El viernes 18 de septiembre CCOO, CGT, CNT, Frente de Estudiantes y CODAPA (Confederación Andaluza de AMPAS) convocó una jornada de huelga cuyo seguimiento fue desigual, aunque la Delegación de Educación de Córdoba llegó al ridículo más espantoso a la hora de despreciarla, dando datos que, un rato después de facilitarlos, fueron puestos en evidencia por el IES Gran Capitán, al mostrar en el programa Séneca que las personas que hicieron huelga en dicho instituto ya fueron más que las anunciadas por la Delegación.
El motivo de dicha huelga sigue vigente, en virtud de lo que estamos contemplando en los primeros caóticos días de inicio escolar: un retorno seguro a las clases presenciales, con la contratación de más profesorado, la bajada de ratio en las aulas y reforzar las medidas de higiene en los centros educativos con la contratación de más personal de limpieza.
Desde tres días antes, el 15 de septiembre, el sindicato Docentes por la Pública (DxP), tiene convocada una huelga educativa indefinida en la que reivindican:
- Disminución de las ratios hasta asegurar la posibilidad de una distancia social en las aulas de 1,5 metros.
- Incremento de la contratación del profesorado para hacer posible dicha ratio.
- Desde 3º de la ESO, se podría hacer enseñanza semipresencial, dividiendo los grupos. Incrementando el profesorado que fuera necesario.
- Asegurar que la limpieza de los centros es la adecuada.
- Dotar a los centros de la posibilidad de higiene personal adecuada a estas circunstancias.
- El profesorado declarado de alto riesgo por los comités de Salud Laboral y prevención de Riesgos Laborales, y para el que este organismo recomienda la modificación de las condiciones laborales, deberá ser objeto de dicha modificación y en el caso de no poderse realizar, deberían asignársele otras tareas o que pasaran a la situación de Incapacidad Temporal.
- Tener un protocolo claro y dotar los medios necesarios para que el alumnado y el profesorado puedan, en caso necesario, realizar adecuadamente la tele-enseñanza.
- Posponer el inicio del curso escolar 2020/2021 hasta que la Consejería de Educación y Deporte no garantice a todos y todas los/as integrantes de la comunidad educativa una vuelta a las aulas en las condiciones higiénico sanitarias necesarias para garantizar la seguridad y la salud de todos ellos, en las mismas condiciones que se exigen con carácter general a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas andaluces/as.
Puri Jáimez, docente del CEIP “Andalucía” de Posadas, es una de las 500 docentes en huelga indefinida y ha tenido la amabilidad de contarnos la situación que vive la educación andaluza. Un profesorado que ha dicho ¡basta!, que quiere clases presenciales, pero con todos los recursos y las medidas de seguridad necesarias porque está en juego la salud del alumnado, de sus familias, del profesorado y del personal de administración y servicios.
Puri, al igual que el sindicato Docentes por la Pública, se pregunta cómo es posible que en plena segunda oleada de la pandemia de Covid-19 haya colegios en Andalucía con ratios ilegales. Una situación que, además, no es nueva, pues llevan años denunciando estas aulas que superan la ratio legal (más de 25 en Infantil y Primaria, más de treinta en la ESO y más de 35 en Bachillerato), pero que, en la situación actual supone un riesgo añadido para la salud.
Familias de centros como el CEIP Caballeros de Santiago y Algafequi de la capital cordobesa han estado todo el verano llevando a cabo acciones en protesta por la pérdida de unidades, como hemos difundido desde Paradigma Media. Las AMPAS de estos centros se han reunido con la delegada de educación de Córdoba, Inmaculada Troncoso; con el consejero de educación, Javier Imbroda; con dirigentes del PSOE y de Adelante Andalucía y con el Defensor del Pueblo, pero esos encuentros no han resuelto el problema.
En la provincia de Córdoba hay familias de centros educativos que están llevando a cabo protestas por la supresión de líneas. Es el caso del colegio García de Leaniz de Moriles donde han perdido dos unidades y una maestra de apoyo en Infantil o el CEIP Nuestra Sra. de los Remedios de Zuheros, cuyo AMPA denuncia que tienen el mismo número de niños y niñas que el curso pasado pero una unidad menos, lo que ocasiona aglutinar más alumnado en un mismo aula.
Por otro lado, Puri Jáimez nos habla de una realidad que ni siquiera muchos padres y madres conocen: los costes del material de protección son asumidos por los propios docentes cuando los presupuestos de los colegios no dan para ello, ya que la Consejería desvía el dinero público para que la enseñanza privada concertada sí pueda dar respuesta a esas necesidades. En el caso del profesorado, se surte a sí mismo de mascarillas FFP2 para protegerse y proteger a su alumnado, con un coste mínimo de 25 € al mes, rebuscando el comercio más barato donde se suministren. Para los colegios que asumen el gasto en geles hidroalcohólicos, líquido para la desinfección de mobiliario, papeleras con tapa, etc. se produce una merma en el presupuesto destinado a otros recursos necesarios en el centro.
