• El sindicato USTEA acaba de emitir una nota de prensa en la que denuncia la reducción de unidades educativas en los centros cordobeses para el próximo año, que, desde 2011, van ya por casi 200 aulas de infantil y primaria en su mayoría.
• Expresan su apoyo a profesorado y madres y padres de alumnado. Se están dando casos críticos en los que la privatización encubierta es escandalosa.

Escolarización: Nuevas supresiones en Córdoba

Desde USTEA-Córdoba queremos manifestar todo nuestro apoyo al profesorado, a las madres y padres, a las AMPAS y directivas de los centros de la provincia de Córdoba que se van a ver afectados por la reducción de unidades educativas en sus centros durante el próximo curso. Así mismo, USTEA se posiciona rotundamente en contra de estas supresiones y reafirma su apuesta por la Educación Pública. La supresión de unidades públicas en la provincia de Córdoba contabiliza, desde 2011, cerca ya de 200 aulas, fundamentalmente en las etapas de infantil y primaria.

AMPAS como las de CEIP Algafequi, de la capital cordobesa temen que, cuando se formalice la matriculación en el próximo mes de junio, se pierda una nueva unidad de infantil (en cursos anteriores ya se perdió una) y una unidad en primaria. En el caso del CEIP Lucano, en el mismo barrio de la Fuensanta, la directiva califica el estado del centro como “crítico” con tres aulas mixtas, es decir, con agrupamientos de alumnado de cursos distintos.

En Baena, paradigma del fenómeno de la privatización del servicio educativo en una ciudad media en la provincia de Córdoba, la privada concertada copa prácticamente el 70% del alumnado admitido en dicha localidad durante el período de escolarización. No podemos olvidar que la red privada-concertada debe ser subsidiaria de la red pública y no viceversa. Estos centros concertados, que se concentran en las grandes y medianas ciudades andaluzas se desentienden de atender las zonas rurales donde el coste es mayor y no existe beneficio económico. En los centros públicos de zonas saturadas de concertada como es la localidad de Baena, en el CEIP Juan Alfonso de Baena, la directiva mantiene la esperanza de recuperar unidades que provisionalmente tienen muchas posibilidades de ser eliminadas tras la culminación del proceso de escolarización. En el CEIP Virrey del Pino, de la misma localidad, mantienen cierta intranquilidad al estar al límite de ratio para poder garantizar el mantenimiento de las unidades que actualmente tienen.

Estos casos son significativos, ya que tanto en Baena, como en la barriada de la Fuensanta en Córdoba capital, la pérdida de unidades se concentran únicamente en los centros públicos, mientras que los centros concertados y privados que los rodean siguen blindados. Además, estos centros lanzan campañas de captación, que hacen que los centros públicos compitan en desigualdad de condiciones por falta de medios.

Especialmente sangrante es el caso del CEIP José de la Torre y el Cerro, en Córdoba capital, que a principios de este curso perdió una unidad (uniendo infantil de 3 y 4 años). Es imposible que esta situación se revierta si las vacantes que la Delegación Territorial autoriza para el próximo curso en infantil de 4 años son 0. En este caso hay familias que quieren traer a sus hijos e hijas tras probar otros centros y les es imposible, ya que no hay oferta ni posibilidad de retorno. Esa es la otra cara de este proceso de privatización del servicio educativo: la irreversibilidad del mismo.

Denunciamos, pues, la constante disminución de aulas en la red pública mientras que la red concertada ha aumentado en estos últimos años; la falta de oferta para que la escolarización  sea posible en determinadas zonas hace más escuálida la red pública en determinados territorios como los señalados en Fuensanta, en la capital, y en Baena, como síntoma de este fenómeno en una ciudad media; a ello se suma la falta de fomento de servicios complementarios básicos que favorezcan la conciliación familiar como aula matinal o comedor escolar, lo que contribuye a deteriorar el servicio público.

La bajada en la matriculación, en lugar de ser un pretexto para la supresión de unidades, debería ser considerada por la administración como una oportunidad para bajar las ratios y proporcionar una mejor atención a nuestro alumnado, sobre todo en zonas dominadas por la oferta privada concertada, donde no podemos permitir que el deterioro del servicio público se agudice aún más. La bajada de las ratios máximas, demanda histórica del profesorado, es clave para una educación de calidad. En vez de permitirlas, incluso como medida extraordinaria en zonas saturadas de oferta privada-concertada donde no se debería permitir que el deterioro del servicio público se haga un fenómeno irreversible, vemos como se cierran unidades en la educación pública mientras que en la concertada no hacen más que aumentar.

Hasta ahora los efectos de esta política se ven reflejados principalmente en infantil y primaria, pero este fenómeno también llegará en breve al resto de las etapas educativas, la secundaria e incluso la post-obligatoria, con el anuncio del nuevo gobierno de la Junta de la extensión de los conciertos a dicha etapa, en los próximos años.

En USTEA-Córdoba seguiremos recogiendo datos de centros que pueden verse afectados y desde aquí anunciamos que apoyaremos cuantas movilizaciones surjan promovidas por AMPAS, directivas, profesorado o desde la comunidad educativa en general.

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