Por Alberto Hernández
Como ya adelantamos la semana pasada, las auxiliares de ayuda a domicilio arropadas por el sindicato CTA, se manifestaron en el Bulevar del Gran Capitán para luchar por sus derechos laborales. Con pancartas que señalaban la bajada de las cotizaciones o que la empresa Atende obliga a trabajar más de 10 horas diarias y portando un ataúd haciendo referencia al estado en el que la ayuda a domicilio se encuentra en la provincia.
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Mari Paz Ruiz Relaño, delegada sindical y miembro del Comité de Empresa por CTA, tomó la palabra y explicó que la concentración se trataba de una respuesta ante todos los abusos laborales que están sufriendo las auxiliares. «Empezaron a llevar el servicio el 1 de septiembre del año pasado, con lo que llevan 5 meses prestando el servicio. En este tiempo han incumplido sistemáticamente el pliego de condiciones del convenio», afirmó Ruiz que a continuación expuso algunos de estos incumplimientos que «hicieron sin pudor desde el primer día»:
- No rebajan la jornada a 38,5 horas a la semana como establece el convenio.
- Algunas compañeras trabajan más de 10 horas diarias.
- Obligan a trabajar más horas de las que tienen en su contrato.
- Los permisos retribuidos no los conceden y no dan los 5 días que se establece en la ley al igual que no existen los 4 días retribuidos por fuerza mayor.
- Parten las jornadas, haciendo jornadas parciales.
- No respetan las 48 horas de descanso semanales.
- No cumplen con el descanso compensatorio al trabajar un festivo.
- Descuentan desayunos y desplazamientos en cualquier licencia cuando es en tiempo de trabajo.
- No respetan la desconexión digital, llaman indiscriminadamente a las compañeras hasta las 10 de la noche.
- Todavía están trabajando sin actuaciones de los usuarios, algo que CTA ya trasladó al Ayuntamiento.
- Hacen un uso abusivo e ilegal de la bolsa de horas de las compañeras (que es así como llaman a la gestión de horas sobrantes de las trabajadoras).
- El sueldo base está por debajo del SMI.
La delegada también explicó la precariedad laboral que sufren. De una plantilla de 1542 auxiliares a jornada completa solo el 20%, 1221 lo están a jornada parcial. «Somos un sector feminizado que ya no podemos soportar más abusos y más perdidas de derechos por parte de las empresas multinacionales privadas como el caso de Atende, filial de Clece, cuyo dueño es Florentino Pérez y solo vienen a hacer negocio y a ganar lo más posible a base de pisotear los derechos de las trabajadoras», señaló Ruíz que también afirmó que «todo esto no pasaría si la gestión del servicio fuera pública y ese dinero repercutiera en la ciudadanía; en las trabajadoras y en los usuarios».
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Francisco Moro, secretario provincial de CTA en Córdoba, también presente en la concentración admiró el esfuerzo a los manifestantes. «Estáis demostrando unidad y fuerza a la altura de las agresiones que la empresa está llevando a cabo», destacó el secretario, que agradeció la presencia de las compañeras de Doña Mencía, La Rambla, Aguilar, Montilla y Peñarroya por haberse sumado a la concentración, así como a los compañeros de ambulancias, de Sureña y algún pensionista.
«Las empresas están pagando el SMI por debajo de lo que deberían. No están pagando lo que os corresponde. Lo grave es que hace un año se negoció un convenio regional dónde se estipulaba que se pagaría en diciembre y tampoco se ha pagado.» detalló Francisco Moro, el cual afirmó que no solo se equivocan en una nómina, «ellos sistematizan el robo a las trabajadoras. Incluso con sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. la incumplen. Las empresas de Florentino Pérez en España no tienen ley, tienen el permiso de los juzgados e instituciones para que sigan robando a los trabajadores y trabajadoras». Debido a todo esto para el secretario «el único camino es la movilización y la huelga».
Por último, Moro señaló que «este contrato, de unos 208 millones de euros, es el mas grande del Ayuntamiento, pero el consorcio no toma la responsabilidad de vigilar y que se cumpla la normativa laboral. La inspección de trabajo mira para otro lado. Esto se produce por la degradación que existe de la instituciones de la inspección de trabajo, adjudicadora, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado. Están en contra de los trabajadores y a favor de los ´Florentinos Perez´».
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