• Complementarán las medidas ya adoptadas por el decreto ley aprobado por la Junta

En una reunión mantenida el pasado martes con asistencia del Viceconsejero Rynaud, el alcalde José María Bellido, el presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes y la comisión de periferia del Consejo del Movimiento Ciudadano con inclusión de Almariya y Calu, se ha analizado el último decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía para dotar de suministros básicos y regularizar las parcelaciones andaluzas y cómo se puede aplicar en Córdoba. Como resultado, se ha concluido que la realidad cordobesa es específica y necesita de medidas complementarias que den respuesta a las necesidades de suministros básicos en la ciudad.

A este respecto se ha acordado montar tres mesas de trabajo, una para el suelo urbano, otra para el suelo urbanizable y otra para el suelo no urbanizable, que concreten en qué se beneficia la ciudad con las medidas del decreto, y qué otras instrucciones o modificaciones del decreto en su paso por el parlamento se pueden adoptar para que sea útil para las parcelaciones de la ciudad. Las medidas deberán compaginar tres objetivos: evitar que sigan proliferando parcelaciones, respetar el medio ambiente y dar servicios básicos a las personas que habitan las parcelaciones.

En esas mesas deberá también acordarse qué debe hacer el ayuntamiento de Córdoba a través de la Gerencia de Urbanismo y de Emacsa dentro de su autonomía y competencias locales. Entre ellas, la de crear una oficina específica dedicada a atender a los núcleos parcelistas para orientarles y facilitarles el avance hacia los servicios básicos o sobre la regularización. Los trabajos deberán estar acabados antes de final de año puesto que no es posible esperar a la anunciada nueva ley de suelo, que tardará varios años en estar vigente.

Entre las cuestiones a mejorar se encuentran la flexibilización y facilitación de los procesos de urbanización y enganches a las parcelaciones a punto de ser legales y recuperar la posibilidad de dotarse de servicios básicos mientras están en trámite. En suelo urbanizable, la atención de una oficina específica favorable, así como la posibilidad de contar con agua, saneamiento y electricidad de forma colectiva, anticipadamente, mientras están en proceso. En cuanto al suelo no urbanizable, se necesita conseguir su incorporación al PGOU de las que sea posible y buscar como dar servicios al resto, aunque sigan bajo régimen de protección o de afección a normativas sectoriales.