La Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Córdoba ha emitido una nota de prensa en la que anuncia la celebración del próximo 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores.

En ella, tras tener un recuerdo a todas aquellas personas mayores que han fallecido en la pandemia por el Covid-19, vuelven a reclamar la toma de medidas para la mejora de la vida de los y las pensionistas, considerando que la privatización de la sanidad y, más en concreto, de las residencias de mayores, sumadas a los recortes que sufren las personas trabajadoras en estos sectores que ha sido un desastre agravado por la privatización de las residencias y la sanidad, y los recortes a las personas que trabajaban en estos sectores, ha supuesto un auténtico desastre. Tienen así también un recuerdo para trabajadores y trabajadoras que, recuerdan, están empleadas en precarias condiciones laborales, de sueldos y de estabilidad laboral.

La Plataforma, en contra de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional, exigen el cumplimiento de la Carta Social Europea y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, exigen la cantidad mínima para las pensiones amparada en la primera, es decir, 1.084€ mensuales en 14 pagas anuales, cuestiones que serían determinantes para corregir que casi la mitad de las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza, sobre todo las que reciben las mujeres. “Somos las que hemos trabajado y sacrificado durante años para conseguir una sociedad más justa, más próspera y con más derechos sociales para toda la ciudadanía. Se nos debe respeto y gratitud“, exigen.

También recuerdan que es imprescindible dotar de más recursos económicos la Ley de Dependencia, aportando un dato algo más que preocupante, que es que 35.000 personas dependientes han fallecido este año en lista de espera. Asimismo, denuncian a los fondos buitres propietarios de las principales residencias privadas de mayores, donde el negocio es el objetivo principal sobre las personas usuarias y las trabajadoras. Para ello exigen una auditoría y la apuesta por un sistema público de sanidad y residencias.

Reivindican servicios públicos de atención domiciliaria suficientes y bien dotados económicamente porque quieren seguir viviendo en su entorno, en su casa, continuando siendo útiles a la sociedad de forma voluntaria, inmersas en la sociedad que tienen alrededor.

Por último, reclaman la sanidad pública, universal y de calidad, sin “medicamentazo” ni “copagos farmacéuticos”, y sin listas de espera y con la vuelta inmediata de la atención primaria presencial.

A continuación os dejamos el comunicado íntegro de la Plataforma:

COMUNICADO 1O-2020