El sindicato CTA en el Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a denunciar la mala situación en la que se encuentran las trabajadoras (en su inmensa mayoría mujeres) del sector de la ayuda a domicilio, que lleva instaurado en la sociedad desde hace muchos años, cuando sólo era voluntad de unos pocos ayuntamientos con implicación. Así, en 2007, a raíz de la implantación de la Ley de la Dependencia en Andalucía, el servicio adquiere la importancia que se supone que tiene y un mayor volumen, ya que amplió su prestación tanto a las personas mayores que vivían solas con alguna limitación, como a personas con algún tipo de discapacidad y con enfermedades mentales de algún tipo.

Todo ello con la voluntad por parte del Estado central de instaurarlo como el cuarto pilar del bienestar, dotándolo de presupuestos específicos que permitieran el servicio dentro de la gestión autonómica. Desde entonces hasta hoy poco ha cambiado en este servicio. Ni en cómo se aplica la gestión ni en la dotación económica.

En palabras de la CTA, las y los auxiliarses de ayuda a domicilio son personas que trabajan mano a mano para dotar a este servicio de la profesionalidad y de la empatía necesaria para prestarlo como un servicio cercano. Sin embargo, ningún organismo público ha visibilizado esa figura profesional.

Debido a que muchas de las empresas que gestionaban el servicio venían derivadas de pequeñas cooperativas de pueblos o ciudades y, por tanto, no podían hacer frente al volumen de inversión que suponía esto, ya que la Junta pagaba a seis y ocho meses de demora, llegando incluso a abonar un año después, lo que hacía que no tuvieran fluidez económica hace más de cuatro años, para que esas empresas no tuvieran tantas pérdidas se acordó en una paritaria que mientras el PIB no subiera por encima del 2% no se aplicaría al salario la subida del IPC al personal que trabaja en el sector.

Esto supuso un retroceso de un sector que ya venía siendo muy precario e invisible y que además mayoritariamente, aunque ya cada vez menos, es feminizado. Por tanto, no terminaba de convertirse en una profesión digna, que permitiera a las trabajadoras y trabajadores llevar una vida y un salario justo.

Con esta situación llega la pandemia de la Covid-19 en donde muchas profesiones que estaban realmente precarizada se manifestaron como profesiones esenciales, entre ellas la ayuda a domicilio, que siguió prestando el servicio de una manera profesional, cualificada, con dedicación y sorteando cualquiera de los escollos que iban surgiendo, porque ninguna administración ni empresa se responsabilizo. «Íbamos con medios limitadísimos que, en principio, nos teníamos que gestionar nosotras mismas. De hecho, ha sido tan esencial, que nos han considerado con las bajas de Covid para muchas de las prestaciones, como servicio esencial sociosanitarios que somos», señalan las trabajadoras a través de un comunicado de la central sindical.

El enfado de este colectivo viene por el hecho de que este año el PIB sube un 5,4 y, por tanto, «según nuestro convenio nos corresponde una subida del IPC REAL año 2021, es decir de un 6,5%«, ya que así quedó estipulado en esa paritaria. 

Y ahora, después de todo este tiempo con el sueldo congelado, de pandemia como personal esencial y de que, además, se les exigiera a las trabajadoras y trabajadores una cualificación profesional con todo el derecho y con toda la obligación y nosotros asumimos, porque «entendíamos que queríamos ser personal profesional cualificado», y en el cual todas las personas trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio han estado al 100% para todas las exigencias que se les han planteado, «la patronal dice que por ahí no pasa, que ellos al 6,5%, no, que quieren negociar por debajo, cuando es algo que está estipulado en convenio y están obligados a cumplirlo y siempre se ha aplicado», se lamentan a través del escrito público de CTA.

Curiosamente, es el mismo convenio que sí se ha aplicado cuando el PIB no había llegado al 2%, pero es que esa parte sí le convenía a la patronal, de modo que no subió el sueldo de acuerdo a ese acuerdo, o «cuando nos quitaban más de una cosa, ahí si se aplicaba convenio, y ahora que es beneficioso para el personal que trabajamos no quieren aplicarlo».

Desde CTA no se confía en absoluto en que los sindicatos mayoritarios sean capaces de hacer exigir ese convenio, porque son los que lo negocian en Madrid. Por tanto, en Córdoba la CTA en el sector viene a denunciar la «falta de implicación, de responsabilidad y de compromiso que tiene la patronal y, por supuesto, exigirle a los organismos públicos que tomen partido y obliguen a cumplir el 100% del convenio», lo que implica la aplicación de la subida, y que se supervise a cualquier empresa que quiera trabajar para la Administración a fin de que sea exigible el hecho de que todo esté dentro de la legalidad.

«Nosotras y nosotros, las trabajadoras y los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio no vamos a permitir que sigan ignorando que somos un servicio esencial y profesional, que estamos todos los días trabajando con personas vulnerables, con la ciudadanía», a pesar de que «con dinero público se está gestionando el servicio privadamente, llevándose un beneficio las empresas, a costa de que nosotras seamos personas precarizadas y de que los usuarios tengan un servicio de ínfima calidad», han criticado las trabajadoras.

Y es que, en su opinión, todo lo que sea un servicio público se tiene que prestar directamente desde las entidades públicas, hay muchas maneras de gestionarlo sin necesidad de que los organismos públicos tengan que estar siempre subastando y vendiendo este servicio, «porque, de ese modo, subastan y venden a los ciudadanos y ciudadanas y a las personas trabajadoras».

«CTA no va a permitir que eso suceda y por tanto nosotr@s vamos a inundar Córdoba con todas estas denuncias, porque la ciudadanía está en su derecho de conocer de verdad cómo se está prestando un servicio que afecta a las personas más vulnerables».

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