Sindicalistas de USTEA en la rueda de prensa tras registrar la denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Ante el continuado incumplimiento de la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y la falta de actualización de procedimientos de protección del personal vulnerable frente a la desfavorable evolución de la pandemia, USTEA ha interpuesto requerimientos de intervención ante inspección de trabajo, así como diversas comunicaciones de deficiencias a las distintas Delegaciones de Educación.

La expansión de los contagios por Covid-19 en Andalucía han sufrido un incremento desmesurado desde el inicio del curso escolar. Así, hasta cuatro de las ocho provincias cuentan una tasa de incidencia acumulada a 14 días superior a 500, siendo especialmente grave el caso de la Provincia de Granada, donde este dato es ya el más elevado de todo el país, superando los 1200 casos por cada 100.000 habitantes.

Ante esta situación epidemiológica, el sindicato USTEA denuncia la situación de riesgo a la que se está exponiendo a las y los trabajadores de los centros educativos, especialmente a aquellos englobados dentro del grupo de personal especialmente vulnerable a la exposición al Covid-19. El sindicato ha podido constatar esta realidad mediante visitas a centros de trabajo por parte de las y los delegados de prevención, que han detectado deficiencias graves en materia de Salud Laboral. Estas deficiencias han sido comunicadas a las Delegaciones Territoriales de Educación correspondientes y, en algunas ocasiones, han desembocado en denuncias ante Inspección de Trabajo. Así, según el Delegado de Prevención de USTEA en Andalucía, Miguel Ángel Castillo, “la administración educativa y el Gobierno de Andalucía miran hacia otro lado ante un riesgo real para la salud e incluso la vida de muchos de sus trabajadores y trabajadoras”.

Una de las situaciones de mayor gravedad afecta directamente a aquellos trabajadores y trabajadoras que, bien sea por padecer patologías previas o bien por sus circunstancias biológicas, forman parte del denominado “personal vulnerable”. El riesgo al que está sometido este personal ha sido evaluado por las correspondientes Áreas de Vigilancia de la Salud en base a unos procedimientos emitidos, tanto por el Ministerio de Sanidad como por la administración andaluza, totalmente desactualizados, que hacen mención a la situación epidemiológica de junio o julio, además de contener criterios con poco o nulo sustento científico, como el de obviar la capacidad de transmisión del virus de los casos asintomáticos y pre sintomáticos, así como negar riesgos específicos asociados a la labor docente, riesgos que si quedan reconocidos en los estudios realizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ante esta realidad, USTEA ha solicitado formalmente la actualización y revisión de estos procedimientos.

Asimismo, para este sindicato se está produciendo un incumplimiento de la legislación vigente en materia de Salud Laboral, en la medida en que la administración no ha llevado a cabo la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo ni está proporcionando los equipos de protección adecuados, tal y como establece la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales. De la misma manera, no han sido evaluadas las condiciones de ventilación de los lugares de trabajo, aún siendo esta variable determinante a la hora de prevenir la transmisión del virus en espacios cerrados, tal y como queda reflejado en la “guía para la ventilación en aulas” elaborada por CISIC-IDAEA, el Ministerio de Ciencia e Innovación y Mesura. Mención aparte requiere el hecho de la imposibilidad de compaginar una adecuada ventilación de las aulas con una condiciones ambientales de temperatura y humedad adecuadas sin que se tomen las medidas y se dote con los medios técnicos oportunos para ello.

Otra de las cuestiones destacadas por USTEA es la falta de transparencia, por parte de la administración educativa, en cuanto a los datos de incidencia del coronavirus en los centros educativos andaluces. En este sentido, esta organización sindical ha exigido formalmente que se publiquen periódicamente todos los datos detallados sobre la situación actual y acumulada en los centros docentes de cada provincia. Esta información es relevante, teniendo en cuenta que, según los datos del propio Ministerio de Sanidad, los centros educativos son el tercer foco de propagación del virus, por detrás del ámbito familiar y del ocio.

No menos grave resulta el hecho de que, según han podido comprobar las y los delegados de USTEA en sus visitas a los centros de trabajo, en algunas ocasiones no se está aplicando correctamente el protocolo de actuación frente a casos Covid en las aulas, provocando situaciones de grave riesgo de contagio tanto para el profesorado como para el alumnado. En este sentido, USTEA pide que se aclaren cuales han sido las circunstancias para que se hayan producido estas inaceptables situaciones.

Además, en un comunicado emitido por este sindicato, se denuncia la secular falta de seriedad e interés por parte de la Consejería de Educación con respecto a los aspectos de la Salud Laboral de su personal, teniendo en cuenta que, tal y como se explica en el comunicado, en la inmensa mayoría de las provincias existe deficiente o casi nulo funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud, lo que se añade a la circunstancia de que el Comité Sectorial de Seguridad y Salud aún no ha sido constituido, pese a estar aprobado desde el año 2014.

Así, USTEA concluye en su comunicado que exige “el cumplimiento escrupuloso de toda la legislación de Prevención de Riesgos Laborales así como la defensa de la salud y la seguridad de todos y todas las trabajadoras, especialmente de aquellos catalogados como personal vulnerable, a los que se les está exponiendo a un grave riesgo para su salud”, añadiendo que “no dudaremos en acudir a la inspección de trabajo, como de hecho ya estamos haciendo, para tratar de poner fin a las situaciones de riesgo y peligro para la salud que, día a día, se viven en los centros educativos”. Por último, el comunicado muestra la oposición de esta organización sindical a que “desde el Gobierno Andaluz y la Consejería de Educación se están anteponiendo criterios económicos a la salud y la vida de sus trabajadores y trabajadoras”.