Las Marchas de la Dignidad están haciendo un especial sprint reivindicativo este mes de junio. Si empezaron el año denunciando la subida de tarifas eléctricas producida en enero cuando la tormenta Filomena hizo estragos en nuestro país, e intentaron, sin éxito, llevar al pleno del Ayuntamiento una moción para la creación de una empresa eléctrica municipal, entre otras medidas, ahora han vuelto a recordar que la situación vuelve a ser gravísima con la bestial subida de este mes, unida a los nuevos tramos horarios, y se lamentan de que ningún grupo municipal quisiera hacerse eco de aquellas reivindicaciones.

Pero también han programado para este mes de junio tres «Marchas» reivindicativas. La primera tuvo lugar el pasado sábado 12 de junio y consistió en un recorrido entre el Centro de Salud Lucano, donde leyeron un manifiesto sobre la atención primaria, y el Centro de Salud Sur, donde se leyó otro comunicado. Esta convocatoria coincidió con la organizada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) a nivel estatal, así como con las de la Marea Blanca Andaluza, si bien ésta convocó una concentración aparte en las puertas de la Delegación de la Junta de Andalucía.

La segunda acción está programa para el próximo jueves día 17 y consistirá en una «Marcha por la Educación Pública». Con la participación y protagonismo de la propia comunidad educativa, esta comitiva partirá a las 20’00 horas del CEIP «Lucano», que cerrará sus instalaciones a final de curso y acabará en el CEIP «Fernán Pérez de Oliva», paradigma de la problemática con las instalaciones eléctricas de los colegios que impiden la puesta en funcionamiento de la climatización.

Desde las Marchas se denuncia que la concertación de centros educativos privados y de sus enseñanzas es una de las principales causas del daño a la enseñanza pública. Como novedad, la orden por la que se renuevan los conciertos en Andalucía amplía las enseñanzas que se pueden concertar. Hasta el momento solo se podían hacer hasta la ESO, pero ahora, la Consejería de Javier Imbroda, lo amplía a Bachillerato y Formación Profesional. La enseñanza concertada está en manos de empresas privadas, la gran mayoría de ellas dependientes de la iglesia católica, que hacen de la educación un negocio recibiendo financiación por parte de la administración, y que -sin embargo- no es accesible a todas las personas: las cuotas, que ya no son voluntarias, sirven para desanimar a las familias con menos recursos, sin mencionar gastos como los uniformes o las actividades complementarias.

Los conciertos en Andalucía se han renovado en la Orden de 16 de diciembre de 2020 y las unidades educativas (clases) de la escuela concertada se han fijado y blindado para un periodo de cuatro o seis años, dejando siempre como sufridores de los recortes y la bajada de la natalidad a la red pública, que no tiene posibilidad de defenderse ante el cierre de sus unidades. Así, lo que antaño nació como servicio subsidiario a la educación pública, se ha convertido en merecedor de todos los privilegios. Además esta normativa es la responsable de la propagación de este proceso privatizador para obtener un mayor nicho de mercado, ampliando los conciertos a las etapas postobligatorias antes mencionadas.

A día de hoy más de 3000 unidades escolares públicas han sido cerradas en toda Andalucía en los últimos años. Los noticiarios llevan ya años inundando sus páginas con noticias referente al cierre de aulas en toda nuestra provincia. El desconcierto anual comienza en Marzo cuando desde la Consejería de Educación se comunica a los centros educativos las unidades que les corresponde a cada uno, eso sí, sin tener en cuenta factores tales como el alumnado que vive en la periferia pero cuyas madres y padres trabajan en diferentes barrios de Córdoba, las segundas opciones y en el presente curso, el temor de la pandemia muchas familias decidieron no escolarizar a sus hijas e hijos en educación infantil, una etapa que no es obligatoria. La razón oficial es la bajada de la natalidad, que, curiosamente, quienes peores consecuencias llevan soportando cerca de diez años son los centros educativos públicos y que llegará a secundaria en el curso 22/23, mientras que la oferta de plazas en la privada concertada no sólo no decrece sino que aumenta.

La Formación Profesional es el siguiente territorio que se ofrece expedito a las manos privadas. La Orden de 16 de diciembre de 2020, por la que se establecen las normas de las convocatorias para acogerse al régimen de conciertos educativos en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional anima a los centros privados a concertar ciclos formativos con alta empleabilidad y modalidades de bachillerato muy demandadas por el alumnado con la excusa de contribuir a la disminución de las tasas de fracaso escolar y de abandono educativo temprano, así como para preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida. La jugada está clara: concertar los ciclos más demandados para cuando lleguen las consecuencias de la baja de natalidad, y ya está datado para el curso 26/27, pervivan los ciclos concertados, aquellos que las autoridades educativas no pueden cerrar, ni tienen intención de hacerlo.

Pero no sólo se pone la Formación Profesional en manos privadas a través de los conciertos. La muy aplaudida FP Dual no es ni más ni menos que el sistema perfecto para que la empresa privada controle estos estudios profesionales y se nutra de ellos a su antojo. El modelo de formación se diseña al servicio de las necesidades de las empresas además de suministrarles mano de obra barata con el riesgo de substitución de plantilla estable por un porcentaje de puestos en rotación por cada promoción de títulos de FP dual.

Relativo al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo la inacción de la administración y su gestión de recursos hace que de forma general el alumnado tenga que adaptarse a los recursos existentes o desplazarse donde estén en lugar de dotar a los centros con los recursos suficientes para atender al alumnado con estas necesidades. Existe una gran preocupación de familias y profesionales relacionadas con la atención a la diversidad y alumnado con discapacidad, ya que en nuestro país y, en concreto, en Andalucía, se viene sufriendo un largo historial de falta de medios en los centros educativos ordinarios para poder atender sus necesidades, lo que, por un lado ha provocado la frustración de trabajadores y trabajadoras y por el otro ha empujado a las familias a recurrir a los Centros Específicos de Educación Especial, centros que en su mayoría son de carácter privado-concertado.

Este poco interés por la Educación Pública no es patrimonio exclusivo del Ministerio de Educación o de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Córdoba, debido a su inoperancia y falta de interés, es el responsable de que 19 colegios de la capital dispongan de unas máquinas de ventilación forzada instaladas desde el verano pasado y que no puedan utilizarse debido a que la instalación eléctrica de la que disponen los centros no es adecuada, algo que se debería haber tenido en cuenta cuando se hicieron todos los estudios técnicos. Varias AMPAS, pertenecientes a estos 19 colegios, llevan exigiendo desde principio de curso los informes pertinentes y las hojas de ruta para solventar este problema y evitar, un año más, que el alumnado sufra las altas temperaturas de nuestra ciudad. El Ayuntamiento ha declarado, como era de esperar, que las máquinas no podrán estar en funcionamiento hasta el invierno del curso que viene pues aún están licitándose los contratos para la ejecución de estas obras.

Finalmente, el jueves 24 de junio a las 20’00 horas partirá desde las Tendillas la «Marcha de la Precariedad», de la que iremos dando puntual información en estas páginas.

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