Javier Martínez Collantes

Paradigma Media Andalucía

Dimisiones en masa de directivas de centros escolares de Andalucía, asambleas previstas en las diferentes provincias andaluzas, malestar general en el profesorado, preocupación entre padres y madres agrupados en AMPAs o por libre… Todo apunta a un inicio de curso muy calentito, movido y reivindicativo, precisamente por la ambigüedad en las medidas planteadas por parte de una Administración que se ha ido literalmente de vacaciones desde el pasado mes de julio y que ha dejado sobre la mesa iniciativas diseñadas en los despachos y muy lejos de la realidad educativa.

El baenense Antonio Bujalance, que pertenece al equipo federal de USTEA Andalucía, ha sido claro al respecto. «Habrá movida», y eso va a salir de las asambleas previstas en las ocho provincias entre finales de agosto y principios de septiembre. En Córdoba se ha optado por una caravana de vehículos de toda la provincia y una concentración sobre (en la Subdelegación del Gobierno central y en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía) el día 5 de septiembre por la mañana.

Así se decidió en una asamblea abierta celebrada el pasado 26 de agosto, a las 20.00 horas en el recinto de El Arenal para hablar del futuro inmediato a nivel educativo, formativo y laboral. Y de cómo será ese futuro depende que ahora se hagan las preguntas pertinentes con sus correspondientes respuestas.

USTEA tiene todavía que decidir lo que van a hacer de cara a un calendario planteado por Marea Verde y el sindicato estuvo en esas reuniones del día 25 (vía telemática) y el 26 (presencial) en un agosto totalmente atípico. Antonio Bujalance ha avanzado también que se van a reunir a nivel sindical con CCOO y UGT, ya que oficiosamente habrá participación de todas esas centrales en la huelga de educación prevista para el 18 de septiembre en toda Andalucía. Oficialmente se informará en su momento.

En Andalucía se mira con cierta envidia el acuerdo alcanzado en junio pasado entra la Conselleria de Educación de la Generalitat de Valencia con los sindicatos de modo que cada centro podrá organizarse con planes particulares y propios según el tamaño de las aulas, el número de alumnos que podrán ocupar cada una de ellas y, por lo tanto, el profesorado que vayan a necesitar. «Es el único ejemplo en todo el país de una Administración interesada en hacer las cosas medianamente bien y donde se ha podido alcanzar un acuerdo que tranquiliza los ánimos», señala el líder sindicalista.

Por contra, en Andalucía, la Junta ha diseñado «estrategias de despacho sin tener en cuenta para nada la realidad y se han marchado de vacaciones, de modo que desde principios de julio pasado no ha habido señal de vida desde la Administración educativa», indica Bujalance.

Lo peor es que se ha delegado toda responsabilidad en las directivas de los centros escolares para que pongan en marcha planes preventivos para una vuelta al colegio presencial con toda seguridad, y sin ningún medio a su alcance. De ahí que se hayan producido ya varias dimisiones en Sevilla y otras ciudades, entre otras cuestiones porque no cuentan con «la capacidad para ello, así como disponer del tiempo y los recursos necesarios», tal y como establece en su artículo 30 la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por los que esta decisión de la Consejería andaluza puede ser contraria a esta normativa.

«Hay un absoluto vacío y una falta total de información por parte de la Administración«, señala, por su parte, Miguel Ángel González, secretario de Organización de USTEA Córdoba. «Lo que hay son las instrucciones del pasado 6 de julio, pero ante la subida del número de contagios por rebrotes vemos una temeridad comenzar las clases tal y como marcan las instrucciones«.

Y como eso genera dudas, se pregunta al respecto de manera insistente a la Junta, pero el silencio administrativo permite escuchar las chicharras veraniegas en las calles de la capital cordobesa. En otras comunidades autónomas se habla, incluso, de retrasar el comienzo de curso o de hacerlo semipresencial para mayores de 14 años, además de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja no comenzar las clases con estas cifras de contagio, que en dos o tres semanas pueden multiplicarse, en opinión de González.

