Desde finales de marzo podemos ver carteles (35.000) en las paradas de autobuses y vallas, escuchar cuñas publicitarias en radio o verlas en televisión, o leer uno del millón de periódicos en papel dentro de la campaña de la Iglesia Católica que, bajo el eslogan “X tantos”, pide a los y las contribuyentes que marquen la casilla de la declaración del IRPF que les adjudica el 0,7% de la cuota a sus arcas particulares.

Dentro de esa campaña emplean una “publicidad específica a gestores y asesores fiscales que hacen la declaración de la renta a los contribuyentes” (según explica la propia Conferencia Episcopal).

Aunque invierta 5 millones de euros en dicha campaña, le sale rentable porque, aunque el 70% de los declarantes no le hizo caso, el año pasado recaudó por ese concepto más de 300 m€.

Europa Laica denunció ante el ministerio la campaña como fraudulenta, por mentir consciente y descaradamente. Sin embargo, hay algo de verdad en sus argumentaciones, que es una “forma sencilla” de colaborar con la Iglesia Católica. Solo poner una X o dos, sin que pongas ni un euro tuyo, atribuyéndote la libertad de decidir con ese simple gesto que un porcentaje del dinero de todos vaya a las cuentas de la Iglesia. Mucho más difícil es “no poner ninguna X” cuando rellenas la declaración online porque, si lo haces así, al terminar de rellenar te salta una alarma diciendo que no la has puesto, convirtiéndose en obligatorio. Por no se sabe qué razones la Agencia Tributaria hizo oídos sordos a la advertencia de Europa Laica y a la solicitud de eliminar dicha alarma y/o restituir la tercera casilla que decía explícitamente “ninguna de las dos”.

Todas las demás argumentaciones de la campaña son falsas y fraudulentas:

• “No te costará nada”: tú no pagas más, pero a ti y a todas las personas, católicas o no, les costará cientos de millones de Euros retirados de los presupuestos públicos, que podrían mejorar los servicios para todos y todas.
• “Las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos”: en realidad sólo decidimos que sea la Iglesia Católica quien decida sobre una cantidad de dinero público.
• “Marcando la X se ayuda a sostener “la inmensa labor asistencial” de la Iglesia: en el propio informe de la Conferencia Episcopal sobre la justificación de la asignación tributaria de 2022 no aparece ninguna dedicación a caritas y en años anteriores apenas dedicaba  6 millones, que supone un escaso 2% del presupuesto total de dicha organización, que controla y dirige totalmente; los centros de acogida (para esa mujer, esa persona con discapacidad o ese inmigrante de los carteles) se mantienen y dejan dinero con los convenios directos con el ministerio correspondiente o con las administraciones locales que les ceden tales servicios; las residencias de personas mayores son en realidad un inmenso negocio, que en muchos casos, como hemos visto durante la pandemia, no tienen la calidad de servicios que correspondería al dinero que reciben y las necesidades de esas personas; la Iglesia por medio de sus diferentes organizaciones se beneficia  de buena parte de la externalización de servicios en todos los niveles de la administración en los ámbitos relacionados con “ayuda social” (comedores, bancos de alimentos, casa de transeúntes..)  o incluso con funciones de reciclaje, utilizando dineros públicos para mostrar su “caridad adoctrinadora”. En realidad, más del 70% de lo recaudado para la Iglesia Católica en el IRPF se destina al mantenimiento del clero, el 2% a labor pastoral, un 7% a “superávit” y un porcentaje muy importante a “otros”, que no definen. Porque no es muy pastoral ni elegante escribir, por ejemplo, los millones dedicados a su TV13 cuya subvención con dinero público había sido denunciada por la propia Unión Europea.
• Marcar la casilla “es decir sí a la libertad religiosa”: precisamente es contrario a la libertad religiosa y de conciencia que haya personas que puedan detraer dinero de todos y todas las contribuyentes, aunque sean de otras convicciones religiosas, agnósticas o ateas para adjudicárselo a su organización religiosa particular.
• Es una “decisión libre y democrática”: la libertad está condicionada por esta propaganda fraudulenta y masiva, y en muchos casos por los propios asesores fiscales que han sido convenientemente “informados” con esa campaña específica.

Las cantidades recibidas por el método de la asignación tributaria en la declaración, siendo tan grandes, no son más que una mínima parte de todo lo que la IC recibe por distintos medios:

• Un estudio de Granada Laica recogiendo sólo las publicaciones de administraciones locales o autonómicas desvela una cifra de 600 m€ de subvenciones con fines concretos distintos.
• 600 m€ de explotación del patrimonio (alquileres, entradas de monumentos, etc…), en su inmensa mayoría inmatriculado, o sea apropiado, siendo de dominio público.
• Casi 6000m€ en subvención a la enseñanza concertada católica, incluyendo las nóminas del profesorado de religión
• 2900 m€ de subvención a la obra social y asistencial y a la atención hospitalaria.
• 340 m€ de subvención a eventos religiosos, salarios de capellanes, etc.
• Unos 2000 m€ de exenciones fiscales (IBI, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, transmisiones patrimoniales, actividades económicas, actos jurídicos, etc.)

Se puede calcular unos 12.300 m€ en 2022.

Teniendo en cuenta estos datos y el enorme patrimonio en gran parte expoliado al dominio público, como la mayor parte de los 100.000 inmuebles inmatriculados por la IC, marcar esas casillas es objetivamente un acto de “Robinhoodismo a la inversa”, quitarle a la pobre ciudadanía una parte del dinero de sus impuestos para ingresársela a una de las corporaciones económica y patrimonialmente más ricas de este país.

La casilla denominada de “fines sociales”, tampoco debería existir. Los fines sociales deben estar contemplados en los presupuestos del Estado y realizados por la administración pública y no puede depender de las subvencionas que reciban unas ONGs, sin conocer los criterios por los que se le adjudican, aunque casualmente una parte muy importante de las que reciben subvención están relacionadas con la IC.

La asistencia social es una cuestión de justicia, no de caridad privada con dinero público.

Por tanto, mientras no se corrija esta anomalía de la casillas 105 y 106, con lo que supone de privilegios a una entidad privada religiosa, mostremos nuestra solidaridad y sentido de la justicia con toda la sociedad, pensando principalmente en las capas más desfavorecidas.  Independientemente de nuestras convicciones o creencias, NO MARQUEMOS ESAS CASILLAS, POR SOLIDARIDAD Y POR JUSTICIA.