Especialmente importante es el tema de la tele-enseñanza porque, según asegura nuestra entrevistada y es algo que todas y todos hemos visto a nuestro alrededor, no se facilitan los medios necesarios para ello. “¿Quién pone los dispositivos para que, tanto profesorado como alumnado, pueda seguir una tele-enseñanza? ¿Quién asegura el pago de internet a todas las familias para que todas puedan tener acceso a esas clases online? Y, por último, ¿quién puede hacerse cargo de la educación escolar en casa de esos niños y niñas? Al final las peores paradas en esta crisis del Covid-19 son las mujeres, por la falta de soluciones concretas para posibilitar la conciliación familiar, sin tener que pasar por reducciones de jornadas o excedencias, que son solicitadas en su mayoría por ellas, las mujeres“. A esto se le suma que según un Informe del Instituto de la mujer, En España las mujeres representan el el 51% del personal médico, el 84% de enfermería, el 72% en farmacia, el 82% en psicología y un 84% del personal que trabaja en las residencias de mayores y personas dependientes, donde se han dado las peores cifras de fallecimientos y contagios. El informe hace referencia a profesionales imprescindibles, mujeres en su amplia mayoría y que están en primera línea de contagio.
En resumen, como siempre, las más vulnerables son las más perjudicadas: además de las mujeres, el alumnado con necesidades educativas especiales y el alumnado procedente de familias con escasos recursos.
Pero Puri, en un baño de realidad que nos aporta y que queremos desde Paradigma hacer extensivo a toda la población, nos traslada las preguntas que ella califica como “surgidas de las incoherencias vividas en el día a día”:
“¿Por qué en unos lugares: farmacias, bancos, centros de salud, oficinas de atención al público de orden administrativo, reuniones, etc., hay restricciones a rajatabla en cuanto a número de personas y distancia social y, en la escuela, aunque haya restricciones, se incumplen? Más que nada porque resulta imposible cumplir 1,5 metros entre niños-as por falta de espacio o porque la Consejería no ha querido desdoblar clases o habilitar otros espacios y contratar más personal. Incomprensible.
Y otras más dolorosas para quienes están haciendo la huelga indefinida, que ha supuesto una apuesta total por lograr el objetivo, a costa de anular sus ingresos económicos mientras tanto: “Tras comprobar que esto no se resuelve con un solo día sino con más presión y con la esperanza de provocar el efecto dominó en el resto de los compañeros y compañeras, nos preguntamos: ¿por qué no se une más profesorado a la huelga indefinida? ¿Acaso piensan que yendo a trabajar como si no pasara nada se va a solucionar todo automáticamente? Les están sacando las castañas del fuego a la Administración, pero el problema sigue ahí y es que, por mucha voluntad que le pongan, hay medidas de seguridad que es imposible llevarlas a cabo por mucho que se empeñen y este problema es la Administración y solo la Administración quien tiene que dar solución y ésta no va a mover un dedo si no presionamos toda la comunidad educativa en masa“.
Y va más allá en este análisis, tan real como crudo: “¿Y los sindicatos? ¿Dónde está su posición de beligerancia contra la Administración ante algo tan grave para nuestra sociedad como es el deterioro de la escuela pública y el riesgo a enfermar de toda la comunidad educativa por no tomar las medidas oportunas? ¿Qué temen? ¿Quién exige? ¿Quién nos defiende?”
Para Jáimez hay un solo sindicato, Docentes por la Pública, que ofrece la oportunidad de protesta más contundente contra la Administración, con una huelga indefinida para que, de una vez, se garantice una educación presencial con seguridad. Y pide que profesorado y familias vayan en esa dirección al unísono.
Puri comenta que el profesorado es consciente de que, en toda esta crisis de pandemia, el alumnado con necesidades educativas especiales y/o procedentes de familias humildes es el más perjudicado. Son quienes más necesitan la educación presencial con todas las garantías y no las han tenido durante el confinamiento, ni las van a tener ahora. “¿Quiénes luchan por estos niños y estas niñas? Tendrá que ser el profesorado el primero que esté al pie que es el que sabe de su problemática, ¿no? ¿O esperamos que todo el mundo esté al tanto de los problemas de este sector social más necesitado, cuando sabemos que precisamente este tipo de personas son invisibilizadas por la mayoría de los políticos y por los medios de comunicación? ¡Alguien tendrá que prestarle voz si ellas no la tienen, no son escuchadas o no saben cómo hacerse escuchar! ¿Qué somos maestros y maestras o pasamos simplemente por la escuela de casualidad?”
Un relato descarnado por lo que sabemos de real, que están sufriendo las personas que educan a nuestros hijos e hijas, que han echado jornadas dobles durante el confinamiento, que no han tenido verano en la inmensa mayoría de los casos luchando contra la pandemia y contra la administración que hace evidente dejación de funciones y responsabilidades, poniendo “a los pies de los caballos” a estas y estos docentes a los que quiere hacer responsables de su ineptitud y abandono de su obligación: dotar de recursos suficientes para la seguridad y la educación de toda la comunidad educativa.
Este artículo tendrá continuación mañana lunes, a las 19’00 horas en un especial Charlemos en el que, además de Puri, intervendrán dos docentes en activo más, José María Figueroa del IES Averroes, Isabel Mateos, del IES “La Soledad” de Villafranca, y la profesora jubilada María Jiménez, que a pesar de ello sigue en el activismo educativo y social. Este programa se podrá seguir a esa hora en esta misma página o en www.radio.paradigmamedia.org.
En estos casos es cuando tienen que trabajar al unísono los distintos sindicatos para poder conseguir lo que se pretende, que no es otra cosa que mirar por el bienestar del alumnado y profesorado con medios suficientes y así poder luchar contra el covid 19.
El sindicato USTEA también convocó la huelga deln18 de septiembre. Dicho sindicato es el que tiene mayor representatividad en la enseñanza pública andaluza de los sindicatos que convocaron.