Ahora que ha finalizado la legislatura, tras casi cuatro años de gobierno autonómico del Partido Popular y sus socios, es hora de efectuar el balance de las políticas de concordia y memoria que la Junta de Andalucía ha aplicado en la provincia de Córdoba.

Como ya hemos manifestado algunas veces, no podemos tener ningún disimulo con aquellos a los que tenemos el deber de censurar si, una y otra vez, nos intentan convencer con argumentos intangibles. Con aquellos que son cobardes a la hora de decir “que no” porque es nuestra obligación examinar y fiscalizar minuciosamente la gestión de las políticas que debieran de llevarse a cabo y las administraciones dejan en lista de espera.

La administración implicada en esta competencia, la de la memoria histórica, en esta comunidad es culpable de haber traspasado ya el tiempo oportuno. Todos los plazos, los temporales y los administrativos. De intentar seguir engañando a pesar del tiempo trascurrido. Un tiempo marcado por lo que siempre hemos denunciado… la falta de dinero y de compromiso político. No sirve de nada lo uno sin lo otro. Todo lo demás es papel mojado, es vender humo. Es de nuevo mostrar una total y absoluta indiferencia. Es lo que ha hecho la administración autonómica a lo largo de la última legislatura en la provincia de Córdoba. Nos han querido convencer con argumentos como que el ochenta por ciento del presupuesto de Memoria se ha dedicado a exhumaciones e identificaciones. En Córdoba desde luego que no.

Con un presupuesto legislativo muy cercano a los 6 millones de euros, a pesar de los recortes (1.000.000.000 millones de las antiguas pesetas) desde que llegarán al poder a finales del año 2018, más las cantidades asignadas en partidas presupuestarias del gobierno central que llegaron a la comunidad para poner en marcha proyectos de exhumación e identificación valoradas en otros 500.000 euros en el año 2021, en el reparto real materializado en intervenciones de exhumación e identificación, Córdoba ha sido la gran olvidada en esta última legislatura. Solo dos intervenciones de localización se han producido en Córdoba y provincia a lo largo y ancho de estos últimos cuatro años.

La intervención ya iniciada a comienzos del año 2019 en el cuadro de San Ramón en el cementerio de La Salud en Córdoba capital. Una intervención ya iniciada cuando el nuevo gobierno se constituyó y en la cual la Junta de Andalucía participó con un contrato menor muy próximo a los 18.000 euros.

Y la participación de nuevo en el 2020 con otro contrato menor de aproximadamente la misma cuantía en el año 2020 para investigación y localización en el cementerio de San Rafael, también en la capital cordobesa.

Ese es el exiguo, triste y vergonzoso balance de la Junta de Andalucía en materia de localizaciones y exhumaciones de fosas en la provincia de Córdoba en estos últimos cuatro años. Desde finales del 2018 a fecha de hoy.

En relación a proyectos de identificación, el resultado es muchísimo más pobre. Una muestra positiva de la intervención llevada a cabo en la fosa de Santa Rita en la localidad de Castro del Río. Una intervención del año 2017.

La Ley Andaluza de Memoria del 2017 ha estado cuatro años sin la financiación adecuada a la misma y reduciendo a mínimos los presupuestos económicos cada año dejándola … en un «si, pero no» y, por lo tanto, incumpliendo lo que estarían obligados a cumplir por derecho. Ni concordia, ni memoria. A pesar de contar con un presupuesto legislativo de 6 millones de euros de los que casi la mitad se destinaron a gastos de personal.

Como objetivo se fijaron el desmantelamiento de las políticas públicas de memoria como eje de trabajo de la Consejería, esta vez la de Cultura como hemos podido ver plasmado año tras año en el proyecto de presupuestos de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y hemos comprobado en la provincia de Córdoba.

Con la boca grande lanzaron grandes titulares para acaparar la atención de los medios de comunicación y disfrazar la inoperancia y falta de productividad de sus políticas y con la boca chica congelaron de nuevo año tras año la participación de la Junta como hemos venimos denunciando desde hace mucho tiempo.

Córdoba ha sido la gran olvidada. En Córdoba la Junta de Andalucía no repartió “concordia”. A excepción de los dos menores de la capital, cuyo importe no llega a 40.000 euros IVA incluido.

Cuatro años sin estudios y trabajos técnicos. Sin desarrollo de proyectos aprobados desde el año 2016 y posteriores. Cuatro años sin identificaciones. Las muestras tomadas en Córdoba hace tres años y medio, aún sin resultados. Y qué decir de los monumentos y espacios de memoria relegados al abandono y la más total y absoluta indiferencia.

En las intervenciones programadas en los años 2021 y 2022 en la provincia de Córdoba, financiados por el Ministerio de la Presidencia, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Diputación provincial de Córdoba y algunos ayuntamientos, la Junta de Andalucía tampoco ha estado presente en ninguna de ellas, más allá de facilitar la obligada autorización administrativa. Aguilar de la Frontera, Cabra, Monturque, Puente Genil, Peñarroya Pueblonuevo, San Sebastián de los Ballesteros, Hinojosa del Duque, Palma del Río y el cuadro de la Virgen de los Dolores en el cementerio de la Salud de Córdoba.

Han aplicado un bálsamo que no cura cicatrices. Han olvidado su concordia (conformidad y unión, según la definición de la RAE). No podemos ni queremos seguir en la lista de espera de la conformidad política de según quien gobierne cumple o no con la Ley que todos nos hemos dado. Si no se actúa ya, de inmediato, con total y absoluta urgencia los próximos cuatro años serán determinantes para que Córdoba pueda recuperar este precioso tiempo perdido.