¿Y cuáles son esas medidas improvisadas y de despacho de las que habla Bujalance? ¿Han oído hablar de los ‘grupos burbuja’? Consisten en tratar que en cada clase sólo haya contacto entre alumnos y alumnas y docentes de una clase, de modo que si se detecta una infección dentro de ese grupo todos en bloque son enviados a hacer cuarentena a sus casas durante 15 días. «¿Quién se cree que nunca se va a producir contactos entre ‘grupos burbuja’? ¿Cómo se evitan? ¿Se van a tener que hacer turnos de recreos de 09.00 a 14.00 horas todos los días? Esa idea quizá, y tengo mis dudas, pudiera funcionar en centros pequeños, pero en los medianos y grandes será un auténtico caos«, advierte el líder sindicalista andaluz.

Bujalance también aplaude con ironía la idea de los llamados ‘grupos de convivencias’, «un concepto que está fuera de la realidad y demuestra ignorancia sobre la naturaleza humana», así como las «cifras ridículas de contrataciones anunciadas que no alcanzan siquiera para cubrir las necesidades previas a la pandemia». Otra cuestión puesta en entredicho son esos planes de escasa ambición de ofrecer a los centros una especia de ‘hilo directo’ con los servicios sanitarios o fiarlo todo a una buena evolución de la pandemia o medidas quirúrgicas como el cierre de aulas y centros afectados.

«Funcionan como si hubieran puesta una vela a la Virgen, cuando ya antes de que surgiera todo lo de la Covid-19 se estaban incumpliendo las ratios, que eran ilegales, en más de 700 centros educativos andaluces, con aulas por encima de 25 alumnos en la ESO y Primaria», denuncia Bujalance, antes de indicar que es una «irresponsabilidad y una ilegalidad», que ahora se pretende continuar con los riesgos de la pandemia.

Por lo pronto, las cifras anunciadas por la Junta más parecen una suerte de marketing político que otra cosa. A día de hoy, los centros educativos aún no saben con qué refuerzo de las plantillas docentes van a contar, por lo que difícilmente podrán planificar el inicio de curso con la anticipación suficiente. Además, de las contrataciones anunciadas (623 para Córdoba) sólo se incluirán en la colocación de efectivos definitiva los correspondientes a la reducción horaria para tareas de coordinación Covid y que resulta del todo insuficiente, ya que son 123 contrataciones en el cuerpo de maestros y maestras de la especialidad de Primaria y 182 en el caso de Secundaria, es decir 305 docentes.

El problema con esto, además de que ya de por sí es absurdamente insuficiente, es que en los últimos dos años, 2019 y 2020, se han dejado de contratar en torno a un millar de profesores y profesoras al año por el cierre constante de líneas ante la bajada de natalidad. De este modo, en lugar de reducir la ratio por aula se siguen concentrando niños y niñas con mucho menos profesorado.

En concreto en 2020, para la provincia de Córdoba, la intención antes de la pandemia era cerrar 70 unidades en la provincia, pero gracias a la movilización de algunas AMPAs, como las del Hernán Ruiz o el colegio Caballeros de Santiago, se han salvado algunas, con lo que esa sangría podría quedarse entre 60 y 65 unidades. En total durante 2019 se perdieron 487 líneas y el presente año la tendencia será similar.

Con esos números, y teniendo en cuenta que hay 791 centros educativos en la provincia de Córdoba, esos 305 docentes suponen un reparto ridículo de 0,3 personas por colegio y amado de ejemplo, el Gran Capitán es un centro grande de 1.350 alumnos y alumnas y 109 docentes, al que se ha recortado este año dos unidades, por lo que de muy poco les va a servir allí que se incluyan dos otros refuerzos más.

Del resto e contrataciones a día de hoy se sabe que hay 13 personas de personal técnico de integración social para todo el territorio de Córdoba y 176 limpiadoras, igualmente insuficientes para las necesidades reales. El resto, son una auténtica incógnita.

En cuanto a la contratación de personal de refuerzo educativo, se realizarán el próximo mes de septiembre, por lo que, casi con toda seguridad, estos refuerzos no estarán incorporados en sus centros desde el 1 de septiembre, ya que esos contratos se ofertarán en SIPRI como puestos voluntarios.

