La desorbitada subida del recibo de la luz que se ha evidenciado estos días y que ha provocado un malestar ciudadano generalizado y clamoroso ha provocado que las Marchas de la Dignidad vuelvan a salir en público criticando esta situación repetida por desgracia varias veces en el último año. Para este colectivo, esta realidad responde «a un modelo del sistema energético concebido a la medida del lobby eléctrico y que tiene como única motivación generar unos beneficios obscenos para estas compañías, que de forma muy eficaz han penetrado todas y cada una de las instituciones del estado, bien colocando en los parlamentos y los bancos azules a sus directivos, bien cooptando a los políticos cesantes para situarlos en sus consejos de administración«.
Sin embargo, las reformas que se anuncian por parte del gobierno son, a juicio de las Marchas, tímidas y con unos plazos para su aplicación insoportables, ya que la gravedad de la estafa de las eléctricas exigiría actuaciones inmediatas, vía decreto, para cortar la sangría que el uso de un servicio básico como es el suministro de electricidad supone para la ciudadanía.
Al igual que ya hicieron en el pasado mes de enero, cuando se produjo este mismo fenómeno de encarecimiento del recibo de la luz, las Marchas de la Dignidad exigen una reforma inmediata del sistema eléctrico que evite este auténtico expolio de las rentas de la ciudadanía en beneficio del lobby eléctrico, reforma que, entre otras medidas de mayor calado debería incluir:
- La reducción del coste del Término de Potencia en el recibo de la luz.
- Una reducción del primer tramo del consumo de energía que favorezca a los pequeños consumidores y a las pequeñas consumidoras y que incentive el ahorro y la austeridad en el uso de la energía.
- Una reducción del IVA aplicado al consumo residencial de electricidad, pues éste debe ser considerado como un bien esencial de primera necesidad.
Entienden también que el gobierno del estado debe romper el oligopolio con la puesta en marcha de una empresa eléctrica pública que amortigüe el poder acumulado por el lobby y permita el control de un sistema en el que la fuerte presencia de lo público equilibre el mercado en favor de las rentas bajas y los pequeños consumidores, iniciativa que nos permitiría avanzar hacia la nacionalización del suministro de energía eléctrica, pues es un sector estratégico de la economía.
En esta misma línea, las Marchas de la Dignidad vuelven a exigir al Ayuntamiento de Córdoba que ponga en marcha una empresa municipal para la comercialización de la energía que consuma el propio ayuntamiento y que preste servicio también a la ciudadanía, una experiencia que ha demostrado su eficacia en otras ciudades como Cádiz y Barcelona. Esta empresa municipal sería además la responsable de implementar energías renovables que permitan un suministro de energía limpia para la totalidad de los consumos del Ayuntamiento y sería responsable también de la puesta en marcha de mecanismos de fomento del autoconsumo eléctrico con energías renovables por parte de las familias, de manera que en las dos próximas décadas, dicho suministro sea cien por cien renovable en todo el municipio. Este era en resumen el contenido de la moción propuesta por las Marchas a los grupos municipales que lamentablemente ninguno de ellos tuvo a bien asumir como propio.
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