USTEA lleva años denunciando que la política de escolarización del gobierno de la Junta provoca la supresión masiva de aulas en la educación pública de Andalucía que, desde la llegada al poder de Moreno Bonilla, ha perdido ya 1.943 clases.

Según los datos recogidos por el sindicato, la red de centros públicos perderá el próximo curso otras 600 aulas, por lo que el recorte se acerca ya a las 2.600 unidades escolares públicas. El próximo curso se clausuran además tres centros completos: el  Duque de Rivas y el Alfonso Churruca de Córdoba, y el Adolfo de Castro de Cádiz. Esta importante reducción de aulas en la red de centros públicos supone la disminución de recursos en los centros y también la pérdida de miles de puestos de trabajo docentes.

La normativa que provoca esta situación es el decreto de escolarización vigente, cuya publicación ya provocó una huelga general educativa en 2020. Este decreto permite que la oferta inicial de plazas en los centros públicos se haga en base a un cálculo a la baja, antes de iniciarse el proceso de escolarización y por tanto, previo a conocer la demanda. Sin embargo, esto no ocurre en los centros concertados que, además, se ven beneficiados al recoger la matrícula de las familias que solicitan en primer lugar un centro público, en el que no obtienen plaza. Existen multitud de ejemplos de esta práctica de recorte de clases a priori, como es el caso del CEIP San José Obrero de Jerez que solo tenía autorizada una clase de 25, aunque recibió 38 solicitudes. La movilización de la comunidad educativa ha logrado que, en esta ocasión, la Consejería autorice una segunda clase de infantil. No han tenido la misma suerte otros colegios públicos, como el Manuel Alonso de Alcalá de Guadaira, el Alfonso de Orleans de Utrera, el Teodosio de Sevilla, el José Garnica de Alcalá la Real o el Prácticas de Huelva, a los que no se abre una segunda unidad escolar de infantil aunque la demanda supera ampliamente las plazas autorizadas.

El recorte de aulas a priori, generalizado en los últimos años en infantil y primaria, está empezando a aplicarse también en secundaria. Como ejemplo, el IES Vicente Aleixandre de Sevilla, que aunque cuenta con 68 alumnos en 4º de ESO, ha enfrentado la escolarización sin una sola plaza ofertada para bachillerato, lo que impide que ninguna familia de su entorno solicite este centro. Esta situación solo se explica como una maniobra para forzar la solicitud en los centros privados de Triana que necesitan matrículas para avalar su pretensión de concertar estas enseñanzas. Prácticas similares han facilitado  el concierto de 22 nuevas aulas de bachilleratos en centros privados de toda Andalucía.

En otros centros públicos, el recorte de aulas se produce después del periodo de solicitud, pero antes de que se produzca la reubicación de alumnado que no ha obtenido plaza en su primera opción. Este es el caso de los colegios José María del Campo o el Vara del Rey, ambos en la zona Triana-Los Remedios de Sevilla capital. En esta misma zona de escolarización, el centro concertado Santa Ana conserva una unidad escolar que no ha recibido ninguna solicitud de matrícula. Situaciones similares se observan respecto a los centros concertados San Juan Bosco de Morón, Santa Victoria de Córdoba, Santa María de los Apóstoles de Jaén, el Ciudad de Linares, la Sagrada Familia de Villanueva del Arzobispo.

Otra de las prácticas que USTEA viene denunciando es la imposición de aulas mixtas, en las que se mezclan niñas y niños de diferentes edades. Esta figura está pensada para situaciones en la que la suma del alumnado de dos cursos consecutivos no supera 15. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que se limita el número de plazas autorizadas para que no sea posible la matrícula en el mismo y provocar así la situación que permite la imposición del aula mixta. De nuevo, esta práctica no se aplica en los centros concertados, en los que por muy bajo que sea el número de solicitudes, no se crean este tipo de aulas. Ejemplos de centros públicos en los que se ha impuesto artificialmente el aula mixta son el Santo Domingo  y el San José de Calasanz de Jaén o los colegios Miralbaida, Albolafia, Obispo Osio y Federico García Lorca de Córdoba. Por el contrario, existen centros concertados en los que las solicitudes llevarían a la creación de aulas mixtas y sin embargo, no se les aplica esta regla, como el CPD San Rafael en Córdoba; o el Protectorado, el Calderón de la Barca o el Beaterio de la Santísima Trinidad en Sevilla capital.

Para USTEA, el cierre de clases públicas es una apuesta política de la Consejería por un determinado modelo de educación que supone la extensión de los conciertos educativos que ganan progresivamente terreno en Andalucía. Frente a este modelo, USTEA reclama la recuperación de las unidades escolares suprimidas y una bajada de ratio en todos los centros y en todos los niveles educativos, para lo que es necesario el aumento de las plantillas docentes. Esta reivindicación ha llevado a la convocatoria de diferentes movilizaciones a lo largo del curso, incluyendo la huelga del pasado 14 de mayo y tendrá continuidad con nuevas acciones, antes del final de curso. Además, USTEA participará en las manifestaciones convocadas para el 1 de junio en defensa de educación y los servicios públicos.

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