En su reunión del martes 25 de julio, la Mesa del Parlamento de Andalucía, presidida por Jesús Aguirre, ha denegado la solicitud de prórroga presentada por la promotora de la Iniciativa Legislativa Popular para la reducción de las ratios escolares en Andalucía.
Conforme a la ley andaluza, los ciudadanos y ciudadanas que quieran llevar al Parlamento la discusión sobre una cuestión tienen seis meses para recoger cuarenta mil firmas. En esta ocasión, la Junta Electoral de Andalucía sólo les ha dado un poco más de cuatro meses. Esa irregularidad se ha resuelto en todas las ocasiones anteriores concediendo, conforme prevé la ley, una prórroga de dos meses. Esta vez, por primera vez en su historia, la Mesa ha rechazado la solicitud de prórroga, provocando con ello el incumplimiento de la ley y un severo recorte en los derechos de la ciudadanía implicada en la iniciativa.
A juicio de la Comisión Promotora de esta ILP se trata de un intento claro de evitar que en el Pleno del Parlamento los partidos tengan que votar si están o no a favor de la reducción de las ratios educativas en los centros públicos de Andalucía. Pese a ello, la Comisión, que ya tiene contabilizada más de 35.000 firmas hará un esfuerzo para conseguir las que faltan antes del próximo día 11 de agosto en que acaba el plazo para presentarlas. Al mismo tiempo, sus servicios jurídicos están trabajando en la redacción de un recurso de amparo para impugnar una decisión totalmente arbitraria y que se presentará en las próximas semanas ante el Tribunal Constitucional.
En la iniciativa legislativa popular participan más de 30 colectivos y organizaciones del sector educativo, incluyendo sindicatos y asociaciones de familias. En su texto se propone la reducción del número de alumnos y alumnas en las aulas de todos los niveles educativos, así como el establecimiento de una ratio máxima adecuada para la atención a la diversidad y al alumnado con necesidades educativas especiales.
Conforme a la ley 5/1988 de Iniciativa Legislativa Popular de Andalucía, una vez que se admite la proposición popular, la Comisión Promotora presenta ante la Junta Electoral los pliegos necesarios para recoger las firmas, que le han de ser devueltos sellados en 48 horas. En esta ocasión, sin embargo, tras haberse admitido la proposición el 11 de febrero, la Junta Electoral ha cambiado el procedimiento y ha asumido por sí misma la elaboración de dichos pliegos… y solo los entregó el 14 de marzo de 2022. Así que los promotores sólo han dispuesto de poco más de cuatro meses y medio para recoger las 40.000 firmas necesarias. Aún así, en un esfuerzo titánico, en este momento ya hay unas 35.000 firmas debidamente certificadas y custodiadas en las sedes de la Comisión Promotora.
La Comisión esperaba que en esta ocasión se cumpliese la ley y que, como en casos anteriores, se concediese la prórroga de dos meses. En ese sentido se han pronunciado los servicios jurídicos del Parlamento, cuyo criterio los miembros de la Mesa han ignorado deliberadamente. De ese modo, la Mesa del Parlamento, siguiendo a su Presidente, ha coartado un derecho fundamental básico de la ciudadanía. Frente a ello, la Comisión Promotora va a interponerse ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por vulneración del derecho de participación política del art. 23 de la Constitución, que ya se está elaborando. Al mismo tiempo, va a lanzar una campaña -a la que pide que se sumen todos los colectivos, asociaciones y partidos políticos- para que en los días que queden se consigan firmas de sobra para lograr que el Parlamento debata finalmente la bajada de la ratio en los centros escolares públicos.
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