Además, se va a ofertar tan sólo un contrato hasta 31 de diciembre, sin que se tengan garantías suficientes para afirmar que se mantendrán durante todo el curso, aunque la Consejería parece haber indicado ya su intención de prorrogar esos contratos más allá del primer trimestre de 2021. Eso sí, tampoco hay partidas presupuestarias para este plan.

Son en torno a 1.800 maestros y maestras y 2.100 profesores y profesoras en el caso de los institutos, que en opinión de USTEA, no están destinadas a un descenso de la ratio, sino a un refuerzo educativo de las áreas instrumentales. Del mismo modo, son insuficientes las contrataciones anunciadas en cuanto a personal de atención a la diversidad, obviando las enormes necesidades que la interrupción de la docencia presencial durante este último curso ha generado en este alumnado.

A eso hay que añadir la contratación anunciada de personal de limpieza. Es decir, entre una y dos profesionales más en función de las dimensiones de cada centro y, por supuesto, recurriendo a empresas externas. Con esas cifra ni siquiera se corregiría, en cientos de centros, el déficit estructural que se viene arrastrando durante años en estas plantillas, además de ahondar en el modelo de externalización de servicios que tan lamentables consecuencias tiene para las condiciones laborales de las y los trabajadores. El problema real es que con estos recursos difícilmente se podrá dar cumplimiento a las medidas de limpieza y desinfección que desde la propia Consejería de Salud y Familias se han determinado para los centros educativos.

Otro sí es que cuatro meses y medio después de que se interrumpiese la actividad docente presencial, se anunció por la Junta que los dispositivos electrónicos presupuestados para el alumnado afectado por la brecha digital no se podrá garantizar hasta noviembre. Por ello, ¿qué sucederá si la situación sanitaria obliga a regresar a una docencia telemática en el mes de septiembre?

Además, los llamados coordinadores Covid, es decir un profesor encargado de todo lo relativo con la pandemia en cada centro, recibirá una formación exprés al respecto, sin conocimientos sanitarios ni de riesgos laborales, y dedicará a la semana entre 3 y 7 horas, algo similar a lo que va a pasar con los coordinadores de transformación digital para cuestiones de informática, con una dedicación igual de ridícula.

Para más inri, existe un decálogo no normativo, es decir que no tiene base jurídica, en el que se exime de responsabilidad en protocolo Covid a las directivas de los centros, pero eso no significa que si alguien considera responsable de algo a un director o directora puede acabar en juicio. En cuanto a las instrucciones dadas, han sido ofertadas sin consenso alguno, porque a los sindicatos se les ha informado, pero no escuchado

Pero es que para USTEA la única solución es que haya un desembolso serio por parte de la Junta de Andalucía para que haya personal suficiente como para desdoblar clases cumpliendo no sólo esas ratios legales, sino también las distancias de seguridad. «En caso contrario y se quiera hacer las cosas de forma semipresencial, ¿qué alumnado es el que se elige para una cosa o para otra? ¿Se tendrá en cuenta los niños con necesidades especiales, como sordos, autistas o cualquier desorden sensorial o mental? ¿Van a ser ellos los sacrificados como suele ser habitual porque el sistema los sigue dejando al margen?», se pregunta el líder de USTEA.

De igual forma, y ya como problema que se viene arrastrando de lejos, se suelen ver los centros educativos también como lugares que funcionan a modo de guardería, es decir que los maestros y maestras han de formar y entretener a la vez. «Es imposible que eso pueda ocurrir en el 90% de los centros, que están obsoletos, sin patios adecuados para evitar que unos y otros se acaben juntando?».

Otra solución, que no dejaría de ser sólo en parte, sería buscar espacios alternativos en cada municipio, de modo que se puedan repartir el alumnado y mantener la correspondiente distancia entre ellos y ellas. Hay ayuntamientos que ya han ofrecido la la Consejería un listado de lugares de uso para estos fines, pero el problema es que eso también implicaría una inversión para la Administración educativa en nuevo profesorado que no parece dispuesta a asumir.

Todo ello hace indicar que no hay unas garantías mínimas para una vuelta al curso segura y que los responsables de la administración educativa no han hecho sus deberes, ni siquiera para septiembre, y su omisión consciente a afrontar la realidad sanitaria puede tener muy graves consecuencias para toda la comunidad.

Demasiadas dudas que en breve tendrán que tener una solución aún por ver.

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