La manifestación tendrá lugar el jueves día 30 de septiembre con salida a las 19,30 horas desde la Glorieta de las Ciudades Hiroshima y Nagasaki, en el Parque de los Patos esquina Avda. de Cervantes y finalizará en la Plaza de la Constitución, frente a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

Los colectivos convocantes de esta movilización sostienen que «el incremento de precios del suministro de energía eléctrica no responde a lógica de mercado alguna, sino a una estrategia del lobby energético para, aprovechando los desajustes de un sistema eléctrico regulado a su medida y aprovechando igualmente la condición de oligopolio que el lobby detenta, provocar subidas del suministro de forma artificial buscando únicamente maximizar los beneficios que históricamente vienen acumulando. Buena prueba de ello es que en repetidas ocasiones el precio máximo del megavatio hora lo ha marcado el precio de la hidroeléctrica, algo completamente incomprensible en este tipo de centrales, que se encuentran prácticamente amortizadas y que explotan un bien público como es el agua«.

Los colectivos convocantes rechazan las justificaciones defendidas por el lobby achacando la subida de precios al incremento del precio del gas y de los derechos de emisiones de CO2. Esta circunstancia, a su criterio, podría justificar el precio de la energía suministrada por este tipo de centrales, pero la realidad es que, por una irracional regulación del mercado eléctrico, estos precios alcanzan también a la energía suministrada por las centrales nucleares, las renovables y la hidráulica, que se encuentran de esta manera con lo que de forma muy descriptiva en el sector de la energía se conoce como «beneficios caídos del cielo».

La descomunal subida de precios que se está repitiendo solo puede ser atribuida a la voracidad de un sector que defiende el libre mercado pero que no se regula por la ley de la oferta y la demanda, pues incrementa sus precios incluso en periodos de inferior consumo, como los fines de semana, algo que se ha repetido tanto en agosto como en septiembre, demostrando que tanto la ciudadanía como las administraciones son rehenes del lobby energético, que se aprovecha de un marco regulatorio elaborado, como antes se ha afirmado, a la medida de sus intereses».

Los colectivos convocantes defienden que para evitar que esta situación se repita es necesaria una intervención inmediata y contundente del gobierno de España, al que exigen la adopción de medidas que impidan que sectores estratégicos de la economía estén ajenos al control del estado, y de manera inmediata:

• Regulación del mercado eléctrico para evitar estos abusos.
• Fijación de precios máximos a la energía procedente de centrales hidroeléctricas, una energía que usa un bien público —el agua— y cuyas infraestructuras están prácticamente amortizadas en la mayoría de los casos.
• Reversión de las concesiones de la explotación de presas al estado una vez caduquen dichas concesiones.
• Establecimiento de precios fijos a la energía suministrada por las centrales nucleares.
• Creación de una empresa pública de energía que pueda intervenir en el sector arbitrando y moderando los precios.
• Máximo apoyo a la implantación de energías renovables, apostando por el autoconsumo, los proyectos de tipo comunitario y la generación distribuida y evitando que las mega centrales de renovables ocupen terrenos agrícolas, con calificación ambiental o con fuertes afecciones paisajísticas.

Estos colectivos rechazan además las razones esgrimidas por el gobierno de España para justificar la timidez de las medidas adoptadas para detener el fraude. No sirve el argumento de que hay que atenerse al marco regulatorio europeo, pues con toda seguridad este marco regulatorio no permite el fraude y la usura de las empresas que vacían los pantanos para llenar las cuentas corrientes de sus accionistas. El gobierno debe encontrar la fórmula de intervenir en el mercado evitando precios abusivos y recuerdan a este respecto que hay directivas europeas que permiten que los Estados miembro puedan intervenir las tarifas eléctricas para proteger a los consumidores más vulnerables y están obligados a garantizar una competencia efectiva, lo que no ocurre en un mercado dominado por el oligopolio.