Los centros escolares cierran en estos días las plantillas para el próximo curso y se confirma la tendencia de la que USTEA viene alertando en los últimos meses, con la supresión masiva de aulas públicas, la generalización de ratios ilegales, la proliferación de aulas mixtas y la extensión de los conciertos educativos. USTEA ya ha anunciado que prepara acciones legales contra estas prácticas que considera ilegales.
El próximo curso, la red de centros públicos volverá a perder decenas de clases, más de 300 según los datos que ha podido recabar el sindicato por sus propios medios, ante la opacidad y falta de información por parte de la administración educativa.
Este recorte de 300 clases, se suma a las 1.457 clases suprimidas en la pasada legislatura, con lo que el recorte de aulas en la Educación Pública andaluza, desde la llegada al poder de Moreno Bonilla, se acercaría a las 2.000.
La supresión masiva de clases en la red de centros públicos provoca graves consecuencias en los colegios públicos, como el recorte de personal docente y de los recursos para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
En un número de casos cada vez mayor, la supresión de clases se impone a través de la creación de aulas mixtas, en las que convive alumnado de distintas edades, lo que supone la amenaza real de desaparición de centros completos a medio plazo. La proliferación de aulas mixtas en las ciudades y localidades medianas y grandes supone un importante perjuicio al funcionamiento de los colegios, pero la amenaza es aún mayor en el mundo rural, pues supone un deterioro de la calidad de la enseñanza que afecta, precisamente, a las zonas más castigadas de la Andalucía vaciada.
Junto al recorte de clases públicas, la Consejería de Desarrollo Educativo ha establecido la generalización de ratios ilegales, tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria. Según la legislación estatal vigente, las clases en los colegios no pueden superar los 25 alumnos y alumnas, mientras que en Secundaria este tope máximo está en 30. La Consejería ha informado a sus delegaciones territoriales de que no se autorizará el desdoble de clases hasta superar los 29 alumnos y alumnas en Primaria y 34 en ESO. Esto quiere decir que el curso comenzará en decenas de centros educativos de toda Andalucía con ratios ilegales, por orden expresa de la propia Consejería. Los servicios jurídicos de USTEA se encuentra estudiando ya medidas legales contra esta práctica que se pondrán en marcha próximamente.
USTEA denuncia que estos datos desmienten las afirmaciones de los responsables de la Consejería de Educación y sus delegaciones provinciales que, en los últimos años, vienen repitiendo insistentemente que “sobran” plazas escolares y que la “ratio media” está descendiendo, todo ello como consecuencia de la bajada de natalidad. El descenso demográfico está sirviendo como excusa para reducir la red de centros públicos, mientras se generalizan y normalizan las ratios ilegales, al tiempo que se extienden los conciertos educativos.
Hace tan solo unos días se publicó la resolución provisional de creación y renovación de conciertos educativos. Frente a la supresión masiva de aulas públicas, esta resolución confirma que la red de centros concertados no solo no pierde unidades escolares, sino que las aumenta, con la puesta en marcha de nuevos conciertos en todos los niveles educativos, incluyendo los postobligatorios como Bachillerato y FP y, en particular, en educación especial. Así, se establecen nuevos conciertos de aulas de educación especial en centros privados de todas las provincias: Nuestra Señora de los Milagros (Almería), María Auxiliadora (Cádiz), Trinidad (Córdoba), Escolapios (Granada), SAFA-Funcadia (Huelva), Pedro Poveda (Jaén), Nuestra Señora de la Victoria (Antequera, Málaga) o el colegio Claret de Sevilla.
Para USTEA, la política educativa del gobierno de la Junta va claramente dirigida a favorecer a los centros privados, a través de la extensión de los conciertos, en detrimento de la Educación Pública que sufre una continua sangría de unidades escolares y recorte de recursos humanos y materiales.
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