir una función de  intermediación, ofertando los derechos que se ceden a sus asociados a través de una circular, con el precio que dicha entidad ha determinado y sin hacer públicos los criterios de selección de las solicitudes.

Si bien es cierto que la Ley de Aguas prevé y regula la posibilidad excepcional de la cesión de derechos al uso del agua entre concesionarios, las organizaciones de la MSA consideran que, en una situación tan grave de sequía como la que atravesamos, no se puede mercadear con un bien público, como es el agua. Asimismo, con la base legal que brinda el artículo 68.3 de la misma ley, el Organismo de Cuenca debe frenar la operación en marcha y asumir la intermediación en la cesión de derechos, atendiendo en su reparto y  asignación a criterios sociales y ambientales y no solo económicos.

Por otra parte, y dada la urgencia de actuar contra esta situación, las organizaciones de la Mesa consideran que el decreto de sequía, que actualmente se encuentra en proceso de redacción, debería incluir la creación de los centros de intercambio de derechos. Y recuerdan que estos centros de intercambio ya están previstos en el artículo 71 de la Ley de Aguas. De esta forma, la cesión de derechos estaría gestionada por una entidad pública. Además, estos centros de intercambio deberían establecer criterios de distribución del recurso, que contemplen un reparto social del agua destinada a regadío, garantizando la supervivencia de las pequeñas explotaciones y el mantenimiento del empleo que estas generan, además de respetar el régimen de caudales ecológicos.

Por otro lado, las organizaciones de la MSA se hicieron eco de la sequía pluviométrica que, con una distribución desigual en Andalucía, acumula aportes por debajo de la media estadística desde el año hidrológico 2018-2019. Esta situación está provocando graves impactos en la agricultura  de secano y en la ganadería extensiva. Igualmente está suponiendo una reducción de las aportaciones a las masas de aguas superficiales y subterráneas, con la consiguiente escasa recarga de acuíferos subterráneos y embalses superficiales, lo que agrava aún más la reducción de dotaciones que el regadío lleva soportando tres años. No obstante, la Mesa advierte que en Andalucía existe un problema de escasez de agua, puesto que existe un desequilibrio permanente entre las demandas de agua y los recursos disponibles. La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias espaciales, ha sobrepasado la disponibilidad del recurso. El déficit es estructural, encubierto  por la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y subterráneas. Esto se ve acentuado además por la actual sequía pluviométrica y se intensifica por las extraordinarias olas de calor, detrás de las cuales asoman los efectos del cambio climático.

La Mesa Social del Agua ha advertido que las infraestructuras hídricas demandadas por la Junta de Andalucía ignoran y, por tanto, no abordan, la problemática de la sobreexplotación de recursos, alienta el incremento de la demanda de agua y además, presenta como urgentes actuaciones que tendrán efecto a medio y largo plazo. Por ello, la MSA ha presentado una serie de medidas a corto plazo que instan sean tenidas en cuenta por la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Entre las medidas de urgencia a corto plazo, la MSA considera imprescindible dotar de ayudas a las explotaciones ganaderas que están en riesgo de cierre. Para ello, se debe suministrar agua a través de pequeñas infraestructuras como pantanetas, canales, abrevaderos o balsas con las que paliar la actual situación. En referencia a la agricultura de regadío, la MSA exige un reparto social del agua, garantizando un mínimo de superficie regada por explotación que asegure la supervivencia de la agricultura familiar y profesional. Igualmente, la MSA considera urgente dotar de apoyos financieros y fiscales directos, tales como compensaciones de rentas, a las explotaciones agrícolas, siempre ajustados a las diferentes situaciones socio-económicas de cada una.

Como medidas a medio y largo plazo, la MSA instó a la Junta de Andalucía a que cumpla los objetivos marcados en el Pacto Andaluz por el Agua, aprobado en la anterior legislatura y que contemplan, entre otros: la definición de objetivos medioambientales prioritarios en materia de agua, la mejora en la participación y transparencia en órganos de gestión, la garantía de los servicios urbanos y la creación de un suministro mínimo vital, la atención a los déficits estructurales de agua y demandas sostenibles (incluyendo “limitación de la superficie de regadío”), la generación de planes de resiliencia frente a sequías y de adaptación al cambio climático. Una relación de conceptos aprobados por el Parlamento de Andalucía que han desaparecido de los mensajes de la Junta de Andalucía y otros agentes sociales en la actualidad.

Os dejamos la documentación anexada por la Mesa como posicionamiento oficial:

La Mesa Social del Agua reclama una transición hídrica justa La Mesa Social del Agua presenta 10 medidas urgentes para una transición hídrica justa, ecológica y social en Andalucía La Mesa Social del Agua remite un escrito a la Consejería de Agricultura ante la crítica situación del agua en Andalucía La Mesa Social del Agua acude a Bruselas a denunciar los fallos en los procesos de participación en la planificación hidrológica y proponer un reparto social del agua