• Como participante activo en la Comisión de Seguimiento de Auditoría de la Deuda Municipal, Ecologistas en Acción concluye la necesidad de evitar la solicitud de prestamos bancarios que contengan cláusulas abusivas, la aplicación de exenciones fiscales injustificadas y la realización de grandes macroproyectos inviables económica, social y ambientalmente y destinar los recursos públicos a garantizar los derechos de toda la ciudadanía.

Tras casi año y medio participando activamente en la Comisión de Seguimiento de Auditoría de la Deuda Municipal, Ecologistas en Acción hace públicas sus propias conclusiones a raíz de los documentos analizados y los expertos consultados.

El dictamen definitivo de esta Comisión se ha dividido en tres grandes apartados respecto de los cuales manifestamos lo siguiente:

1. Préstamos con entidades financieras.

El Ayuntamiento de Córdoba ha sido sometido a un proceso de depredación por parte de las entidades financieras con el pretexto de la crisis económica acaecida tras el año 2008. Estas entidades aprovecharon la falta de liquidez de esta administración pública para, dentro de la legalidad, exigir unas cláusulas leoninas de difícil reversión. Especialmente, habrá que referirse a la existencia de importantes préstamos con altos intereses y de imposible cancelación como consecuencia de estar protegidos por cláusulas altamente penalizadoras.

Ecologistas en Acción considera que habría que dar publicidad de cuáles son las entidades financieras que se enriquecen a costa de lo público e impiden las inversiones en fines sociales y ambientales. Asimismo, reclama al Ayuntamiento que, en adelante, la contratación de préstamos se apruebe con la máxima transparencia y publicidad, justificando adecuadamente su necesidad y excluyendo aquellas operaciones de crédito “blindadas” mediante cláusulas abusivas.

2. Análisis de Beneficios y exenciones fiscales.

El Ayuntamiento de Córdoba, así como el resto de las entidades locales, dejan de percibir importantes cuantías económicas en concepto de tasas e impuestos como consecuencia de las exenciones previstas por la normativa estatal y autonómica. Especialmente, habría que resaltar los beneficios fiscales otorgados por estas normativas en favor de fundaciones asociadas a entidades bancarias, entidades religiosas y edificios pertenecientes al Ministerio de Defensa.

Ecologistas en Acción considera que dichos beneficios fiscales han de estar justificados por el uso real de los bienes afectados, siendo inaceptables cuando este uso no está directamente relacionado con actividades beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Así, resulta escandaloso que toda la ciudadanía cordobesa tenga que contribuir con el mantenimiento económico del Ministerio de Defensa cuando las guerras nunca son beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Solicitamos que, desde el Ayuntamiento, se tomen las medidas necesarias para evitar la aplicación de las exenciones fiscales en aquellos casos que no estén justificados  y se eleve una solicitud formal a la Federación de Municipios y Provincias de cara a la eliminación de estos abusos amparados en la normativa vigente.

3. Análisis de casos especialmente despilfarradores.

Por último, desde la Comisión se han estudiado dos casos que han supuesto para el Ayuntamiento de Córdoba importantes gastos sin ninguna repercusión positiva: el Palacio del Sur y el Aeropuerto de Córdoba.

El paso de los años conlleva, en muchas ocasiones, una pérdida de la memoria y, en el caso del aeropuerto de Córdoba, un olvido de que esa infraestructura infrautilizada e irracional obtuvo en la ciudad una importante oposición de ciertos colectivos sociales.

Una simple consulta de las hemerotecas evidencia que no todos los colectivos sociales estuvieron a favor de la creación de esta infraestructura.

Por ejemplo, en aquel entonces, la mayor parte de los partidos políticos advertían de que el aeropuerto supondría el definitivo despegue económico de una de las zonas más deprimidas de Europa. Se nos vendía que, por fin, Córdoba se convertiría en un espacio de creación de empleo y un nudo de comunicaciones internacional.

Ante estos cantos de sirena, Ecologistas en Acción presenta el 22 de marzo de 2008 unas alegaciones al proyecto en las que se concluye que no existe justificación para dicha ampliación y se destacan las consecuencias negativas que dicha ampliación conllevaría.

En concreto, estas alegaciones giraban en torno a los siguientes razonamientos:

1. Un aeropuerto en una ciudad de tamaño medio con dos aeropuertos a menos de 200 km. es inútil y que, una vez ampliado, no se conseguiría atraer los vuelos de los aeropuertos de Málaga y Sevilla. A cambio, se proponía facilitar el acceso a dichas ciudades con un adecuado sistema de transporte público para, de esa manera, aprovechar unas infraestructuras ya existentes.
2. Se destacaba el incremento de emisiones de Dióxido de Carbono y Monóxido de Nitrógeno que un improbable uso de la nueva infraestructura conllevaría, con el consiguiente empeoramiento de la calidad del aire en la ciudad, dados los vientos dominantes en el Valle del Guadalquivir.
3. Se alertaba sobre el incremento de la contaminación acústica al ser el avión una de las principales fuentes de ruido en los entornos en los que se emplaza.
4. Asimismo, se advertía del impacto en la fauna de la zona, especialmente, en una zona de alta concentración de aves que buscan refugio en el río.
5. Por último, se consideraba injusto la construcción de una infraestructura con dinero público para que, en un incierto futuro, las empresas privadas que hicieran uso del aeropuerto pudieran enriquecerse.

El paso de estos once años nos ha dado la razón. El aeropuerto no es usado, como nosotros advertimos que sucedería, y su ampliación ha supuesto un gasto de dinero público irrecuperable.

Algo parecido podríamos expresar respecto al Palacio del Sur. Desde un primer momento, Ecologistas en Acción presentó alegaciones y manifestamos nuestra oposición pública a esta infraestructura. El paso de los años nos dio íntegramente la razón.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que la principal conclusión que podemos extraer de los meses de trabajo en el seno de la Comisión de la Deuda no es otra que la falta de valoración desde las entidades públicas y privadas del valor de lo público. Entidades financieras que solo contemplan al Ayuntamiento como fuente de enriquecimiento. Exenciones fiscales que son utilizadas para evitar el pago de impuestos municipales en favor de intereses particulares. Corporaciones locales que quedaron cegadas por las grandes infraestructuras. Frente a esta situación, Ecologista en Acción defiende la necesidad de invertir los recursos públicos en políticas que atiendan las necesidades reales de la ciudadanía cordobesa, promoviendo una sociedad más justa, igualitaria y en armonía con la naturaleza.

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