Vivimos una ciudad gobernada desde la perspectiva empresarial, ya que una gran parte de los concejales y concejalas defienden que su vida  previa se desarrolló en el sector privado. Esta experiencia les hace creer que un ayuntamiento es una empresa que debe ser gestionada como tal, olvidándose que el gasto social es un componente que no espera beneficios económicos. En esa perspectiva debemos situarnos cuando pensemos en alguna de sus áreas municipales.

Estamos acostumbradas a que nuestro ayuntamiento se posicione sobre cuestiones fuera de su alcance pero que consiguen generar debate y consensos o disensos. En el último Pleno celebrado en nuestra ciudad, nuestros gestores públicos presentaron una moción en apoyo de la enseñanza concertada que salió adelante con el apoyo de las tres derechas.

Me gustaría hacer un pequeño ejercicio de repaso histórico sobre esta cuestión, ya que la concertada fue convenientemente blanqueada por el gobierno socialista de la Junta cuando los integró en un nuevo concepto: centros sostenidos con fondos públicos. La enseñanza concertada, la que negocia el número de unidades a cuatro, seis o los años que consideren necesario para salvaguardar sus privilegios, pretende un pacto por la Educación a quince años ahora. ¡Quince años de protección para sus unidades y que la pérdida de natalidad sea asumida por la Pública! Llevamos desde la última negociación perdiendo unidades en la pública porque hay un contrato que blinda su número en alusión a un artículo de la Constitución, el 27, donde se “reconoce la libertad de enseñanza”.

Este derecho no implica la libre elección, ni que los padres tengan derecho a pines de ningún tipo puesto que el artículo continúa su enunciado diciendo que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Asistimos a discusiones en defensa de la libertad de elección con argumentos que lo comparan con lo que ocurre en la Sanidad. Cabría recordar que la elección en Sanidad se realiza exclusivamente en centros de titularidad pública, es decir, centros públicos. No así ocurre en Educación, donde al incluirse todo tipo de centros sostenidos con fondos públicos se equiparan y entran en esa horripilante lucha de demarcaciones y de mercadeo de alumnos y alumnas. Quizá la Educación sea de Segunda División y por eso quieran colarnos cualquier iniciativa de cualquier ideología o creencia. No me imagino a nadie eligiendo la fe y el rezo para ser sanado, pero sí para ser educado.

Todo esto para pedirles a nuestros gestores de lo público que reflexionen sobre sus peticiones y mociones. A nadie se le ocurre generar un debate para ver si nos defiende nuestro ejército o quizá sea mejor dejar que profesionales de la guerra sean validados para la defensa de un país, por ejemplo. Si preferimos que nos controle el tráfico el funcionario Guardia Civil o es mejor que haya una empresa que se especialice en gestión del tráfico y que cueste menos su contratación que nuestra Guardia Civil. Igual podríamos sugerir ya mismo que la entrada a edificios públicos no esté
a cargo de Policía Nacional sino que todo sea a través de empresas de Seguridad privada. Todo sería un disparate, ¿no? Y por qué para la  educación creemos que cualquiera puede ponerse delante de nuestros hijos e hijas sin pasar una oposición alegando la libre elección. Por qué nuestros políticos no se conciencian en que lo público es lo de todos y que debe ser su principal preocupación salvagardarlo. ¡Qué manía con meterse en competencias de otros y en hacer cantos al sol!

Ya lo decía el dicho, “Manolete, si no sabes torear, pá qué te metes”. Señores y señoras concejalas de la triple derecha: la educación no está en venta ni es asistencial. Y sobre pines parentales, hablaremos otro día.