• El sindicato denuncia la pérdida de unidades educativas en la enseñanza pública, un año más.

Aunque sin datos definitivos y por noticias que nos van llegando, a través de los medios de comunicación o por denuncias de la propia comunidad educativa, podemos afirmar que este año también el proceso de escolarización nos deja un triste balance de pérdida de unidades en la Enseñanza Pública en Andalucía. Se trata del enésimo capítulo del deterioro continuado de un servicio público fundamental como es el de la educación, una peligrosa travesía cuya vuelta atrás necesita una voluntad política que no existe en la Consejería de Educación y Deporte, como tampoco la hubo en la anterior administración educativa, un camino cuyo horizonte resulta desolador: cientos de aulas que el próximo curso no abrirán sus puertas (desde 2011 son ya cercanas a 1.500 las aulas públicas suprimidas en Andalucía, sólo desde el curso anterior al actual 487 unidades fueron suprimidas de golpe), cientos de profesionales de la docencia que seguirán engrosando las bolsas de trabajo y las listas del paro, centenares de familias que se verán obligadas a inscribir a sus hijas e hijos en centros alejados de su domicilio o que son inducidas a escolarizarlos en la red privada concertada.

Y mientras tanto, con estas unidades escolares perdemos también la ocasión para aumentar la calidad educativa: disminuyendo la cantidad de alumnas y alumnos que debe atender cada docente, mejorando la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, atendiendo como se merece a la diversidad que puebla nuestras aulas, ofreciendo el apoyo y el refuerzo necesarios para no seguir sufriendo una tasa vergonzosa de fracaso y abandono escolar, dignificando las condiciones laborales de todo el profesorado, etc.

Sin embargo, en los centros privados concertados no solo no se cierran aulas sino que el próximo curso se atenderá a más de la mitad del alumnado de muchas capitales y ciudades medias de Andalucía, en ocasiones hasta llegar a un 60 o 70 % de la población escolarizada. Es el caso de Cádiz, Granada, Málaga o algunos barrios de Sevilla y Córdoba, de Antequera, Baena, La Palma del Condado o Linares… En estas y otras zonas (siempre grandes y medias ciudades, pues la red privada se desentiende de atender las zonas rurales donde el gasto es mayor y, por tanto, el negocio menos rentable), donde la oferta privada-concertada predomina sobre la pública, no nos podemos permitir que el deterioro del servicio público se agudice aún más. La bajada de las ratios máximas, demanda histórica del profesorado, incluso como medida extraordinaria en zonas como las señaladas, saturadas de oferta privada-concertada, podría contribuir a paliar el deterioro del servicio público, evitando que se haga un fenómeno irreversible. Esa es, quizás, la cara más siniestra del proceso de privatización del servicio educativo: la irreversibilidad del mismo.

Asimismo tampoco queremos obviar un hecho relevante: La concertada no es más barata que la pública, algo de lo que torticeramente presume esta modalidad educativa, en situaciones análogas. Lo que más encarece el servicio público es la atención al medio rural, donde la concertada ni está ni se la espera.

Es intolerable, Sr. Consejero; no podemos consentir el desmantelamiento de la Enseñanza Pública en beneficio de unos privilegios elitistas y exigimos la adopción inmediata de medidas para evitarlo; no podemos aceptar el abandono de la justicia y el progreso a cambio de la desigualdad y la miseria.

Desde USTEA seguimos recabando datos de centros que pueden verse afectados y desde aquí anunciamos que promoveremos activamente y apoyaremos cuantas movilizaciones surjan, promovidas por AMPAS, directivas, profesorado o desde la comunidad educativa en general, a los que queremos hacerles llegar todo nuestro apoyo y solidaridad.

¡¡NO AL CIERRE DE UNIDADES EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA EN ANDALUCÍA!!