El Consejo del Movimiento Ciudadano solicitó el pasado mes de junio solicitar al gobierno municipal el inicio, en este mes de julio, de la negociación de las ordenanzas fiscales para 2021 en busca del mayor consenso posible y de la adaptación de las mismas a las nuevas circunstancias sociales, empresariales y municipales.
Según informan, el Consejo se ha dirigido en tal sentido al alcalde y al Teniente de Alcalde de Hacienda, remitiéndoles sus propuestas de modificación de las ordenanzas fiscales sin que haya recibido respuesta a su solicitud. Para conocimiento de la opinión pública, estas son las propuestas que han sido enviadas por el CMC:

Propuestas de negociación sobre Ordenanzas Fiscales para 2021

Consideraciones generales

El Consejo del Movimiento Ciudadano muestra su preocupación por la reducción de ingresos municipales. Junto a la bajada de impuestos y tasas para 2020 valorada en unos 8 millones de euros, el descenso de la actividad económica puede afectar al mantenimiento de servicios municipales que ya se encuentran bajo mínimos. A este respecto, hay que considerar que el superávit municipal de los últimos ejercicios económicos no se debe a un exceso de ingresos sino a una incapacidad para ejecutar gasto, por lo que no sobran ingresos, sino que hay que mejorar la capacidad de ejecutar el presupuesto municipal.
Que se cumpla que los distintos organismos y empresas municipales presenten al CMC y al CSM para dictamen todos los precios, tarifas y similares que no se integran en el expediente de Ordenanzas fiscales.
En la ocupación de vía pública por obras, postes de suministros, fruterías, talleres, etc. Exigir estar al día en el pago de la tasa oportuna y, en caso, de no poder legalmente ocupar ese espacio, impedir su ocupación.

Observaciones concretas

1.- Revisar la situación de las zonas privadas de uso público en el expediente de ordenanzas puesto que no reciben todos los servicios públicos tales como mantenimiento
jardines o acerados, limpieza, seguridad,… mientras no se regule como prestar esos servicios. Por ejemplo, cambiando su orden fiscal. Compromiso de la Delegación de Hacienda de participación en la mesa de trabajo que está trabajando sobre esta realidad urbanística y que ya cuenta con propuestas de reversión de parte de lo que pagan por IBI.
2.- Incluir una política fiscal en el Casco que suponga una contraprestación por los costes elevados y las molestias de vivir en el Casco. Dicha política fiscal debe facilitar la
adquisición, reforma y rehabilitación de vivienda para uso residencial, especialmente en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad. Debe afectar a todas las ordenanzas fiscales posibles. Debe ejecutarse al margen del orden fiscal y cuando no se tenga ánimo de lucro. Complementariamente, incluir medidas que eviten la gentrificación y turistificación del Casco, incrementando los costes fiscales a la actividad turística, especialmente, la residencial.
3.- Aplicar más bajadas de impuestos y tasas de forma selectiva y unida a realidades sociales difíciles. En este sentido, se debe actuar sobre el coste del agua, la limpieza, el
transporte público y otros. Analizar las bonificaciones y exenciones actuales para incorporar otras realidades. Reducir al máximo legalmente posible el IBI de los locales de asociaciones sin ánimo de lucro.
4.- Sobre la Tasa 106, de servicios del área de seguridad, solicitamos una revisión más detallada de las entidades que se beneficien de la misma y que no sea necesario el previo reconocimiento por la delegación municipal correspondiente. Hay que articular un sistema por el cual el Consejo del Movimiento Ciudadano y el Consejo Social puedan analizar qué actividades se consideran que deben ser eximidas de la tasa. Buscar en cualquier caso un sistema que desincentive el uso de la vía pública excesivo del Casco, mediante un incremento de tarifa para actividades muy invasivas.
5.- Sobre la Tasa 116, de cesión de uso e instalación, transporte, montaje y desmontaje de estructuras metálicas y otros, solicitamos una revisión más detallada de las  entidades que se beneficien de la misma y que no sea necesario el previo reconocimiento por la delegación municipal correspondiente. Hay que articular un sistema por el cual el Consejo del Movimiento Ciudadano y el Consejo Social puedan analizar qué actividades se consideran que deben ser eximidas de la tasa. Buscar en cualquier caso un sistema que desincentive el uso de la vía pública excesivo del Casco, mediante un incremento de tarifa para actividades muy invasivas. Asimismo, la Tarifa 2, de cesión  exclusivamente, sin montaje, debe ser gratuita solo necesitar el pago de la fianza pues ya conlleva un gasto elevado para la entidad solicitante en cuanto a transporte y montaje.
6.- Proponemos la reducción del IBI a las unidades urbanas que no cuentan con los servicios básicos, mientras se consiguen los mismos, puesto que si no tienen esos servicios básicos no pueden ser considerados urbanos, para lo cual se deben aplicar reducciones de la cuota o se les debe aplicar un orden fiscal inferior. Dejar de gravar con IBI urbano a las viviendas que se encuentran en zonas urbanizables pero que no tienen aprobado su plan parcial de forma definitiva, tal y como recogen sentencias del Supremo. Asimismo, reducir a un 1% el coste de la presentación y tramitación de AFOs.
7.- Tasa 404 de ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, etc. Incrementar la tasa por metro cuadrado para aquellos establecimientos que ocupen un espacio
excesivo, entendiendo por ello, tres niveles: 50 metros cuadrados (diez veladores tipo); 100 metros cuadrados (de 10 a 20 veladores tipo); y de más de 100 metros cuadrados (más de 20 veladores tipo). Usar una tarifa disuasoria en el Casco.
8.- En las actividades sin ánimo lucro que incluyan barras que ayuden a sufragar los gastos, eximir del pago de la tasa y facilitar la instalación de las mismas.
9.- Seguir adaptando y facilitando los aplazamientos y fraccionamientos sin intereses. Por ejemplo, para cuando se tengan deudas que se encuentren en vía de abono por acuerdo con el ayuntamiento.
10.- Eliminación de la tasa de expedición de documentos por autorizaciones de uso de la vía pública para entidades sin ánimo de lucro.

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