La escolarización en Andalucía comienza con la amenaza de supresión de más de 600 clases públicas, tanto en Infantil y Primaria, como en Secundaria y Bachillerato. El próximo curso, se cerrarán incluso varios centros públicos completos, dos de ellos, en nuestra provincia: CEIP Duque de Rivas y CEIP Alfonso Churruca. Estas cifras contrastan con los datos de la enseñanza concertada que mantiene o aumenta el número de aulas, también en Bachillerato. USTEA reclama la recuperación de las unidades escolares suprimidas y una bajada de ratio en todos los centros y en todas las enseñanzas.

Esta semana ha comenzado el proceso de escolarización y las familias tendrán que solicitar plaza en los colegios e institutos andaluces a lo largo de todo el mes de marzo. Como viene ocurriendo en los últimos años, los centros educativos públicos se enfrentan a la escolarización con una oferta de plazas a la baja y un recorte de clases a priori.

La red de centros públicos perderá el próximo curso más de 600 clases, según los datos recabados por USTEA, mientras que la enseñanza concertada continúa su avance, manteniendo sus aulas. Este recorte de más de 600 clases, se suma a las 1.943 clases suprimidas, desde la llegada al poder de Moreno Bonilla, superándose las 2.600. En la provincia de Córdoba, USTEA ha localizado unas 90 supresiones respecto al curso anterior.

Las supresiones de clases públicas en la provincia de Córdoba afectan, fundamentalmente, a la capital y a la localidad de Baena, donde la escuela pública está enraizada en una lucha de plazas escolares con la concertada. Son varios los colegios que, en pocos años, han pasado de tener dos líneas (dos clases por cada nivel) a solo una. Es el caso de CEIP Juan Rufo, CEIP Andalucía o CEIP Fernán Pérez de Oliva.

Una de las zonas más perjudicadas es el barrio de la Fuensanta. A la eliminación de una línea en el CEIP Fernán Pérez de Oliva se suma, en estos últimos años, el “adelgazamiento” del CEIP Santuario, donde la supresión llegará a primaria en el curso 24/25. De esta casuística, se beneficia el CDP Cervantes (Maristas), centro que, curiosamente, mantiene escrupulosamente sus tres líneas por nivel pese a no tener demanda para ello, como ya ocurrió el curso anterior, no cubriendo ni siquiera dos de las tres líneas que se ofertaban. Este fue uno de los dos centros concertados (frente a los 52 públicos) donde se suprimió una unidad el pasado curso pero, de nuevo, este marzo, es recuperada y vuelve a ofertar tres líneas para tres años (aún teniendo dos ya en 4 años). Este es un claro ejemplo de la impunidad que tiene la escuela concertada ante la bajada de la natalidad, que solo es asumida en la escuela pública. Este centro mantiene sus privilegios mientras la pública se ahoga en el barrio de la Fuensanta.

Casualmente, en este barrio, para el curso 24/25, en el IES Galileo, se va a empezar a suprimir la ESO para convertirlo en centro integrado de FP. Curiosamente, el centro que está justo al lado de este IES es CDP Cervantes. El alumnado que iba al IES Galileo ha sido adscrito al IES Fidiana, que se encuentra a un kilómetro y medio, del mismo. Desde USTEA denuncian este hecho que supone un trasvase indirecto a la concertada.

A esta complicada situación de la escuela pública, se suma, además la eliminación de dos CEIP completos en la capital: CEIP Duque de Rivas y CEIP Alfonso Churruca. Dos centros vivos, con dos proyectos educativos singulares, enclavados en uno de los barrios más pobres de España, que mueren de la noche al día ante la desesperada mirada de profesorado, familias, alumnado y sindicatos.

La supresión de aulas públicas se realiza partiendo de una planificación a la baja por parte de la administración, es decir, el menor número de clases posible en cada centro y la ratio máxima permitida por la normativa en cada grupo: 25 en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. USTEA ha detectado que la Consejería planifica la escolarización incluso con ratios ilegales de partida y no se autoriza una nueva clase hasta que se superan las 29 matrículas en grupos de Infantil y Primaria, 34 en Secundaria y 37 en Bachillerato. El resultado es un recorte masivo de clases públicas, antes incluso de que comience la escolarización.

Para USTEA, el cierre de clases públicas es una apuesta política de la Consejería por un determinado modelo de educación que supone la extensión de los conciertos educativos que ganan progresivamente terreno en Andalucía. Frente a este modelo, USTEA reclama la recuperación de las unidades escolares suprimidas y una bajada de ratio en todos los centros y en todos los niveles educativos, como alternativa al recorte de la red pública andaluza. La supresión de unidades escolares públicas ya ha provocado las primeras protestas de docentes, familias y estudiantes, apoyadas por el sindicato en todas las provincias andaluzas.

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