La Confederación de Trabajadores de Andalucía (CTA) lamenta que se siga explotando a personas en el cambo, cuando la primera reacción de la mayoría de las personas trabajadoras es que ellos no denuncian. El terror a que los patronos no los contraten les hace aguantar lo que sea necesario para conseguir trabajar en las condiciones laborales que los patronos impongan.

Para el Secretario de Acción Sindical, José Parra, la clave de esta situación laboral está en la actuación de la Inspección de Trabajo, «por parte de la Inspectora que lleva la parte de Palma del Río». Continua Parra afirmando que en la zona están actuando empresas de trabajo temporal, «cuando estas empresas no pueden trabajar en el campo ya que la mayoría de las personas trabajadoras deben de tener la condición de fijos-discontinuos», y las empresas de trabajo temporal «no pueden contratar fijos». Existen manigeros que «hacen de empresas de trabajo temporal», es decir, «ellos se hacen seudo-empresa y contratan a estas personas para trabajar temporalmente para los agricultores», aunque, «las personas están como máximo dados de alta un tercio de las jornadas que realicen». Por tanto «estos manigeros son los que le cobran a los agricultores y después no les pagan el convenio, y en ocasiones nada a las trabajadoras.

Para el Secretario de Acción Sindical en estas prácticas también tiene responsabilidad la justicia ya que para recuperar el dinero indebidamente cobrado por los manigeros y con sentencia dictada, es necesario esperar la ejecución de la misma. De hecho hay juzgados de lo social de Córdoba donde las reclamaciones de cantidad dinerarias en las vistas de juicios las han dado para noviembre del 2023. «Esa es la Inspección de Trabajo y la Justicia independiente que tenemos en España, en este caso en Córdoba».

Del mismo modo el marco jurídico del convenio colectivo oculta esta realidad, no la regula». De hecho por convenio colectivo «se podría prohibir la actividad en el sector de las empresas de trabajo temporal y obligar a que fueran los propios agricultores quiénes contratasen». Es por ello que «hay agricultores que han tenido que pagar dos veces la recolección, una al manigero que se ha llevado el dinero y otra a los trabajadores que no les habían pagado». De la misma forma desde el convenio colectivo se debe limitar la contratación temporal  poniendo en práctica  la contratación de fijos-discontinuos, adquiriendo esa situación laboral a la segunda campaña. Para Parra el estado de necesidad  significa  tener que trabajar 20 peonadas para conseguir mantener el desempleo agrario, también es una condición que obliga a los jornaleros y jornaleras a trabajar en cualquier circunstancia, sin derechos.

El Estado tendría que pedir cuentas a la Fiscalía, ante «las denuncias que años atrás puso este Sindicato», contra empresas ficticias, que habían dado de alta en Castellón a jornaleros de la comarca de Palma del Río, y que les habían quitado las prestaciones. «Nos vimos y nos las deseamos para que se las restablecieran». Del mismo modo jornaleros que estaban trabajando en Hornachuelos que «la Fiscalía ignoró» y hoy saltan a la prensa las detenciones por explotación y tráfico de mano de obra. Es un hecho que la patronal agraria cada vez que C.T.A. ha salido en los medios de comunicación denunciando estas prácticas laborales, ha dicho que eso no existe, y sí existe. «La población jornalera sabe perfectamente lo que está sucediendo en el campo, pero tienen verdadero terror a denunciar»

Para el Secretario de Acción Sindical esta es la situación real que existe en el campo andaluz. Los jornaleros y jornaleras siguen siendo un sector sobreexplotado, el cual no alcanza los derechos de un trabajador normal. Porque cotizan por jornadas reales, entonces no generan vacaciones, no generan descansos intersemanales, no están de alta los días que deberían descansar, no generan pagas extraordinarias. Además cada vez más sectores con contratos a tiempo parcial o fijos-discontinuos adoptan ilegalmente las prácticas en cuanto a generación de derechos del sistema especial agrario, aunque estén en el régimen general, como es el caso del Convenio Estatal de Conservas Vegetales. En el salario introducen el pago de las vacaciones para fijos, fijos-discontinuos y eventuales y las pagas extraordinarias, aun así el convenio está prácticamente muy poco por lo alto del Salario Mínimo Interprofesional.

Para CTA  a pesar de la dureza de los trabajos agrícolas, el Salario lo han tenido que modificar en el convenio colectivo después de la aprobación por el Consejo de Ministros del Salario Mínimo Interprofesional, porque estaba por debajo. Lo que demuestra una vez más «que U.G.T. y CC.OO. están por la labor de defender los intereses objetivos de la Patronal Agraria».  Este año es de negociación del Convenio Colectivo,  «todavía no han dicho U.G.T. y CC.OO. que van a reivindicar».

Por último Parra quiere dejar claro que las instituciones de este País no es que estén al margen de las prácticas de abuso en el campo andaluz, es que «las están consintiendo y evadiendo su responsabilidad». Es por ello que se dirige a la Ministra de Trabajo, «que no se deje amenazar más y que no le hagan más el vacío entre la Inspección de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social». Tiene «que imponer su autoridad o sino que deje que se vaya al traste este gobierno frenado por la labor de Pedro Sánchez».

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