- Se demuestra así, por proximidad ideológica y por compromisos, la influencia de VOX en el cogobierno andaluz
- Las políticas negacionistas se instalan en las instituciones gobernadas por PP y C’s, y apoyadas previo compromisos pactados con la formación ultraderechista.
- Aunque el recorrido jurídico, salvo «sorpresa», debe ser nulo, vuelve a amenazarse a servidores públicos de la enseñanza.
Con fecha de 22 de noviembre de 2019 el Director General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, envió una circular a los Centros Educativos, instándolos a celebrar actividades “en defensa de la igualdad y contra la violencia de género” ya que “el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, designado como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999”.
En el marco de esta conmemoración, en el conjunto de los Centros Educativos andaluces se han realizado, con toda normalidad, distintas actividades al respecto, ya que “la educación es el pilar básico para formar a las generaciones presentes y futuras sobre un modelo igualitario de mujeres y hombres.”
Hasta aquí todo es normal: es una efeméride más, de entre las señaladas en el calendario escolar. Sin embargo, en la localidad de Baena, Córdoba, la familia de un alumno escolarizado en 2º curso de la ESO, en el IES Luis Carrillo de Sotomayor, ha presentado denuncia contra su profesorado, habiendo sido citado a declarar el tutor el próximo miércoles, 18 de diciembre, a las 10 horas, ante el Juzgado de Instrucción de dicha localidad.
El sindicato USTEA ha querido, mediante nota de prensa, «mostrar su solidaridad con toda la comunidad educativa del Centro y, especialmente, con las personas afectadas por estos hechos».
Desde USTEA se mantiene una total confianza en que las actuaciones judiciales serán archivadas o incluso deberían haberlo sido ya. Entienden que no tiene recorrido jurídico alguno, «ya que la actuación de los profesionales está amparada tanto por la circular antes citada como por distinta normativa de mayor rango«.
USTEA manifiesta que «las y los docentes, por tanto, no es que puedan trabajar en el aula la igualdad entre mujeres y hombres y sensibilizar contra la violencia machista, es que es un deber». Las referencias normativas que obligan a ello son numerosas:
- La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, y el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual son fines de todas etapas educativas establecidos en la propia Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE/LOMCE).
- Los Reales Decretos que regulan los currículos tanto de Primaria como de Secundaria y Bachillerato, (RD 126/2014 y RD 1105/2014) establecen para todas la etapas la igualdad efectiva entre mujeres y hombres como uno de los objetivos generales, como un elemento transversal junto con la lucha contra la violencia de género e insta a las administraciones públicas a desarrollar actividades para concienciar por la igualdad y contra la violencia de género. Además es este un tema a trabajar en algunas materias y/o áreas tales como Ciencias de la Naturaleza, Valores Éticos, Educación para la Ciudadanía, Filosofía, etc. En secundaria uno de los objetivos de la etapa es el de “rechazar comportamientos sexistas” (art. 11 RD 1105/2014) y uno de los elementos transversales es el de evitar “comportamientos sexistas y estereotipos que supongan discriminación” (art. 6.2 RD 1105/2014). Igualmente, la materia de valores éticos recoge como objetivos para toda la etapa de la ESO “reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres”.
- Amparándose en las disposiciones de los Reales Decretos mencionados, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía desarrolló el Plan de Igualdad que ya va por su segunda edición y que tiene por objetivo hasta 2021, entre otros, “Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género.”
Por todo lo anterior, y a pesar de las argucias de la ultraderecha política y social, las familias no pueden modificar el currículo educativo de sus hijos/as a voluntad, pues es obvio que el currículo de las materias viene establecido por la normativa legal al respecto.
Precisamente, USTEA entiende que la aprobación de un «pin parental», a propuesta de VOX, según el cual los padres podrán autorizar expresamente sobre cualquier actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad, que puedan resultar intrusivas para la conciencia y la intimidad del alumnado, va en la línea de lo ocurrido en Baena. El sindicato, sin embargo, entiende que «ese pin parental no existe, pues los contenidos y programas, establecidos en el curriculum escolar de las distintas etapas educativas, no se sirven “a la carta”. Quien quiera educar a su hijo o hija “a la carta” deberá plantearse hacerlo en su propia casa, si es que tiene conocimientos y autorización para ello«.
Es obvio que se está viviendo ya en un nuevo clima de “caza de brujas” en los Centros Educativos, particularmente en las CC.AA. donde VOX sostiene a gobiernos formados por PP+Cs. Parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo corresponde al propio gobierno de la Junta de Andalucía y a su titular de Educación, al asumir propuestas absolutamente disparatadas de VOX, como la inclusión de la caza en el curriculum escolar, por citar un solo ejemplo.
Lo ocurrido en la localidad de Baena es grave. No por las consecuencias jurídicas de la denuncia, ya que se espera que no tenga recorrido alguno, sino «porque estamos viviendo, como consecuencia del nuevo clima político y, especialmente desde la irrupción de VOX, un ambiente propio del Maccartismo y la persecución, generalizable a otros territorios, pero especialmente en los que VOX sustenta al gobierno, como es el caso de Andalucía; es cierto que este hecho supone, al menos que USTEA tenga conocimiento, la primera denuncia de una familia sobre contenidos o actividades escolares que considera inadecuados, pese a venir expresamente recogidos en el curriculum«.
USTEA «conmina a una rápida y contundente actuación de la autoridad educativa, que corte de raíz comportamientos amedrentadores, totalmente inadmisibles en el marco de las relaciones de cooperación por las que debe regirse una comunidad educativa, donde deben primar los valores de la tolerancia, respeto y reconocimiento mutuo del papel que cada cual juega en la educación de la próxima generación de ciudadanos y ciudadanas«.
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