En toda la Andalucía, han sido 10 las concentraciones frente a las sedes judiciales correspondientes las que se han producido en el día de hoy, en protesta por la situación de auténtico colapso que viven los Juzgados de lo Social, que han de dar salida jurídica a demandas de derechos fundamentales de trabajadores que se están produciendo de forma continuada desde las últimas reformas laborales, que de por sí ya sufrían retrasos y que, con la pandemia por el Covid-19, se han acentuado mucho más.

En la actualidad, según denuncian desde las Marchas de la Dignidad, hay demandas cuyas vistas están fechadas para 2023, 2024 o 2025, lo que está provocando que muchas trabajadoras y trabajadores tengan que abandonar las reclamaciones judiciales por su inutilidad. Es, este estado de saturación, una forma de desincentivar “de facto” el acudir a los Tribunales a reclamar derechos, debilitando así, aún más, la posición de las personas trabajadoras.

Por otro lado, el empresariado u organismo público que optan por incumplir la ley a la hora de sus relaciones laborales con trabajadores y trabajadoras, reciben el “premio”, con el retraso judicial generalizado, de un mecanismo gratuito de financiación. A mayor incumplimiento, mayor premio.

Por ello, las Marchas de la Dignidad exigen el cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con medidas como el aumento del número de Juzgados de lo Social en toda Andalucía, la agilización del sistema de notificaciones a las demandadas o la implantación de Juzgados de lo Social de Ejecución (para agilizar las ejecuciones). Estos últimos existen, por ejemplo, en Madrid y Barcelona.

Asimismo, exigen para los juzgados implementar protocolos específicos en los procesos de desahucios que tengan en cuenta las situaciones de vulnerabilidad y que llevaran a estos a actuar de manera uniforme. Protocolos que deberían contemplar, en los casos en los que no hubiera alternativa habitacional, medidas como: suspensión del lanzamiento, solicitud a los servicios sociales de su intervención de manera activa para la solución del problema entre otras. Por otro lado, reivindican que, relacionado con el punto anterior, los jueces y juezas suspendan los desahucios de familias con menores a su cargo para garantizar los derechos de vivienda, intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio etc., siendo esta una medida que podría llevarse a cabo si en los juzgados se tuviera en cuenta la doctrina de los tribunales internacionales que con frecuencia es ignorada.

En Córdoba, la concentración ha tenido lugar en las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde se han concentrado guardando las medidas de seguridad sociosanitarias, un centenar de personas. En la rueda de prensa que se ha celebrado en el mismo acto, Alfonso Álvarez y Mercedes Aguado, portavoces de las Marchas de Córdoba, ha incidido en la situación por la que están pasando miles de familias que están sufriendo esta situación de indefensión consentida a la que la administración de justicia les está sometiendo. Os dejamos aquí un vídeo con sus intervenciones a los medios de comunicación que han querido estar en el acto, así como el manifiesto completo:

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